Consenso entre Podemos y Vox a la hora de lanzar ataques contra sus socios potenciales. Ambos partidos, socios del Gobierno en la legislatura, en el caso morado, y de los populares en cinco gobiernos regionales, caso de Vox, han considerado de "cesión" el acuerdo alcanzado esta tarde por el PSOE y el PP en Bruselas para la renovación, cinco años después del límite cumplido, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unos en beneficio de "la derecha golpista", y otros en favor de un PSOE que dicen, quiere "controlar la justicia".

Al calor del acuerdo, en los pasillos del Congreso de los Diputados, la encargada en abrir la lata de críticas ha sido Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. Pasadas las seis de la tarde. Su partido, por la mañana, daba a entender que rompería el acuerdo de legislatura con los socialistas si el acuerdo que se saldase con el PP iba orientado a que los propios jueces eligieran a los jueces. Ello, fruto de un cambio en el modelo de elección como demandaban los populares y que ha quedado un poco difuso en las primeras comunicaciones. De hecho, fuentes socialistas dejan en el horizonte ese consenso de "participación" de los jueces.

Con el pleno de este martes en pleno desarrollo, Belarra consideraba que esta "es la peor noticia para la democracia". Entendió que "es muy evidente que el PSOE tenía otra opción" de renovación "con la mayoría emanada de las urnas" para "la democratización" de la justicia. Por ello, ha tachado la rúbrica del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como "una rendición al PP y a su legitimación de la guerra sucia contra el Gobierno y los independentistas". Algo que han reprochado, especialmente, tras la 'carta a la ciudadanía' de Sánchez a finales de abril y "las acusaciones de lawfare al PP".

Como recalcaba Irene Montero en un comentario en X esta mañana y avalaba el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, Belarra incidió en que este pacto "inaugura una nueva legislatura" que establece "una gran coalición". Y esta nueva 'alianza', "no se va a hacer con la complicidad de Podemos". No obstante, ajena a cualquier rotundidad, Belarra no consideró si van a romper con el Ejecutivo. "Estamos ante la restauración del bipartidismo", dijo. Si han profundizado en ese tema fuentes parlamentarias del grupo, que apunta a que, si bien no retirarán el apoyo, el PSOE les ha dado una nueva baza con la que jugar. Y esta es: si cualquier acercamiento para un pacto ofrece "migajas", les dirán que acudan a su socio prioritario, que es el PP.

Podemos endurecerá el tono con el PSOE en futuras negociaciones y será más exigente: que pacte si no con el PP

"Van a intentar pactar todo lo gordo con el PP", entienden. Y es que consideran que el paso dado en justicia es importante. "Es un acuerdo profundo, estructural", delimitan. "Si no, el PP no aceptaría. Se ha salido con la suya y eso es lo que va a vender" a los sectores más duros, como el de Isabel Díaz Ayuso, afirman. "Nuestra respuesta va a ser muy fácil: pacta con el PP", aventuran los morados, que vaticinan que el próximo consenso va a ser la Ley de Suelo, caida en pleno "por la campaña de las europeas" e incluso, los Presupuestos.

En esa línea se posicionaba Gabriel Rufián, de ERC, que tampoco ponía en peligro su apoyo al Gobierno pero sí arremetía contra el PSOE, diferenciando entre las dificultades que, a su juicio, traería un ejecutivo de PP y Vox. "Hace apenas dos meses Sánchez se tomó cinco días". Su conclusión, dijo, fue incluir en "el fango" al PP. "Ahora lo que hace es pactar con uno de los elementos de esa guerra judicial. Nos parece un error que no refleja la pluralidad del hemiciclo. Anuncian un nuevo socio: el PP. Y avanzan hacia una gran coalición", consideró igual que Podemos el republicano. "No nos han consultado nada, y me parece malo teniendo en cuenta la guerra judicial del país", concluyó, resaltando "la pulsión" de acuerdos que tiene Sánchez con el PP.

EH Bildu, por su parte, trasladó que "el CGPJ supone la máxima expresión de la justicia española y de su evidente sesgo político y antidemocrático desde hace décadas. Su renovación, pactada exclusivamente con el PP, no arreglará ese carácter y no resolverá el problema de fondo". "El reparto de puestos con el PP puede perpetuar la politización de la justicia y existe el riesgo de que en el futuro se vuelvan a producir situaciones de bloqueo por parte de la derecha. Se trata de un acuerdo con el PP que hoy ni siquiera oculta la utilización de la justicia para sus intereses y fines políticos", valoró la fuerza abertzale.

