El Gobierno mueve ficha para evitar el choque frontal con las eléctricas sobre el futuro de la nuclear en España. Algunas compañías, con Iberdrola a la cabeza, reclamaban más tiempo para decidir sobre la ampliación de la vida útil de sus centrales nucleares a la espera de conocer la apuesta a largo plazo del Ejecutivo por esta energía y poder así echar cuentas sobre su rentabilidad.

El Ejecutivo las eximirá de iniciar la renovación de licencias hasta que se apruebe la planificación energética del futuro

En un par de semanas, la central de Almaraz tenía que iniciar los trámites para renovar su licencia y en un par de meses era el turno de Vandellós. Ya no hay prisa. El Ministerio de Energía ultima un cambio en la orden ministerial que regula los plazos que fijan la antelación con que tienen que iniciar el proceso de ampliación de la vida de las plantas. Una reforma que permitirá aplazar la decisión, en principio, hasta 2019.

El Ministerio, comandado por Álvaro Nadal, trabaja en la reforma de la normativa sobre renovación de las licencias nucleares para que las eléctricas que las gestionan no tengan que adoptar una decisión vinculante e iniciar formalmente el proceso hasta que no esté definido la planificación del futuro mix energético del país (el reparto del peso de cada tipo de energía –nuclear, renovables, gas natural, carbón…- en la producción eléctrica nacional), según confirman fuentes ministeriales.

‘Moratoria’ hasta 2019

El Gobierno tiene que presentar antes de marzo de 2019 a la Comisión Europea una planificación del mix energético con dos horizontes, hasta 2030 y hasta 2050. Los planes del Ministerio de Energía pasan por presentar en las Cortes españolas una propuesta de combinación de tecnologías de generación a principios del año próximo, con lo que las compañías eléctricas ya dispondrán de una hoja de ruta intuitiva para empezar a tomar sus decisiones.  Pero la aprobación definitiva, no obstante, se prolongará durante un año más.

Las eléctricas sí tendrán que presentar ya al CSN información técnica sobre las centrales sin que sea vinculante

Dado que Energía pretende eximir a las compañías de activar la renovación de las licencias de sus centrales nucleares hasta que se apruebe esta planificación, las eléctricas pueden aplazar dos años el inicio del proceso para la petición formal de prolongación de los permisos. “Es más razonable que las compañías puedan conocer la planificación del mix antes decidir sobre la ampliación de sus centrales”, indican desde el Ministerio.

No obstante, las eléctricas sí que deberán cumplir con los plazos hasta ahora previstos sólo para presentar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor del sector, la información técnica necesaria para evaluar una eventual futura renovación, según explican fuentes del sector eléctrico conocedoras de los cambios. No se trataría de pedir la prolongación de la actividad de las centrales, como las eléctricas estaban obligadas hasta ahora, sino sólo de anticipar información para que el CSN la pueda ir evaluando.

Los dueños de Almaraz (comandados por Iberdrola) presentarán esa documentación sólo técnica antes del 8 de junio y los de Vandellós (con Endesa como principal accionista) lo harán antes del 26 de julio. Ambas fechas eran los límites que hasta ahora tenían las empresas para activar formalmente la renovación.

El órdago de Iberdrola

Iberdrola lanzó un órdago al Gobierno poniendo en duda la continuidad de sus centrales nucleares por una falta de rentabilidad provocada, según la compañía, por la creación de nuevos impuestos para el negocio nuclear en 2012. Un órdago que ha enfrentado al grupo con Endesa, con la que comparten accionariado en varias plantas y que es firme defensora de solicitar ya la ampliación de la vida de las centrales hasta los 60 años.

El Gobierno descarta rebajar los impuestos al negocio nuclear como también reclamaban las compañías

Iberdrola, con el respaldo de Gas Natural y EDP, ha venido reclamando al Gobierno que le diera más tiempo para decidir sobre el futuro de su negocio nuclear. Lo que solicitaba la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán era que no le obligara a iniciar la renovación tres años antes de que expiren los permisos vigentes y que se recortara el plazo a sólo un año. En la práctica, es lo que va a suceder con el cambio normativo que prepara el Ministerio.

Iberdrola ha reclamado igualmente que el Gobierno revise la fiscalidad que se le aplica al negocio nuclear, criticando que en torno a la mitad de los ingresos de las plantas tenga que ser destinado al pago de impuestos. Fuentes del Ministerio de Energía descartan promover ningún descenso de los impuestos que gravan la actividad de las centrales nucleares y la gestión de los residuos radioactivos.