El Banco de España estima que la subida de las cotizaciones sociales aprobada como parte de la reforma de las pensiones provocará una destrucción de unos 150.000 puestos de trabajo a lo largo de las próximas décadas. Según los cálculos que ha incluido en su último informe anual, cada aumento de un punto de las cuotas que los trabajadores pagan a la Seguridad Social supondrá la destrucción de 50.000 empleos, y la reforma contempla a día de hoy un incremento de las cotizaciones mínimo de casi tres puntos (2,7, concretamente). Es decir, que el impacto podrá ser aún mayor si tiene que activarse la cláusula de salvaguarda, algo que evaluará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el próximo año.

El supervisor no entra a valorar si la medida debería revertirse. No aporta si en su lugar sería más conveniente adoptar otro tipo de soluciones para sostener el sistema de pensiones, y tampoco valora si el país puede permitirse esa posible destrucción de empleo dado el actual ritmo del mercado de trabajo. Tan solo constata el resultado de los ejercicios de simulación que han llevado a cabo sus expertos, y que vinculan cada incremento de un punto porcentual del tipo efectivo medio con una caída en el número de ocupados cercana al 0,25% del total.

Pero antes, algo de contexto. A lo largo de los próximos años se prevé que se produzca un notable aumento de la población de mayor edad, lo que anticipa un incremento sustancial del gasto en pensiones en las próximas décadas. De acuerdo con las proyecciones del Informe sobre Envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea de este mismo año, dicho gasto escalará hasta el 17,3% del PIB en 2050, frente al 13,1% del año pasado. Según la AIReF, el gasto alcanzaría el 16,2% del PIB en dicho año, mientras que el número de pensiones se incrementaría desde los 11,1 millones actuales hasta los 16,7 millones. Además, hay que tener en cuenta que una de las partidas de gasto estructural más relevantes del Estado es la ligada al sistema de pensiones.

Por el momento, la reforma de las pensiones incluye importantes subidas en las cotizaciones sociales a través de tres vías. En primer lugar, a través de una subida generalizada para todos los trabajadores, que aumenta una décima cada enero (el mecanismo de equidad intergeneracional, o MEI). En segundo, con un incremento del límite que suponen las bases máximas de cotización. En tercero, con una "cuota de solidaridad" para los salarios que superen esas bases máximas, y que no da derecho a una mejor pensión. Por otro lado, no hay que olvidar que con la reforma se aprobó una nueva regla de gasto que supone que en caso de que supere el gasto previsto en pensiones, las cuotas subirán tanto como sea necesario para garantizar que puedan pagarse, lo que se conoce como la cláusula de salvaguarda.

La AIReF ya advirtió del impacto en el empleo

La Autoridad Fiscal ya advirtió de las diferentes maneras en las que el incremento de los costes laborales puede afectar al empleo y a la productividad. El organismo explicó hace poco más de un año que la subida de las cuotas tendría efectos desincentivadores para los empresarios como demandantes de empleados, al aumentarles los costes laborales, pero también sobre la oferta de trabajo, porque implican reducir el salario real de los trabajadores y por tanto desincentivarían su participación en el mercado de trabajo.

"El impacto negativo de la imposición sobre el trabajo en el empleo dependerá del grado de competencia en los mercados de trabajo y de productos y de las elasticidades de la demanda y la oferta en estos mercados", recoge la AIReF en su Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo. Asimismo recoge que los efectos dependerán de "las rigideces del mercado laboral", puesto que si las leyes son más informales, "un aumento de los costes del trabajo puede incentivar el paso de un empleo formal a otro informal". "La evidencia empírica a nivel internacional tiende a concluir que el incremento de las cotizaciones sociales tiene un impacto negativo sobre el empleo. Sin embargo, los efectos concretos difieren de un país a otro, dependiendo de las complejas interacciones con las instituciones del mercado laboral", precisan.

De cara al futuro

De cara al futuro, el Banco de España insiste en que el Gobierno debería llevar a cabo un análisis que estudie los efectos sobre el mercado de trabajo y la competitividad de las empresas derivados del incremento de las cotizaciones sociales, y también sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional. También pide analizar medidas alternativas, "incluidas las que afectan a las tasas de reemplazo, que se encuentran en niveles superiores a los de la media de los países de nuestro entorno".

Por otro lado pide analizar la evolución del ahorro privado para la jubilación, "en consonancia con el papel que ha de desempeñar como complemento de las prestaciones ofrecidas por el sistema público". Asimismo, también ve preciso analizar la evolución de las aportaciones a los planes de pensiones individuales.