El Gobierno aprobará el próximo 31 de marzo un Real Decreto Ley para permitir a las comunidades autónomas iniciar la convocatoria de oposiciones en la enseñanza no universitaria para este año sin tener que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año como es habitual.

Ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Ley de las cuentas anuales, pero su tramitación se prolongará durante meses. Así, al desligar la convocatoria de plazas para maestro de los Presupuestos, las diferentes regiones podrán convocar las oposiciones en tiempo y forma antes del verano para la posterior incorporación de los docentes en septiembre.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado esta decisión en declaraciones a TVE, después de que ya informara el pasado 17 de marzo que el Gobierno barajaba opciones para no dejar en la estacada a los maestros y a otros colectivos, que también están sujetos a una periodicidad específica en lo que se refiere a la oferta de empleo público. Es el caso de la Guardia Civil y el Ejército.

En las últimas semanas, la presión de los sindicatos de la enseñanza se había redoblado para pedir al Gobierno la convocatoria de oposiciones. Argumentaban que sin oposiciones quedarían sin cubrir 50.000 plazas docentes por jubilación. Los procesos permanecían paralizados a la espera de definir la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año dentro de los Presupuestos Generales del Estado y, más en detalle, de las tasas de reposición de vacantes que se incluirían.

Sin embargo, tras la reunión mantenida ayer por la secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos de la función pública CSI-F, FSP-CCOO y FeSP-UGT, el escenario parece clarificarse en lo que se refiere a esta oferta de empleo, toda vez que, con o sin apoyo, el Gobierno presentará las prometidas cuentas el 31 de marzo.

Según fuentes sindicales, el Gobierno ha accedido a presentar una oferta de empleo público histórica este año que mantendría una tasa de reposición del 100% en servicios básicos como la sanidad, la justicia o las Fuerzas y Cuerpos del Estado. No obstante, el Ejecutivo habría accedido a ampliar esta tasa del 100% a los servicios que se dispensan de cara al público, como la expedición del DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, el Ejecutivo y los sindicatos negocian un plan plurianual para reducir la interinidad en el empleo público del 25% actual al 8% en un plazo de tres años.

En cualquier caso, se trata de cuestiones que aún quedan por cerrar. Para ello, las partes volverán a reunirse la próxima semana con carácter previo a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se fijarán las cifras definitivas de la oferta de empleo público y en la que se comunicará el incremento salarial de los empleados públicos para este ejercicio a incluir en el proyecto de Presupuestos.

Puede que el Gobierno llegue tarde

Con estos mimbres, la oferta de empleo público en la enseñanza bien podría incluirse en la prevista para el conjunto del Estado, pero el Gobierno ha preferido acelerar su trámite.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, estas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo. Si se supera ésta, el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada Ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas, según informa Europa Press.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, las cuentas pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso de la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz con la que sería la mayor oferta de empleo público convocada desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, este calendario pondría en peligro la convocatoria de oposiciones a maestro, que tienen que estar cubiertas antes del verano. En cambio, el Real Decreto Ley previsto solo tendrá que ser ratificada por el Pleno del Congreso de los Diputados.

La situación de incertidumbre había llevado a comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón a no convocar oposiciones a maestros en 2017 por la inseguridad jurídica existente. La consejería de Educación de la Región de Murcia ha avanzado, poco después de escuchar a Méndez de Vigo, que mantiene su decisión no convocar oposiciones al cuerpo de maestros este año para "no generar confusión", informa EFE.