La comisión de expertos creada para interpretar el alcance de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE fechada 14 de septiembre, en la que se abría la puerta a equiparar la indemnización de los trabajadores indefinidos y de los interinos, está en pie de guerra. Podría incluso elaborar no un informe, sino dos, ante la diferencia de criterios.

El grupo, que comenzó los trabajos el 16 de noviembre, está formado por representantes de los sindicatos, la patronal y el propio Gobierno, es decir, por posturas muy distantes. CCOO propuso para ello al profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín Pérez Rey, y  UGT, al experto en Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario de la Universidad de Santiago de Compostela, José María Miranda Boto.

El comité podría elaborar no un informe, sino dos, ante la diferencia de criterios

CEOE y Cepyme están representados por Jordi García Viña y Teresa Díaz de Terán. Por su parte, las personas nombradas por el Ejecutivo fueron Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, que entre su extensa y laureada carrera, cuenta en su haber con la presidencia del Tribunal Constitucional entre los años entre 1992 y 1995; y Alfredo Montoya Melgar, catedrático emérito de Derecho del Trabajo de las Universidades Complutense y San Pablo, que preside la comisión.

Fuentes próximas a este equipo han indicado a El Independiente que las diferencias existentes, especialmente entre los representantes sindicales y los del Gobierno, impidieron tener listo un documento de conclusiones antes de que acabara 2016, como estaba previsto. Tras la última reunión, el pasado 23 de diciembre, se decidió dar un tiempo de prórroga al comité, que volverá a sentarse a hablar el próximo lunes, 9 de enero.

Los expertos del Gobierno quieren aplicar el acuerdo con Ciudadanos

Desde el ámbito empresarial confían en que los trabajos finalicen entonces o, como mucho, en un siguiente encuentro. Según señalan, todo culminará en un informe de “recomendaciones técnicas sobre la normativa en vigor”, lejos de cualquier tipo de propuesta para una nueva legislación.

Sin embargo, del lado sindical las espadas están en todo lo alto, especialmente por la postura adoptada por los expertos encomendados por el Gobierno.

Los embajadores de CCOO y UGT quieren extender las reflexiones más allá de los trabajadores interinos, también a los temporales, y plantear cuestiones aledañas al de las indemnizaciones, como la necesidad de abordar planes de empleo para reducir la burbuja de interinos en la administración.

Del lado sindical las espadas están en todo lo alto, especialmente por la postura adoptada por los expertos encomendados por el Gobierno

Por su parte, los sabios del Gobierno quieren hablar únicamente de interinos y solo de sus indemnizaciones. Además, en esta última cuestión también hay grandes diferencias. Los sindicatos sostienen que la sentencia del TSJUE plantea equiparar la compensación por despido objetivo de los interinos, que actualmente no tienen, con la de los indefinidos, que es de 20 días por año.

Sin embargo, la propuesta de los otros expertos plantea una indemnización de 12 de días por año. En este sentido, el acuerdo de gobierno alcanzado por el PP y Ciudadanos contempla establecer una compensación para los interinos desde los 12 días en el primer año de contrato, hasta los 20 días por año de servicio en el tercero.

Más de un informe a la vista

Fruto de estas diferencias, los representantes de los sindicatos no quieren que se cierre un único informe que pudiera incluir sus votos particulares, sino que plantean la posibilidad de que se suscriba más de un texto.

Según las fuentes consultadas, temen que suceda algo similar a lo acontecido con el informe sobre la reforma de las pensiones realizado por un grupo de expertos similar en 2013. Entonces, se emitieron tres votos particulares, entre ellos, uno en contra del representante de UGT, Santos Ruesga, que, en la práctica, no tuvo ninguna repercusión en la tramitación de la Ley.

Según los planes del Gobierno, una vez terminado el informe será el Ministerio de Empleo el que se encargará de poner en práctica o no las recomendaciones de los expertos y de dar lugar a la tramitación de los cambios normativos que considere.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al tercer trimestre de 2016 indican que en España hay 4,1 millones de trabajadores temporales y 535.900 interinos, de los que 262.600 se encuentran empleados en el sector privado y 273.300, en el público.