Al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, le ha bastado el apenas mes y medio que lleva en el cargo para tener los primeros encontronazos con las compañías eléctricas. Son choques aún tentativos, desencuentros a la espera de que se formalicen las primeras medidas concretas del nuevo ministro, pero son reales y sirven para que cada uno se posicione y empiece a enseñar sus cartas. De hecho, son útiles para tantearse entre sí. Son dos las discrepancias hasta ahora, una a cuenta del bono social y la otra por la subasta de renovables que prepara el Ejecutivo.

El simple diseño inicial del nuevo bono social de la luz, aún en fase de negociación en el Congreso y sin concretar en su redacción final, ya ha servido para poner en guardia al sector de las eléctricas. Nadal pretende repartir los 200 millones que cuesta el programa –que al menos hasta ahora contempla un descuento del 25% del recibo para usuarios vulnerables, pero cuyo contenido también se reformará- entre todas las comercializadoras, unas 200 empresas.

Las compañías se muestran dispuestas a lanzar otra batalla legal para no financiar el bono

200 millones para 200 empresas, pero el reparto está muy lejos de ser el de un millón por barba. Y es que el criterio para repartir la carga entre las compañías será el número de clientes de cada una, lo que haría que las cinco grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) vuelvan a cargar con cerca del 95% del presupuesto total. A más negocio, más carga.

Las eléctricas volverán a recurrir el bono

A la espera de conocer el contenido definitivo, que estará listo y pasará por el Consejo de Ministros antes de que acabe el año, las grandes eléctricas se muestran dispuestas a lanzar una nueva batalla legal para evitar que se les vuelva a endosar el coste del bono. Las compañías han conseguido que el Tribunal Supremo tumbe por dos veces el modelo de financiación por imponerse un reparto discriminatorio.

Las grandes compañías recelan de cómo quiere repartir el ministro la megasubasta de renovables

Y ahora las empresas ven igual de “recurrible” el nuevo modelo que perfila el departamento comandado por Nadal para el único programa del Gobierno central que busca paliar los efectos de la pobreza energética. Varias compañías consultadas por El Independiente dan por seguro que acabarán presentando nuevos recursos ante el Supremo para volver a echar para echar atrás la decisión, si se mantiene como se prevé hasta ahora. Todas comparten el argumento de que las compañías no tienen que ser las paganas del bono social y reclaman que el coste sea asumido por los Presupuestos Generales del Estado por tratarse de una política social.

Las eléctricas consideran que el reparto que propone Nadal vuelve a ser discriminatorio. ¿Por qué sólo las comercializadoras? ¿Por qué por número de clientes y no por electricidad comercializada, lo que haría que asumieran una parte mayor del coste las compañías con pocos pero grandes clientes industriales?

Algunos partidos políticos proponen que el bono social se traslade a todas las compañías implicadas en las distintas fases del negocio: generación de la electricidad, transporte (lo que incluirá a Red Eléctrica), distribución y comercialización. Con ello creen que el reparto sería más equitativo y que habría menos dudas jurídicas de que exista discriminación alguna (al tiempo que haría que las grandes eléctricas pagaran por las tres actividades que desarrollan). Pero desde el Ministerio se les responde que la enorme complejidad de cálculo de los porcentajes de carga, entre empresas que se dedican a negocios muy distintos, hace esta fórmula inviable.

En cualquier caso, PSOE y Gobierno ultiman un acuerdo, que se podía concretar mañana mismo, que confirmaría que el coste se repartirá sólo entre las comercializadoras y que, en paralelo, prohibiría los cortes de luz a los hogares de vulnerabilidad extrema.

Cómo subastar 3.000 MW verdes

Nadal confirmó la pasada semana su intención de retomar uno de los proyectos que manejaba el anterior Gobierno –con su hermano gemelo, Alberto, como secretario de Estado de Energía- y, además, hacerlo aún más ambicioso. El Ministerio impulsará en la primera mitad de 2017 una megasubasta de energías renovables con 3.000 megavatios de potencia, frente a los 1.000 MW que manejaba el anterior Ejecutivo.

Las grandes eléctricas y otras compañías de generación de electricidad están deseando participar en la puja, pero recelan de la fórmula con la que Energía la desarrollará. Comparten que se haga bajo el criterio de neutralidad tecnológica, esto es, que no haya cupos para los diferentes tipos de energía (eólica, solar, biomasa…) y que se impongan las ofertas más competitivas con independencia de la tecnología que utilicen. Pero rechazan que las condiciones para determinar qué oferta es la más barata sean las mismas que en la anterior subasta renovable, celebrada el pasado enero.

Las eléctricas aspiran a que la subasta sea una mera preselección, y que no haya ganadores definitivos hasta proponer proyectos concretos

Entonces se eligió como baremo sólo el coste de la inversión, lo que hizo que el 70% de la potencia que se ofrecía se la quedaran dos compañías vinculadas por los hermanos Samper, que ofrecieron asumir la generación sin subvención pública alguna. Todos los grandes grupos eléctricos quedaron fuera de la puja y no obtuvieron ni un megavatio. Ahora existen dudas sobre la capacidad de las compañías adjudicatarias para realizar las inversiones comprometidas y el resto de participantes aún se quejan de que la fórmula elegida por el anterior Gobierno permitiera ganar la subasta con una mera oferta financiera  ysin proyectos concretos detrás que las respaldaran

Los planes del Ministerio pasan ahora por mantener que el criterio sea el de coste de inversión, con lo que seguirá ganando la oferta más barata y que requiera menos subvención. Pero Nadal pretende establecer hitos intermedios y avales para asegurarse de que se ejecutan los compromisos y que los participantes en la puja no buscan especular posteriormente revendiendo los paquetes obtenidos. Las eléctricas ante este escenario se mueven entre la decepción (por mantenerse el criterio de coste de inversión) y la esperanza (a la espera de que las garantías que pretende establecer el Gobierno sean tan duras como para espantar a especuladores y acaben imponiéndose compañías con experiencia y con capacidad de sustentar sus ofertas con proyectos).

Según fuentes del sector, las eléctricas mantienen una última esperanza de convencer al Ejecutivo sobre cómo desarrollar la megasubasta. Su objetivo ahora es que la puja diseñada por el Gobierno –con el criterio de coste por inversión- se convierta, en la práctica, sólo en una suerte de preselección de candidatos. Y que la adjudicación definitiva no se produzca hasta que esos ganadores presenten proyectos renovables concretos, con planes específicos sobre dónde y cómo construir los parques eólicos o las plantas solares. Y que éstos cuenten con garantías suficientes de que efectivamente se ejecutarán.