El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes un real decreto de medidas para lucha contra el fraude fiscal, en su mayoría estarán centradas en el IVA, con el que prevé ingresar unos 1.000 millones de euros.

Fuentes cercanas a las negociaciones que mantiene el Ejecutivo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017 han indicado a EFE que el Gobierno incluirá la limitación del pago en efectivo a los 1.000 euros, en vez de los 2.500 euros actuales cuando hay una empresa implicada en la operación, con el fin de frenar el fraude en el IVA y la economía sumergida.

Además, las grandes compañías iniciarán el plan de control electrónico del IVA en tiempo real, que será obligatorio para un colectivo de más de 62.000 contribuyentes. La intención del Gobierno es implantar el próximo año el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII), que consiste en el envío electrónico en tiempo real de todas las operaciones que deben figurar en los libros de registros del IVA de las empresas.

Con la entrada en vigor del plan, las empresas deberán remitir electrónicamente en un plazo máximo de cuatro días todos los detalles de sus operaciones (facturas y tiques expedidos y recibidos) que deben anotar en sus libros de registro del IVA (no la factura propiamente dicha), con el importe total de la operación, tipo de factura, identificación fiscal, objeto y destinatario.

La limitación del pago en efectivo se limita a los 1.000 euros, en vez de los 2.500 euros actuales

El sistema fue ideado por el anterior Gobierno, con la intención de que entrara en vigor el año que viene, pero posteriormente se retrasó su puesta en marcha por la interinidad del Ejecutivo y ahora vuelve a retomarse con las mismas fechas contempladas inicialmente, informa Europa Press.

Se endurecen los pagos aplazados

El tercer pilar del plan de lucha contra el fraude que aprobará el Consejo de Ministros es el endurecimiento en los pagos aplazados en el IVA y el Impuesto sobre Sociedades, una medida que también supondrá incremento de ingresos en las arcas públicas. El Gobierno considera que, en un momento de bajos tipos de interés, las empresas no deben financiarse a costa del erario público.

No obstante, Ciudadanos ha insistido hoy en que Hacienda debe recuperar cuanto antes el dinero que no afloró durante la amnistía fiscal al no abonar los acogidos a esta regularización el 10% que estipulaba la Ley y ha pedido al Ejecutivo que cumpla el acuerdo de investidura que firmó con la formación naranja.

En este sentido, el portavoz de fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha señalado a EFE que el Ministerio de Hacienda debe instar a la Agencia Tributaria a que revise los expedientes de los amnistiados a través de las correspondientes inspecciones.

De la Torre ha recordado que la Agencia Tributaria envió cartas "sin acuse de recibo que no dejan constancia de que se han recibido", por lo que ha urgido a revisar a los 30.000 contribuyentes presuntos defraudadores.

"Estamos a 30 de noviembre y aunque Montoro diga que no prescribe debe iniciar las inspecciones cuanto antes", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado en los pasillos del Congreso que el Gobierno está estudiando cómo aplicar la medida que pide Ciudadanos y que los "técnicos de Hacienda están determinando cómo se puede hacer".

"Intentemos llegar a un punto que nos permita a todos cumplir con nuestros compromisos", ha aseverado tras defender que el proceso de la amnistía fiscal ayudó a aflorar un patrimonio en el extranjero que se desconocía y que "ahora ya tributa".