A las puertas de la campaña electoral en Cataluña, el Gobierno central y el Ejecutivo canario están a punto de pactar un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados a lo largo de la geografía española. Especialmente en la Península. Este lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha reunido con Fernando Clavijo, presidente de las islas, de Coalición Canaria, para cerrar el texto por el que se distribuirán un total de 2.500 niños con una financiación de 125 millones de euros para las comunidades acogedoras. El objetivo marcado es reducir la carga migratoria en el archipiélago, mediante la solidaridad regional, en uno de los territorios que más han sufrido llegadas irregulares. Sobre todo a finales del año pasado. También se ha ideado para aplicarlo en Ceuta y Melilla, puertas directas con el continente africano. Y Cataluña apunta a ser la segunda comunidad de obligada recepción.

Esta medida, que se retrasará en el calendario por la nueva contienda electoral, podría estar lista en alrededor de "tres meses". Tendría como finalidad un cambio de modelo, por lo que debería modificarse el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ésta refleja los criterios de colaboración entre Gobierno central y autonomías. Es una fórmula sencilla pero que, no obstante, ha tardado en alcanzarse durante años. A priori, la preferencia del Gobierno de Pedro Sánchez es llevarla a cabo mediante proposición de ley parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Algo que no termina de convencer al Ejecutivo canario, de coalición entre nacionalistas y el PP.

Ambos prefieren que se haga por decreto ley para su aplicación inmediata a expensas de un respaldo del hemiciclo, como se han hecho, por ejemplo, con las medidas anticrisis derivadas de la guerra de Ucrania. Torres, en una comparecencia conjunta con Clavijo, remarcó que la vía parlamentaria "es el mejor mecanismo" si se hace con "carácter urgente y de lectura única", y siempre que no haya "vetos en el Senado", de dominio popular. No obstante, el Gobierno se abre a escuchar propuestas que agilicen el proceso.

Las cifras: 2.350 menores de Canarias; 150 de Ceuta

Para fijar los puntos de destino y recepción obligados se tendrán en consideración varios factores como la población, el nivel de renta y desempleo, el esfuerzo ya dedicado previamente a las acogidas, o la dispersión entre habitantes. Eso deja a Cataluña, sólo por detrás de La Rioja (285), como una de las regiones prioritarias para desarrollar este cometido. Tendrá que disponer de 191 camas para menores. Por delante de las 187 madrileñas o las 186 andaluzas. De esos 125 millones de euros totales, se asignará a Cataluña 10,26 millones. A 53.717 euros por persona acogida. Es alrededor de lo que gasta anualmente la Generalitat para cada uno de los más de 2.000 menores extranjeros, hasta un total de 100 millones de euros.

El debate migratorio abierto beneficia a Vox o Aliança Catalana, que lo vincula con la delincuencia, la pérdida de identidad nacional o de fortaleza de los servicios sociales"

La situación que dibujan las cifras en Cataluña, pese a todo, es de desborde. De hecho, el colapso obliga a que, al menos durante varias horas, muchos de estos menores tengan que dormir en comisarías hasta verificar su situación. Este año se han batido récords. De acuerdo con los datos del departamento de Servicios Sociales de la Generalitat y la Dirección General de Atención a la Infancia, entre enero y febrero de este año, Cataluña ha acogido a 664 menores. Un cuarto de la cifra total que residen en centros públicos; es un 117% más que el año pasado. Y sobre todo afecta a zonas como Barcelona, que han extendido el periodo de protección hasta los 21 años, por encima de la mayoría de edad. De hecho, en los últimos meses de ha sido necesario abrir de forma exprés hasta diez nuevos centros, así como optar por los pisos de grupos reducidos y tutelados por un empleado social.

Vox y Aliança Catalana, bajo el marco migratorio

Hay dos partidos que ligan su futuro electoral a la cuestión migratoria en Cataluña con especial ímpetu: Vox y la localista Aliança Catalana. El primero cuenta ya con una fuerte asentamiento territorial mientras que la segunda busca suerte en estos comicios. Pero ambas ponen sobre la diana la inmigración ilegal y la pérdida de identidad cultural que suponen, dicen, el avance del multiculturalismo. Especialmente a consecuencia de la inmigración de corte islámico, mayoritariamente marroquí. Consultadas fuentes de Vox desplegadas sobre el terreno, éstas no temen que pueda haber competencia entre sí, porque ven "evidente" que el partido de Silvia Orriols aspira a quitar voto a Junts por sus planteamientos soberanistas.

