El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar este jueves al magistrado conservador del Tribunal Constitucional José María Macías de la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Srepemo contra la Ley de Amnistía. A su juicio está contaminado por haber participado en el estudio que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió al Senado declarando la inconstitucionalidad de la norma.

En un escrito presentado, al que ha tenido acceso El Independiente, García Ortiz recuerda que el togado en su anterior puesto como vocal "participó directamente" "con su voto favorable" en hasta dos declaraciones que hizo el órgano lo que determina "objetivamente la existencia de la causa de recusación".

El escrito aclara que los motivos para pedir el paso a un lado de Macías no se basan "en la emisión de sus opiniones, ni en la relevancia o trascendencia pública, entiéndase en el sentido de mediática, social o política, de sus posiciones", y añade, por más que estas "hubieran podido llegar a generar en ciertos sectores de la sociedad la percepción de una convencida y activa beligerancia contra la ley".

Lo que defiende García Ortiz es que la recusación se sustenta en su rúbrica en un documento oficial en el que el CGPJ se posicionaba. "Tuvo participación directa en determinadas actuaciones oficiales de dicho órgano constitucionalidad que [...] comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la Ley de Amnistía". El fiscal general sostiene así que, como ya expuso entonces lo que pensaba de la norma, queda ahora inhabilitado para formar parte del debate que el pleno del Tribunal Constitucional va a tener de la misma.

En esos escritos aprobados por el CGPJ se reproducía, entre otras cuestiones, que la aprobación de la norma del perdón constituía "una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución". Se decía también que estaba en riesgo la separación de poderes porque se iban a declarar nulas sentencias dictadas por los tribunales. El Consejo expresó su "intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

El Ministerio Público desbroza los informes que Macías ha firmado en dos ocasiones. La primera, sin estar ni siquiera aprobada la Ley, y por voluntad del sector conservador del CGPJ. En este caso, añaden que es más difuso ver una causa de recusación porque se podría entender como una valoración más personal; pero la segunda, que es en la que él centra el foco, se trata del documento que firmaron los vocales dirigido al Senado después de que esta cámara se los requiera.

El fiscal general subraya que esta postura continuada ha llevado a algunos medios a destacar a Macías como el "azote de la amnistía". La participación en estos informes "no revistió un carácter puramente formal que por la neutralidad o asepsia de su naturaleza y contenido pudiera considerarse ajena a cualquier incidencia sobre el ámbito material de aplicación en una causa de recusación, sino que, bien al contrario, nuevamente es palmaria la intensa y extensa detallada y concluyente penetración de las apreciaciones valoraciones y razonamientos del citado informe en los aspectos esenciales que integran la cuestión de inconstitucionalidad", insiste.

"No se trata por tanto de valorar su incuestionable calidad de jurista de reconocida competencia", añade, "sino de dejar constancia acreditada" de que debe dar un paso a un lado del estudio de la Ley. Los recurrentes de la norma en el Tribunal Constitucional habían sido hasta el momento el PP y las Comunidades Autónomas gobernadas por los populares, además de la del socialista Emiliano García- Page. Las recusaciones se habían centrado, por tanto, en el sector progresista: Juan Carlos Campo, Cándido Conde Pumpido y Laura Díez.

El primero se ha querido apartar voluntariamente, puesto que era ministro de Justicia cuando se aprobaron los indultos y ahí dejó por escrito que la amnistía era "claramente inconstitucional". Esto se resolverá la próxima semana y, en principio, fuentes consultadas esgrimen que Campo quedará relegado de todos los asuntos. Distinto será el caso de Conde Pumpido, a quien recusan porque ya en anteriores asuntos del procés se había apartado, y a Laura Díez, por haber formado parte del gabinete del ministro actual Félix Bolaños. Dado el cariz de los recurrentes no había habido hasta el momento quien recusara Macías, si bien Carles Puigdemont había adelantado su intención de hacerlo. Él había descartado apartarse de motu proprio. Así que este nuevo paso del Minsiterio Público suma más papel al Tribunal que tendrá que estudiar todas estas recusaciones.