El escenario de tensión regional entre el PP y Vox va en aumento tras conocerse, por ejemplo, que en Castilla y León una de las medidas estrella de los anteriores socios de Gobierno, la ley de Concordia, no será validada por los populares, ahora solos en el Ejecutivo. Algo que, cabe destacar, venía previéndose desde la ruptura general en seis autonomías a principios de julio como adelantó El Independiente. Ante el reto de aprobar las nuevas cuentas —más con el debate de financiación de fondo— y no prorrogar las actuales, los barones vuelven a atender, tras el parón estival, a la dificultad de estructurar mayorías sin Vox. Pero también con el PSOE en contra, dadas las relaciones díscolas con Pedro Sánchez. En el caso de Vox no se contará con su apoyo mientras no haya viraje de Génova y sus feudos en el posicionamiento migratorio, proclives a la acogida y a la regulación ordenada de inmigrantes irregulares.

De ello dio cuenta el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, este lunes en rueda de prensa. En un intento de reflejar las compatibilidades en inmigración entre populares y socialistas, pese a que no se sientan a negociar el tema desde el 12 de agosto. Con una esfera de reproches mutuos de fondo. Y volviendo a agitar el relato migratorio como eje político sobre el que tejer el resto de temas de agenda. Sobre la mesa ya vienen poniendo como punto de mira los presupuestos regionales de las comunidades que cogestionaron, pero también los municipales. Se plantea una ruptura si se alienta la acogida de alguna forma. Pero la ausencia de competencias sobre inmigración lo hace más difícil. De ahí que no rompiesen a ese nivel en julio. El escenario más rocambolesco que se antoja es el autonómico.

Según ha podido saber este diario, en Madrid, la dirección nacional de Vox trabaja ya en un desglose de exigencias a introducir en los presupuestos del PP para que sus excompañeros de gobierno cuenten con su apoyo. Se presentará "muy pronto" y contará con "un marco general" similar para todos los enclaves que, después, "los equipos" provinciales deberán adaptar al contexto y las necesidades de cada región. Aunque girará esencialmente en temas como la inmigración, la bajada de impuestos y el choque con la Agenda 2030. "Vamos a explicarlo con antelación", afirman, para que no haya dudas de que Vox pone sus condiciones y el PP si las rechaza "es quien impide que se legislen" los presupuestos, dicen desde el partido.

Ahora bien, mientras Vox trabaja en este marco de partida para una negociación con cada cúpula autonómica del PP, fuentes regionales ven imposible acordar nada con Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola, Fernando López Miras, Jorge Azcón o Marga Prohens —la peculiaridad del Parlament de Baleares le facilita la tarea a la presidenta—. No conocen aún esa "estrategia" que impondrá Madrid. Pero fuentes territoriales dan por hecho que no será posible sacar adelante los presupuestos autonómicos.

No "salvo que haya una depuración seria de todo lo referente a la inmigración" por parte del PP. Un movimiento que, a priori, no ven dado el posicionamiento de Feijóo a negociar con Fernando Clavijo en Canarias sobre la crisis migratoria e incluso con el Gobierno. Por ello, reducen a un objetivo de presión política cualquier marco de medidas que puedan plantearse a Génova si desde ya no hay posibilidad de avances en inmigración. "Tampoco sería lógico salir de los gobiernos y apoyar al PP ahora", sentencian.

Vox aboga por la presión al PP con la inmigración como objeto y en vistas de unas elecciones generales

Preguntadas por la posibilidad de abstenerse para no obstaculizar unas nuevas cuentas adaptadas a la realidad de las comunidades sin que ello suponga un apoyo explícito, la negativa sin aceptación del marco migratorio se mantiene. Ni si quiera si se dan por parte del PP guiños en materia económica y fiscal. "No creo que en Madrid den el visto bueno a los presupuestos a cambio de migajas, ya que está en juego el crédito electoral", señalan fuentes territoriales del partido.

La perspectiva electoral planteada refleja al mismo tiempo que en Vox se prevé un adelanto electoral de generales pronto por la fragilidad del Gobierno, de ahí el incremento de presión a los populares. Al margen de rechazar las acogidas de menores extranjeros migrantes, los planteamientos que puede haber sobre la mesa, según trasladan figuras territoriales del partidos, son: el "desmantelamiento de los centros de menas" o "la retirada de las subvenciones a organizaciones colaboracionistas con la inmigración irregular, supuestamente humanitarias". Ambos casos enlazando el asunto con un ahorro económico.

La duda es si ese comportamiento será generalizado. Desde Madrid fuentes del partido insisten en que todo se tiene que ir viendo caso a caso. Las demandas sobre inmigración apuntan a ser más fuertes en las zonas mediterráneas. Como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia. "En las zonas del levante la invasión ya es insoportable", recalcan otras fuentes autonómicas de Vox, mencionando que la cuestión será "la clave de futuras citas electorales". Regionalmente, con todo, internamente no ven capacidad de diferenciación. La decisión que se tome será "nacional, trazada para toda España". "No tendría sentido tener criterios diferentes" en cada enclave cuando Vox "no cree en el Estado autonómico", añaden las fuentes tratadas.

El PP: abierto en lo económico, firme en lo migratorio

Fuentes nacionales del PP apuntan a un intento de torpedeo de las legislaturas por parte de Vox, pensando, dicen, más en los intereses personales de la formación que en las capacidades económicas a disposición de los ciudadanos con esos presupuestos. Pero mandan un mensaje a Bambú de advertencia: "Les puede salir mal". Recuerdan la experiencia de Madrid a finales de 2022, cuando "el bloqueo a los presupuestos de [Isabel Díaz] Ayuso por parte de Rocío Monasterio llevó a elecciones y a su primera mayoría absoluta". Al contrario de la visión electoral que esgrimen desde Vox. Ahora Vox ya "no condiciona" en la comunidad, resaltan. Los populares parten bajo la idea de no ceder en cuestiones ideológicas y solo se abren a debatir propuestas técnicas, sobre impuestos. Y creen que si "el fondo y la forma" de los presupuestos "es buena", no valen escusas.

Oficialmente el PP no se cierra a pactos sobre presupuestos con ningún partido. Tampoco a nivel autonómico lo hacen los presidentes en mayoría simple. El más directo ha sido el valenciano, Carlos Mazón, que se ha desmarcado ya de los ejes sobre inmigración demandados por Vox y ha pedido altura de miras a todos los grupos parlamentarios. "Estamos muy lejos de los planteamientos" de Abascal, dijo tras el Debate de Política General del viernes. Se negaba así a "la prioridad nacional en la concesión de ayudas públicas" o la retirada de "todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales" reivindicado por Vox.