Las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO admiten que la oferta de empleo específica que han planteado ya al Ministerio de Hacienda para consolidar el puesto de los casi 400.000 trabajadores interinos y temporales de la Administración (la última cifra que aportan es de 395.000 personas) no puede garantizar al 100% que todos ellos se queden con su plaza. Se trataría, por tanto, de unas oposiciones en las que se jugaría un doble o nada.

La razón es que no puede consolidarse directamente un puesto de trabajo interino o temporal sin pasar por un concurso-oposición que cumpla unos principios de mérito, igualdad o capacidad, como el que deben superar los funcionarios de carrera. En ese trámite, muchos pueden ser los que pierdan definitivamente su plaza después de, en algunos casos, décadas de desempeño.

Según ha explicado en rueda de prensa el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, "no se pueden consolidar plazas sin más, pero que tampoco hay que pegarse un tiro en un pie". En otras palabras, el sindicato persigue que, "en una situación excepcional, se adopte una situación excepcional", y que se articule algún "mecanismo legal para que, sin garantizar el 100% de las plazas, porque sería inviable, se pudieran ordenar los recursos humanos".

Más en detalle, este mecanismo pasaría por algo así como unas oposiciones ad hoc en las que se valoraran cuestiones como la experiencia en el puesto para que los interinos y eventuales pudieran partir con algunas garantías más de éxito.

Por su parte, el coordinador del área pública de CCOO, Antonio Cabrera, coincide en que no se puede llevar este proceso de consolidación sin que los candidatos asuman ese riesgo, "como en cualquier oferta pública de empleo".

Recelos entre los interinos y los funcionarios

En este saco no solo entrarían los trabajadores interinos, sino también todo tipo de temporales. Eso eleva la cifra a alrededor de 395.000 trabajadores, según cálculos de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT).

 

Ahora bien, no todos los afectados quieren pasar por unas oposiciones porque saben de los riesgos que esto entraña. Un ejemplo del miedo que puede cundir entre los interinos ante uno de estos procesos se ha puesto de manifiesto recientemente en Murcia. Unos 1.500 maestros se han agrupado en la plataforma Stop Oposiciones Primaria Murcia 2017 para rechazar un proceso de oposiciones.

Según dicen, actualmente hay una gran bolsa de interinos que ni siquiera han empezado a trabajar. Para ellos, un nuevo proceso alejaría aún más esta posibilidad, mientras que para los que ya disfrutan de un puesto, una situación así "les regala inestabilidad laboral".

Y para aquellos que suspendieron en su día y no accedieron a un puesto, estas nuevas oposiciones "pueden colocarles aún en un puesto peor".

Además, según argumenta la plataforma, al problema de la saturación de la bolsa de interinos se suma que algunas comunidades autónomas como Valencia o Castilla-la Mancha han decidido no convocar oposiciones este año, con lo que se puede generar un efecto llamada en Murcia, haciendo aún más difícil la competencia.

En todo caso, este colectivo llama a igualar las condiciones laborales de los trabajadores interinos y de los funcionarios.

¿Y por el lado de los funcionarios? Fuentes sindicales indican que para el colectivo de los funcionarios de carrera sería impensable, con carácter general, plantear un proceso de consolidación de plazas sin pasar por unas oposiciones, ni tampoco unas oposiciones a medida para los interinos.

Los sindicatos piden ir de lo particular a lo general

No obstante, desde ambos sindicatos creen que se trata de afrontar la cuestión desde una visión de conjunto, más que planteando supuestos particulares. El objetivo, indican fuentes sindicales, es reducir una tasa de temporalidad que alcanza el 18% en sectores como la sanidad, la educación o la justicia.

Según FeSP-UGT, la temporalidad es solo del 2% en la Administración central, con lo que este proceso apenas afectaría al personal del Estado. En una situación situación similar están los ayuntamientos (8,3%) y las universidades (5%).

Sin embargo, el problema sería mayor entre el personal estatutario de los servicios nacionales de salud (36,5%), las comunidades autónomas (25,5%), la justicia (23,8%) y la docencia no universitaria (21,3%).

"Hay muchas personas, sobre todo en la educación, que tienen preocupación porque el sistema les ha acostumbrado a ser interinos, pero no hay que olvidar que es un problema que afecta a casi 400.000 personas. Hay tantas fotos como personas", ha añadido Lacuerda.

En este sentido, Cabrera se muestra firme: "Lo que no vamos a hacer es defender la precariedad en el empleo".