Si finalmente hubiera intervención militar por la crisis de Ucrania, Pedro Sánchez debería acudir al Congreso a pedir autorización, tal y como le obliga la Ley de Defensa Nacional del año 2005. Es muy probable que consiguiera el apoyo mayoritario del Parlamento con los votos de Partido Popular, pero con el rechazo de sus socios de Gobierno, esto es, Unidas Podemos, y del resto de las fuerzas de la izquierda que hasta ahora le han servido de sostén parlamentario.

La decisión del Ejecutivo de desplazar la fragata Blas de Lezo al Mar Negro y comprometer el envío de cazas a Bulgaria como medida disuasoria ante el movimiento de tropas de Rusia en la frontera con Ucrania, ha puesto de manifiesto las discrepancias internas en el Gobierno de coalición. Unidas Podemos se ha apresurado a resucitar el "No a la guerra" de Irak de 2003 y dejada clara su oposición a ninguna operación que no pase por rebajar la tensión en esta parte del planeta.

Una Ley anti-guerra de Irak de la época de José Bono

Pero más allá de las cuestiones declarativas, si finalmente la OTAN decidiera una intervención militar directa, Sánchez debería acudir al Congreso para pedir el respaldo de la Cámara, según una ley aprobada siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ministro de Defensa José Bono. Se trataba, precisamente, de no volver a repetir la experiencia de "la foto de las Azores" con la guerra de Irak, en ese caso sin paraguas ni de la OTAN ni de las Naciones Unidas.

La Ley de Defensa Nacional recoge en su artículo 4.2, respecto a las atribuciones de las Cortes Generales, que al Congreso "le corresponde autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta Ley". Y en su primer apartado recuerda que es el Parlamento el que otorga "las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales".

El PP votó en contra de este texto que, por el contrario, fue respaldado por ERC, IU-ICV, Coalición Canaria y CiU, mientras que optaron por la abstención PNV, EA, BNG y Nafarroa Bai. El entonces portavoz de Defensa del PP, Fernando López Amor, defendió al legitimidad de todas las misiones en el exterior y anunció que reformarían dicha ley cuando volvieran al poder. Marino Rajoy nunca tocó este texto más ocupado en evitar el rescate económico de España.

Sánchez dependería de los votos del Grupo Popular

Paradójicamente, Sánchez dependería ahora de los votos del Grupo Popular mientras que sus socios de Gobierno optarían por rechazar dicha intervención a desarrollar en el marco de la OTAN. Cabe recordar además que Madrid acogerá la Asamblea General de esta organización los días 29 y 30 de junio y Sánchez tiene especial interés en parecer un socio fiable y comprometido.

El líder del PP, Pablo Casado, ya se ha apresurado a afirmar que el Gobierno "contará con todo nuestro respaldo a la hora de ejercer sus obligaciones en el marco de la OTAN" y ha reclamado ser informado por el presidente del Gobierno al respecto, también que explique en una comparecencia parlamentaria el actual movimiento de tropas.

Nada que ver con la posición de Unidas Podemos. Al coro de las voces críticas se sumó este viernes la de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Montero cree que España "es con rotundidad el país del 'no a la guerra', que la sociedad española somos gente de paz y por tanto apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto y por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia".

También la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha intervenido en la polémica al indicar que nuestro país " ha dicho alto y claro siempre: No a la guerra. Con ese espíritu y con ese compromiso debemos trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto". No parece que Sánchez vaya a encontrar mucha comprensión entre sus socios de Gobierno.