El proyecto para la construcción de un almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) está formalmente paralizado. La Junta de Castilla-La Mancha, con el único objetivo de bloquearlo, amplió en julio de 2015 una zona de protección ambiental para hacerla llegar hasta las parcelas en que está prevista su instalación. El Gobierno central ha recurrido la decisión en los tribunales, pero aún no hay sentencia, así que cualquier obra menor en los terrenos del Almacén Temporal Centralizado (ATC) hoy por hoy sería ilegal.

La empresa pública ha aprobado contratos por 5,7 millones desde que la Junta de Castilla-La Mancha paró el proyecto

Enresa –la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos y titular del almacén nuclear- reconoce que no hay novedades sobre el recurso presentado por el Ejecutivo, y que la situación legal de paralización del proyecto no ha cambiado. Sin embargo, la empresa sigue adjudicando nuevos contratos ligados a la futura construcción del cementerio nuclear de Cuenca.

Enresa acaba de hacer pública la adjudicación al grupo estadounidense Holtec International de un contrato por un importe de más de 658.800 -casi 800.000 euros si se incluye el IVA- para la evaluación de las condiciones de los contenedores que estarán en el almacén de espera (la zona en la que los residuos permanecen antes de su ubicación definitiva).

Desde que el Gobierno regional paralizará formalmente el proyecto en julio del año pasado, Enresa ha adjudicado ya contratos por valor de casi 5,7 de euros (IVA incluido) vinculados al almacén de residuos nucleares. Fuentes de la compañía explican a El Independiente que se continúa repartiendo contratos porque se trabaja en la obtención del visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la autorización de construcción del silo, y las instrucciones técnicas de este proceso requiere hacer trabajos que son los que se licitan y adjudican.

Enresa acaba de aprobar la concesión de otro proyecto por casi 800.000 euros

Además, el grupo público mantiene abierta la licitación de otro contrato para encargar un estudio técnico precisamente para determinar los posibles efectos del cementerio nuclear en los territorios de la Red Natura 2000, la red ecológica europea en que los terrenos del ATC han quedado inscritos tras la treta de la Junta de Castilla-La Mancha. El contrato tendrá un importe máximo de 190.000 euros (230.000 euros incluido el IVA) y la obtención de ese estudio es preceptiva para conseguir la declaración de impacto ambiental de cara a la obtención de las sucesivas autorizaciones por parte del Gobierno.

Proyecto paralizado

El proyecto de construcción del ATC se encuentra formalmente en un impasse. El Consejo de Seguridad Nuclear decidió en julio del año pasado aprobar su informe favorable para la concesión de la autorización de emplazamiento del almacén nuclear, a pesar de las dudas sobre la idoneidad de los terrenos elegidos para ubicar la instalación de los que alertan sus técnicos.

El Gobierno, no obstante, aún no ha aprobado formalmente esa autorización previa, a falta de una declaración de impacto ambiental que debe aprobar el Ministerio de Agricultura. Sin esa autorización de emplazamiento no se puede aprobar la autorización de construcción para arrancar las obras, pero Enresa ha adjudicado ya algunos contratos directamente destinados para avanzar en la consecución de ese permiso de construcción posterior.

Además, también desde julio de 2015 el proyecto del almacén nuclear se encuentra en una situación de bloqueo. La Junta de Castilla-La Mancha amplió entonces una zona de protección de aves hasta incluir dentro de sus límites la parcela donde está previsto construir la instalación en Villar de Cañas, lo que impide hacer obras en los terrenos. En paralelo, la Junta castellano manchega ha reforzado el bloqueo del ATC al anular, el pasado noviembre, el plan de ordenación urbanística en el que el Ayuntamiento de Villar de Cañas contemplaba la construcción del silo.