Un ciudadano o un turista acude a un pequeño comercio en una de las grandes capitales españolas, como Madrid o Barcelona, y encuentra un cartel en el que se dice que no se aceptan tarjetas. Eso, que para cualquiera es un fastidio, para la Agencia Tributaria es un claro caso de posible fraude en el pago de IVA. Y como ese, muchos otros.

Por eso, el fisco se ha propuesto este año redoblar los esfuerzos para atajar este tipo de fraude en establecimientos de servicios y de venta al público, en todos los sectores. “Que la gente sepa que vamos a ir a por todos”, indican fuentes de la Agencia Tributaria. Ahora bien, Hacienda prevé poner énfasis en aquellas actividades más susceptibles de acoger actividades dentro de la economía sumergida.

Así se contempla entre las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017, presentado este jueves por la Agencia Tributaria.

Para ello, intensificará la personación en estos comercios para detectar casos de infradeclaración de ingresos, aumentará los requerimientos de información, las visitas censales y todo ello sin dejar de llevar a cabo inspecciones tradicionales.

Otra de las actuaciones previstas en esta línea son la comprobación de cambios de comportamiento fiscal en actividades que hayan sido investigadas o el análisis del software comercial que posibilita la ocultación de ventas.

Esto no significa que la Agencia Tributaria vaya a dejar de hacer un especial seguimiento de servicios como el de la fontanería o las reparaciones. Éste de la atención al público, es un nicho de fraude por explotar en toda su amplitud, ya que es difícil de atajar por el gran número de pequeñas operaciones que se realizan al día y que impiden un control exhaustivo, y porque España cuenta precisamente con un sector de servicios que es motor económico y del empleo.

La gran herramienta contra el fraude de los más ricos

Otra de las grandes novedades del nuevo plan es la puesta en marcha de una potente herramienta ideada en el seno de la Agencia Tributaria para estimar el patrimonio real de las grandes fortunas.

Si con las herramientas existentes la Agencia Tributaria ha logrado liquidar deuda por importe superior a los 400 millones de euros a personas físicas con patrimonios superiores a los 10 millones en los últimos cinco años, esta herramienta viene a introducir mayor coordinación entre todas ellas para aumentar estos frutos.

Así, este instrumentos combinará todo tipo de información disponible, desde la recabada a partir de la amnistía fiscal y el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, hasta la procedente de cuentas bancarias, pasando por las declaraciones del Impuesto de Sucesiones.

De esta forma, la Agencia Tributaria podrá tener mayor conocimiento de alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas, entidades interpuestas para ocultar ganancias personales, la disponibilidad de activos en el exterior o el registro de una capacidad económica de los contribuyentes superior a lo que indican sus niveles de tributación.

Especial atención pondrá el fisco en las transacciones con territorios de baja tributación y las localizaciones ficticias de residencias fiscales.

Las multinacionales, también bajo la lupa

Los últimos tres grandes ejes de actuación del plan son el control de las actuaciones fiscales de las multinacionales, de los medios de pago en la economía digital y el control del fraude en la fase de recaudación tributaria.

Sobre las primeras, la Agencia Tributaria no quiere que escape a su control la generación artificial de gastos financieros o la tributación de operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales. Mientras que por el lado de la economía digital, su preocupación se dirige a evitar fraudes asociados a los nuevos medios de pago (criptomoneda, plataformas mediadoras de pago, pagos desde móviles, etc).

La Agencia Tributaria prevé en estos casos establecer cauces de colaboración con las Administraciones tributarias de otros países para la comprobación de los beneficios obtenidos por empresas en Internet.

Por último, Hacienda quiere asegurarse de que las deudas pendientes se cobran en tiempo y forma. Por ejemplo, se revisará la situación de deudores previamente declarados fallidos por insolvencia, para comprobar que su situación patrimonial actual permite exigirle el pago.