La deuda de las administraciones públicas se encuentra desbocada, con niveles máximos desde hace un siglo. El montante total alcanzaba los 1,102 billones de euros en agosto, lo que equivale a aproximadamente al 100% del PIB, según los registros del Banco de España.

De ese importe, casi el 90% de la deuda está en manos del Estado. En el mes de septiembre, este saldo aumentó en unos 9.000 millones de euros, hasta los 949.348 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

Sin embargo, esa es solo la cara conocida de la deuda, la que computa como tal a los ojos de la UE.

La deuda fantasma permanece latente en forma de avales a instancias como Sareb o la propia banca

Otra  cantidad importante, de 102.523 millones de euros, el 9,2% del PIB, permanece latente en forma de garantía sobre las deudas contraídas por instancias como la sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo,  o la propia banca, a la espera de entrar en acción si fuera necesario. Se trata de una deuda fantasma de la que no se habla.

Dentro de los controles de la UE, se considera que la deuda pública de los Estados es excesiva cuando rebasa el 60% del PIB sin disminuir a un ritmo adecuado del 5% anual por término medio durante tres años. Además, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria recoge que la deuda se debe ceñir a ese 60% del PIB  como tarde en 2020.

España sobrepasa esa cifra de manera abultada, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy espera que sus niveles comiencen a descender ya este año, hasta situarse en el 99,1% del PIB.

Todo dependerá de cuánto crezca el PIB, ya que el Gobierno envió este mes de octubre una notificación a Bruselas en las que señalaba que la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas se situará en 1,11 billones de euros al cierre de 2016, unos 37.000 millones más que en 2015.

La composición de la deuda fantasma

Sin embargo, dentro de esta deuda declarada no se incluyen avales y garantías que concede el Estado a los diferentes sectores institucionales. En la práctica, esto supone que si la garantía aportada se tuviera que ejecutar, la Administración tendría que realizar una transferencia de capital al deudor original, lo que supondría un incremento del déficit público y de la deuda.

Los datos que recoge el Banco de España cifran estos avales concedidos en 102.523 millones de euros, el equivalente a casi el 9,2% del PIB. Esta cifra no llegaba a los 10.000 millones de euros en los primeros compases de la crisis.

Para hacerse una idea de la cantidad que supone basta decir que supone aproximadamente el 10% del total de la deuda pública computada como tal. Además, equivale a 20 veces el ajuste presupuestario que tendrá que realizar España en 2017.

El origen de esta deuda fantasma es la oleada de avales desplegados por el Estado para contrarrestar la desconfianza de los mercados hacia los agentes económicos españoles durante la crisis.

Así , engrosan esta lista los distintos avales concedidos al sistema bancario para las emisiones de deuda a largo plazo, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, o las emisiones de titulización del déficit del sistema eléctrico, así como las emisiones de fondos de titulización para financiación a pymes.

En este sentido, la mejora de la confianza en la economía española experimentada en los últimos años ha ido pareja a un descenso de esta deuda fantasma, puesto que en 2012 alcanzó un cifra de vértigo de 168.165 millones de euros, el 16,1% del PIB.

Actualmente, la principal partida de avales corresponde a la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), que acumula 38.491 19.482, por delante de los concedidos a otras administraciones (19.482 millones) y a la banca (1.059 millones).

Y los avales se ejecutan

Una muestra de cómo funciona la conversión de avales en deuda pública se recoge sin ir más lejos en el informe de ejecución presupuestaria del Estado del mes de septiembre. En el capítulo de gastos financieros, el Ministerio de Hacienda recoge un incremento del gasto de más de 10,4 millones de euros dentro de la sección ‘Deuda Pública’,  por la ejecución de un aval del Estado al Consorcio Valencia 2007 por un préstamos suscrito por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por otro lado, el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y economista asociado a la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) Cecilio Tamarit explica además que parte de estos “pasivos contingentes” están en un estado “gris” y dependen de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el resto de las administraciones públicas.

Un caso claro sería el del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), destinado a cubrir las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, pero que no incrementa las deuda consolidada de las administraciones públicas.

Pues bien, en función de las negociaciones anuales, avales de las comunidades autónomas, como los de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana, están pasando a computarse en el FLA parcialmente y dejando ser deuda contingente de las comunidades autónomas, para engrosar la del Estado.

Otra sanción a la vista

La importancia de la deuda pública reside, no solo en su potencial riesgo de un alto nivel de deuda pública sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. También porque, tras zafarse de la sanción de Bruselas por no adoptar medidas suficientes para cumplir el objetivo de déficit en 2015, y estar en el aire otra del 0,5% del PIB de no presentarse un Presupuesto para el año que viene convincente y en tiempo y forma, España podría tener que enfrentarse a otra, también severa, por sobrepasar los niveles exigidos de deuda.

La UE está sometiendo actualmente a España a un menos conocido procedimiento de vigilancia por la desviación de la deuda pública

La UE está sometiendo actualmente a España a un menos conocido procedimiento de vigilancia por la desviación de la deuda pública. De acuerdo con el funcionamiento de la UE, una vez España reduzca su déficit por debajo del 3% del PIB en 2018, tendrá que someterse al procedimiento preventivo por el lado de la deuda.

Este nuevo proceso es muy exigente también, pues obliga a rebajar los niveles de deuda a un ritmo del 5% anual y, en el caso de que esta senda no se cumpla, las sanciones previstas son las ya conocidas: una penalización económica del 0,2% del PIB, la misma de la que se libró España este verano.