Si nada lo remedia, este jueves volverá a ser rechazada la senda de déficit previa a la confección de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Y será con el voto en contra de Junts, cada día más díscola en el Parlamento con Pedro Sánchez, y del PP, partido al que Moncloa mira cada vez que sus socios le dejan en la estacada. Pero nada apunta a que los populares vayan a cambiar el sentido de su voto hacia una propuesta mimética a la ya rechazada en julio. Lo realmente noticioso sería que el principal partido de la oposición aprobase o facilitase las cuentas del Gobierno de turno, sea del signo político que sea. Pero, además, el PP se revela contra la inacción de un Ejecutivo "que no ha levantado el teléfono para pedir nuestro apoyo", según aseguran en Génova.

Lo cierto es poco o nada hay que negociar. Moncloa y Hacienda no han cambiado ni una coma de su anterior texto y sólo confiaban en la presión que pudieran ejercer en Alberto Núñez Feijóo sus presidentes autonómicos, los primeros damnificados, a decir de los socialistas, pues de dicha senda depende que puedan disponer de 12.000 millones más en su presupuesto o, por el contrario, tengan que ir a un ajuste más duro. Lo cierto es que el Gobierno desistió de presentar cuentas para este año 2024, pero entonces lo encuadraron dentro de un ámbito de normalidad, amparándose en que comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Castilla y León, también han tenido que ir a la prórroga en otras ocasiones.

Los Presupuestos para 2025, en el alambre

La ausencia de una nueva senda de déficit no impide a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confeccionar su anteproyecto de presupuestos para 2025, pero serían algo más restrictivos y ese el debate que intentan implantar en el cerebro de las baronías populares, más preocupadas ahora por el cupo catalán y el nuevo modelo de financiación autonómica. Y nada apunta a que Junts se avenga a votar tampoco las cuentas generales del Estado para el año que viene. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, volvió a volar el pasado viernes a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont y arreglar las maltrechas relaciones con un partido del que depende la estabilidad de la legislatura, pero parece todo apunta a que volvió con las manos vacías.

Hay otros asuntos pendientes de pasar por el tamiz negociador de socialistas y populares, pero el nombramiento del ex ministro José Luis Escrivá para gobernador del Banco de España fracturó al débil línea de comunicación entre el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ejercen de interlocutores para la renovación pendiente de otros órganos aunque parece que no han reanudado sus contactos. Desde el PP matizan que su negativa a "blanquear" la propuesta de Escrivá y a proponer un nombre para la subgobernación, no supone cortar relaciones con el Gobierno para abordar el resto de los temas pendientes, pero nada se ha avanzado desde entonces.

La CNMC, pendiente de renovar un tercio de sus miembros, es capital para el proyecto de control de la prensa

Sobre la mesa están la Junta Electoral Central (JEC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), además de los nombramientos para la nueva Comisión Nacional de Energía, así como el Consejo de RTVE. En estos momentos, la renovación de la Junta Electoral depende en buena medida del CGPJ, que debe proceder al sorteo de dos nuevos magistrados dentro del cupo que le corresponde al Supremo de nombrar un total de ocho. El órgano lo completan "cinco vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología, en activo, designados a propuesta conjunta" del Congreso de los Diputados.

Especial importancia ha adquirido para Génova la futura composición de la CNMC, convertida en uno de los ejes en torno a la cual pivotará el llamado Plan de Regeneración Democrática que Pedro Sánchez anunció tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

De este órgano dependerá el nuevo registro de medios de comunicación "en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”, según reza la propuesta gubernamental, así como el control sobre la concentración de medios de comunicación. Un tercio de este órgano está pendiente de renovar y aunque es prerrogativa del Gobierno nombrarlos mediante real decreto, pueden ser vetados por una mayoría absoluta del Congreso.

Bloqueo en RTVE

Dar a la CNMC control del registro de los medios de comunicación exige unos cambios normativos importantes que el PP espera poder cortocircuitar en caso de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno para la renovación de sus miembros. Subrayan en Génova que no aceptarán ningún trágala como el del nombramiento de Escrivá o lo que consideran "colonización" de los órganos constitucionales, consultivos y de control que, a su juicio, practica Pedro Sánchez. Pero si hay un organismo convertido en la gran bestia negra para el PP, ese es el Consejo de RTVE. Un melón que ni Gobierno ni Génova parece querer abrir.