Abascal reprocha que cuando el PP sacaba a la gente contra Sánchez a la calle, seguía negociando la renovación del CGPJ

Minutos más tarde comparecía en el pasillo del hemiciclo, pasadas las 18:30 horas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ya había hecho boca en redes sociales lamentando que el PP ceda la justicia a quien, dice, pretende controlarla. Abascal iniciaba su valoración apuntando a la consumación de "la traición del PP y la estafa a sus electores". Porque, como dijo el líder de Vox, "según González Pons el acuerdo llega después de dos años de negociaciones ininterrumpidas". "Es decir, cuando el PP sacaba a la calle a la gente contra el golpe de Sánchez, seguía negociando el reparto de los jueces con este Gobierno. Es una estafa y demuestran que son lo mismo. Nos van a tener enfrente", valoraba Abascal.

El líder de Vox añadió que "después de entregar el TC a Sánchez, hoy le entregan el Gobierno del Poder Judicial". "Lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Sánchez y a su entorno político y familiar; en mitad de un golpe al Estado de derecho y la independencia de la Justicia. Contra la igualdad de los españoles ante la ley", se refirió en última instancia a la amnistía. El PP "lo hace en un momento en el que Sánchez ataca a los jueces". Cuando "desde el Gobierno se ha intentado amedrentar al juez que investiga la corrupción" de su familia.

Sumar, el contrapunto

Frente al unilateralismo de Podemos, el contrapunto lo marcaban los magentas de Yolanda Díaz. Si bien por la mañana el portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, trasladaba que no les gustaba la idea de un acuerdo para el cambio de elección del Consejo, el partido, en palabras de su portavoz en materia de justicia, Enrique Santiago, sorprendía valorando como positivo el acuerdo. Sí compartía con el madrileño la coincidencia de que la elección de parte de los integrantes del CGPJ corresponde de las cámaras nacionales, que emanan de las urnas y la voluntad popular. "Queremos que siga así, más cuando hay sesgo de clase, de posicionamiento" ideológico en la judicatura, dijo. "Si se encaminase a eso, no lo apoyaremos", adelantó.

Antes que Podemos y Vox, se posicionaba Santiago en el pasillo. Se mostraba satisfecho por el desbloqueo y destacaba que su mano estaba presente en el listado de juristas progresistas propuestos por el PSOE. "Por supuesto que hemos conocido esas propuestas y hemos expresado nuestros criterios. Creo que todos los vocales propuestos son personas con una acreditada trayectoria profesional", aseguró Santiago, que ha sido el mediador con Bolaños. Les avala la formación, dicen, aunque no quieren apuntar a nombres concretos. Pero sí afirman que al menos dos integrantes cuentan con su visto bueno.

A diferencia de Belarra, Santiago consideró que este acuerdo "es una gran victoria para la democracia", dado que se "ha acabado con un secuestro prolongado" del Consejo. Lo que estaba "degradando" la justicia de forma "increíble". Ante el consenso entre PP y PSOE para que, una vez se haga efectiva la renovación, los jueces puedan tener "una participación directa" y elegir a sus representantes en el CGPJ, lo que denunciaba Sumar por la mañana, Santiago matizaba. "No estamos de acuerdo con que los jueces elijan a los jueces y nos congratulamos de que no haya sido una condición para la renovación". La Constitución establece que la "soberanía nacional" que representa el Congreso tiene "la última palabra", sugiriendo que la propuesta que llegue puede terminar siendo rechazada. En eso no ha estado el portavoz socialista Patxi López, que también se ha congratulado. Solo con los votos de PSOE y PP se consiguen los tres quintos necesarios.

Para Santiago, ese condicionamiento del modelo de elección logrado es un relato "que tiene que contar a sus sectores más radicales". Para él, "esa participación ya existe", por lo que el acuerdo de socialistas y populares no cree que tenga que ir a más. "Lo que no puede ser es que el PP pretenda que competencias que constitucionalmente corresponde a la soberanía nacional pasen a ejercerse de forma corporativa", insistió.