Una simple denuncia, sin casi recorrido judicial asegurado, ha conllevado una reacción política inédita en la democracia española. Como un efecto mariposa. El planteamiento de dimisión de Pedro Sánchez, que desvelará el próximo lunes en una comparecencia, viene, además de por esta "denuncia falsa", como ha calificado, por la presión política y mediática, a consecuencia del goteo de informaciones sobre su esposa, de una denuncia del colectivo Manos Limpias a Begoña Gómez. Mediante la cuál, presentada el 16 de abril [se ha atendido muy rápido], se le acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.

Concretamente, por su relación con empresas beneficiadas por el Gobierno, como Air Europa, rescatada en 2020, o la UTE entre Barrabés y The Valley, que logró una licitación de mínimo algo más de siete millones de euros -la denuncia remarca más de diez, apoyándose en las informaciones periodísticas-. Carlos Barrabés es el creador del máster universitario de la Complutense que dirige Gómez. La denuncia se basa en ocho informaciones periodísticas, entre las que también destaca el presunto pacto de 40.000 euros al año de Air Europa con Africa Center, o el acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresa, por vuelos en primera clase por valor de 15.000 euros para ella y su equipo. Dos instituciones a las que está vinculada.

Oficialmente, en su página web, Manos Limpias se define como una entidad sindical conformada por funcionarios públicos cuyo objetivo es la defensa de los intereses de sus miembros dentro y fuera del sector público. En su origen, su modelo a seguir fue el proceso judicial italiano Mani Pulite, el mismo nombre que se atribuyó a la organización, que tuvo como finalidad la limpieza institucional y la lucha contra la corrupción instalada en ámbitos como el de la política en los noventa. Al fenómeno también se le conoció como Targentopoli, uniendo dos vocablos italianos: soborno y ciudad.

Bernad insta a que sea el juez quien determine si los titulares que sustentan la querella son reales

Ese proceso contribuyó al descrédito de los partidos tradicionales. Ya que estuvieron involucrados desde expresidentes del Consejo y ministros, a diputados, senadores y empresarios. La consecuencia fue que en las elecciones de 1992 ascendió el abstencionismo y los partidos tradicionales, como la Democracia Cristiana y el Partido Democrático de Izquierda perdieron notable representación. Surgieron alternativas políticas que aún perduran e influyen en Italia, como la ultraderechista Liga Norte, ahora en manos de Matteo Salvini y desprendida de sus motivaciones independentistas de la Padania.

Ahora bien, a parte de no contar con representación en ningún núcleo laboral, por su liderazgo y las causas contra las que se ha querellado, queda patente sus lazos con posiciones muy escoradas a la derecha del eje ideológico. Precisamente, su fundador, en 1995, es Miguel Bernad, quien concurrió a las elecciones europeas de 1987 por el partido neofranquista Frente Nacional, la refundación de Fuerza Nueva, de Blas Piñar. Llegó a ser su secretario general. A sus 82 años, de Bilbao, y abogado de profesión, lleva notable parte de su carrera exclusivamente denunciando. Aproximadamente 30 años.

Desde entonces ha dado varios tumbos, con un partido propio llamado Derecha Española que no tuvo repercusión, o un periodo de asesoramiento dentro del PP de Madrid al concejal Ángel Matanzo. Incluso ha estado vinculado a la Fundación Francisco Franco. Pero desde finales de los noventa, la dedicación ha estado puesta en Manos Limpias.

Su modus operandi: interponer querellas y personarse como acusación particular frente a todo lo que consideran un ataque, o corrupciones políticas y económicas con lesión al interés general. Sobre la actuación contra Gómez, el propio Bernad, en un comunicado, ha instado a que sea el juez quien determine si esos titulares se fundamentan en información real. "Si no lo son, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir".

Absuelto por extorsión y estafa

Entre las polémicas de Bernad, cuyo papel es el de secretario general, la más relevante fue la condena, por parte de la Audiencia Nacional en 2021, a él y al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, por extorsión y estafa. Cargos de los cuales, recientemente, el Tribunal Supremo absolvió a ambos. A Bernad le pedían ocho años de cárcel por extorsiones a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.

La dinámica, que el Supremo no considera probada, habría sido la personación, el contacto con esas entidades para un pago o la contratación de servicios publicitarios, y de aceptar, la retirada de la querella. Incluso a posteriori. Para el Supremo, que sí afirmó la que desde el punto de vista ético sí podría ser reprochable la actuación, por ejemplo, no quedó probado que ejercieran esa presión o intimidación contra la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos. Tras el pronunciamiento del Alto Tribunal, Bernad se comprometió a desarrollar acciones penales y administrativas para reparar el daño. Entre otros, al banco BBVA, del que partió el proceso judicial, y al propio Estado.

Los lunnis, Podemos o las tarjetas black

La acción judicial de Bernad ha tocado todos los palos, pese a las atribuciones ideológicas que recibe: este mismo miércoles el portavoz de IU dentro de Sumar, Enrique Santiago, retrataba desde el Congreso de los Diputados a la entidad como de "ultraderechista y mafiosa". Ahora bien, sí es cierto el predominio de causas contra el ámbito de izquierdas, y es igual de extensa la lista de fracasos que la de denuncias presentadas. El escenario de presentación fue con una denuncia por malversación de caudales públicos, sin sustento, contra el exalcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván.

El caso Nóos fue su gran carta de presentación al público, sentando a la infanta en el banquillo y solicitando para ella e Iñaki Urdangarin, su marido, ocho años de prisión por delito fiscal. Pero también el proceso que más coste le supuso: a nivel de visibilidad, pero también monetario. La absolución de la infanta hizo que la Audiencia Provincial de Baleares le condenara a pagar los costes del proceso. Lo que hizo que casi frenaran su actividad.

Sánchez ha sido objeto de las pocas querellas hasta el momento. Por permitir la manifestación del 8-M en 2020, con la pandemia del coronavirus casi por despuntar, o por el acuerdo de investidura con Junts el pasado noviembre. Todo archivado. También han ido contra políticos como Irene Montero o Gabriel Rufián por distintas declaraciones públicas.

Manos Limpias ya se personó en la investigación del rescate a Plus Ultra por parte del Gobierno. Al margen del Caso Nóos, también se involucró en el proceso de las tarjetas black. Más llamativas fueron las querellas a el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes perpetrados durante la dictadura; la denuncia a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, dirigentes de Podemos, por considerarlo "organización criminal" bajo la motivación del informe PISA, e incluso contra el programa de la televisión pública, infantil, Los Lunnis. En concreto, por escenificar en uno de sus episodios una boda entre dos protagonistas del mismo sexo.

La denuncia a Podemos tiene relación con la reciente a Gómez, dado que el Supremo mencionó que "la mera publicación de informes en los medios no puede justificar la apertura de un proceso penal".