La reapertura de este debate a tres días del inicio de la campaña electoral catalana viene como anillo al dedo a los de Ignacio Garriga y a la fuerza localista, que podrán intensificar más esa postura en detrimento del PP y de Junts, cada uno por sus respectivos flancos. Al menos los primeros vienen ya aprovechando el compromiso parlamentario adoptado a principios de abril para iniciar el debate sobre la regularización de casi medio millón de inmigrantes que actualmente trabajan en España, en beneficio de sacar a flote parte de la economía sumergida. Vox fue el único grupo nacional que se negó, y lo ha puesto en valor en la campaña vasca, que le ha permitido resistir con su escaño en Álava y crecer en Guipúzcoa y Vizcaya.

Preguntadas, en esta ocasión por la materia, fuentes de Vox no han trasladado valoración al cierre de esta edición. Tampoco lo hacían los canales oficiales del partido. Exclusivamente, mediante un comentario en X, Vox Cataluña llamaba al voto "frente a la islamización creciente". "Protagonicemos el cambio de rumbo que nos merecemos, por nuestro futuro", añadía, incluyendo el eslogan de la campaña: en defensa propia. Vienen de presentar una acción en la que garantizan el billete de vuelta a los inmigrantes ilegales: "¿Delincuentes en tu barrio? Nosotros tenemos su billete de vuelta?" reza la cartelería distribuida por las calles catalanas. Tampoco lo consideraba en sus plataformas Aliança. El último contenido sobre inmigración es del domingo, con las palabras de Orriols en 8TV en las que considera una quimera la integración de inmigrantes de forma generalizada.

Desde el PP catalán no rehúyen tampoco el debate, aunque rebajan la intensidad respecto a los postulados de Vox. Ellos apuntan a centrarse "en la seguridad ciudadana y la lucha contra la okupación ilegal, que también tiene su vertiente inmigratoria". Consultadas fuentes de la dirección de los populares en la región, estos indican que este pacto, aún falto de desenlace, es "un fracaso rotundo de la política de inmigración de Sánchez y con falta de diálogo con las comunidades". Dudan de si, finalmente, este marco discursivo será crucial o no en la campaña. Porque ven importante "la amnistía y acabar con el procés para frenar la decadencia económica, educativa y de todo de Cataluña". Y en todo caso, recalcan que "nosotros siempre tenemos claro que el que viene a delinquir no es bienvenido". "Vox tiene su discurso sobre este tema, que ellos propongan lo que consideren", insisten, distinguiéndose.

Junts quiere gestionar desde Cataluña las competencias migratorias. ERC también, pero en beneficio de la integración"

El PP, como Junts, se abrieron en el Congreso a debatir sobre inmigración con una postura pactista. Ya previamente, los neoconvergentes de Puigdemont venían de acordar con el Gobierno, no sin dudas y polémica, la transferencia de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, un elemento que podrá adquirir peso de impulsarse el debate. Apuestan por ello ERC, que, con todo, cree que puede servir para fijar el catalán como vehículo de inclusión. El president Pere Aragonès está a favor de la acogida. Lo están igualmente los comunes y el PSC.

CEO: datos enfrentados

Hay datos opuestos en los últimos estudios del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña (CEO) -el CIS catalán-. Por un lado, un tercio de la población catalana considera que la inmigración es favorable para la economía o la vida cultural de Cataluña. Alrededor de seis de cada diez encuestados en la consulta 'de valores' de la región. Pero a lo que respecta a los menores no acompañados, la cifra de opositores asciende. En concreto, en la última encuesta Ómnibus del CEO, ante la consulta sobre la valoración de contar con un centro destinado a la acogida, un 41% de los encuestados no quiere en su ciudad un complejo de estas características. La cifra asciende a un 47% cuando se les pregunta sobre una posible ubicación cercana a sus casas.

Ante este escenario y la reapertura del debate de reparto de "solidaridad", propuestas como Vox o Aliança Catalana podrían tener vía libre para prosperar. De momento, Vox resiste en las últimas encuestas con sus once diputados, y Orriols entra con uno. En juego, para estas fuerzas, está que el voto útil no se priorice a populares y neoconvergentes, que aspiran a unificar el espacio constitucionalista, por un lado, y a la vuelta de Carles Puigdemont para recuperar la presidencia, por el otro.