El pasado miércoles, tras dar Pedro Sánchez el aldabonazo sobre una posible dimisión para evitar la presión mediática, judicial y polìtica sobre su esposa, Begoña Gómez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordó en una entrevista en Onda Cero que esos mismos socialistas a los que acusaba de rasgarse las vestiduras, habían pedido las declaraciones de IRPF de su hermana y del hermano de su pareja en el marco de la comisión de investigación del Congreso sobre la compra de mascarillas y material sanitario.

También aludió a Isabel Díaz Ayuso, para preguntarse que si Sánchez necesitaba cinco días de reflexión tras haber sido cuestionada una persona de su entorno "¿cuántos necesitaría ella?", habida cuenta de que el grueso de la documentación que se exige afecta de lleno al hermano y a la pareja de la presidenta autonómica, que será, además, llamada a comparecer.

Estos son los otros familiares que el PSOE sí cree objeto investigación en una comisión montada en respuesta al estallido del "caso Koldo" de presunta trama corrupta de comisiones ilegales nacida en el seno del Ministerio de Transportes siendo ministro José Luis Ábalos. Son casi 100 páginas de petición de documentación, informes y datos, -algunos tan peculiares como multas de tráfico y sus correspondientes pagos- que los socialistas han pactado con sus socios y donde ponen la proa hacia familiares de Feijóo y de Díaz Ayuso.

Micaela Núñez Feijóo e Ignacio Cárdenas, en el punto de mira del PSOE

Efectivamente, la comisión del Congreso reclama las declaraciones de IRPF de Ignacio Cárdenas y de Micaela Núñez Feijóo de los años fiscales de 2015 a 2023, ambos inclusive. Pero la cosa no se queda ahí. Incluyen además los contratos laborales, comerciales o mercantiles entre Ignacio Cárdenas -hermano de Eva Cárdenas, la pareja de Feijóo- y la empresa Universal Support, así como las nóminas, facturas y remuneración con las mismas y todo lo vinculado a las relaciones societarias, económicas, préstamos, donaciones y participación de propiedades.

Esta petición de documentación la hacen extensiva a Micaela Núñez pero en relación con el Grupo Eulen, empresa en la que trabaja ésta y que, según algunas informaciones periodísticas, se benefició de contratos con la Xunta siendo presidente Feijóo, al igual que Universal Support. Por ello, el PSOE y sus socios reclaman todos los expedientes de contratación y adjudicación completos del Grupo Eulen con la Xunta, empresas, entes u organismos públicos dependientes de dicha comunidad Autónoma entre los años 2008 -mucho antes del estallido del Covid- al 2023. Añaden, asimismo, toda la documentación relativa al conjunto de las comunicaciones realizadas por cualquier vía entre la empresa contratista con la Xunta de Galicia, así como la certificación de vigencia y cargos emitida por el registro mercantil respecto Ignacio Cárdenas y Micaela Núñez.

Desde Avalmadrid a infracciones de tráfico pasando por los contratos de arrendamiento

En el caso de la pareja y el hermano de la presidenta de la Comunida de Madrid, Alberto González Amador y Tomás Díaz Ayuso, se reclama una ingente documentación, pero incluso van más allá, ya que llegan a interesarse por el préstamo de Avalmadrid que recibió su madre en 2011, impagado, y que fue objeto de investigación en una comisión creada ad hoc en la Asamblea de Madrid diez años más tarde. Se impuso el dictamen de Vox, apoyado por la izquierda, que concluyó la existencia de "irregularidades" en el mismo y "trato de favor". La Fiscalía del Supremo rechazó investigar a Ayuso por este asunto.

Aunque la comisión está destinada a fiscalizar la compra de mascarillas durante la pandemia, el PSOE y sus socios consideran fundamental saber si González Amador ha pagado el IBI de "todas las fincas urbanas y rústicas de las que sea titular", así como el impuesto de circulación, el pago de la tasa de los coches de su propiedad y la "relación y número de multas y sanciones emitidas por el Ayuntamiento de Madrid" por infracciones de tráfico y copia de si las ha abonado. El listado de peticiones incluye los contratos de arrendamiento de la vivienda de González Amador entre 2018 y la actualidad, donde vive la presidenta autonómica, y las licencias de obras.

Asimismo, reclaman a Ayuso documentación sobre las relaciones económicas, societarias, préstamos, donaciones o situaciones de participación de propiedades de inmuebles que pueda mantener con su hermano, lo que apunta a la parte de la herencia que pudieron haber recibido de su padre, ya fallecido.

Como en el caso de la hermana y el cuñado de Feijóo, también son objeto de reclamación las declaraciones de la Renta, además de los pagos del IVA de los años comprendidos entre 2015 y 2023, del hermano y de la pareja, así como el impuesto de sociedades. El listado, amplísimo, habla también de todos los contratos laborales, comerciales o mercantiles entre González Amador y el grupo Quirón, además de nóminas, facturas, recibos bancarios justificantes de transferencias y cualquier documento "que acredite las contraprestaciones económicas" recibidas por éste.

También reclaman el informe de la Fiscalía de septiembre de 2022 sobre los cinco contratos que el ministerio de Sanidad adjudicó a la empresa FCS Select por valor de 268 millones de euros, de la que fue intermediario la pareja de Ayuso, y que el ex ministro Salvador Illa defendió durante su comparecencia en la comisión del Congreso. Piden también el informe de la Agencia Tributaria, "en el que se atribuyen a González Amador dos supuestos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades por 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros", que él mismo ha reconocido. A eso añaden los contratos laborales, comerciales y mercantiles de la pareja de Ayuso con Quirón, en el punto de mira.

El "informe Teodoro García Egea"

Llamativa resulta la petición del informe "sobre la investigación interna realizada por el Partido Popular sobre Tomás Díaz Ayuso en relación con las comisiones que estuviera cobrando por la venta de mascarillas", elaborado por el que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y que Pablo Casado denunció en una entrevista en Cope antes de ser defenestrado por su partido. Ese contrato llegó a pasar por la fiscalía europea, que lo archivó por no haberse acreditado que el precio pagado fuera desproporcionado ni que hubiera habido incrementos indebidos.

En definitiva, queda por delante un largo periplo de comisiones de investigación tanto en el Congreso como en el Senado, en los que se va a hablar mucho de la familia, que sólo decaerían si Sánchez decide disolver las Cámaras para convocar elecciones generales en julio.