En octubre de 2020, el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, debía proponer un candidato para la investidura a la presidencia de la Generalitat tras el cese de Quim Torra, condenado por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Pero no había candidato. Cs era entonces la primera fuerza en el Parlament, pero no contaba con apoyos suficientes para la mayoría, y los partidos independentistas optaron por forzar un adelanto electoral para evitar "normalizar" la destitución de Torra.

Finalizado el plazo de 10 días que fija la ley para una nueva investidura, Torrent publicó en el Boletín Oficial del Parlament que no había candidato a la investidura, lo que se consideró como un acto equivalente a una investidura fallida. Dos meses después de la publicación se celebraban las elecciones del 14F de 2021, que dieron paso al Govern de Pere Aragonès.

Este es el precedente al que podría acogerse ahora Junts para activar la cuenta atrás hacia una repetición electoral en Cataluña sin someter a Carles Puigdemont a una investidura fallida, en el pleno que el Parlament debería celebrar el próximo 25 de junio.

Junts da largas a la investidura

Tanto Junts como ERC insisten tras la constitución del Parlament en que la negociación de la investidura "arranca de cero". Un argumento que ha permitido a los de Puigdemont echar el freno en las expectativas generadas por el propio Puigdemont sobre un retorno a Cataluña el 25 de junio, cuando debe celebrarse el primer debate de investidura.

"No queremos hacer un Feijóo" argumentaba este martes el secretario general de JxCat, Jordi Turull. "No se trata de hacer un debate de investidura, se trata de investir a un president". Por ello, reclamó tiempo para buscar los apoyos necesarios, empezando por el de Esquerra, aunque saben que no son suficientes.

Un enfriamiento de las expectativas generadas al que no es ajena la aplicación de la Ley de amnistía, finalmente publicada en el BOE, que ofrece múltiples aristas, especialmente para Puigdemont. El instructor del Tribunal Supremo ha optado por mantener la orden de detención del ex president fugado, mientras Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha anunciado que esperarán a la aplicación de oficio de la amnistía en las causas en las que está investigado su defendido. Advertía además el letrado que su defendido "no teme la detención" para asegurar que Puigdemont regresará, como prometió en campaña.

Batalla con Illa

Más allá de las consecuencias judiciales de su regreso antes de la aplicación de la Ley de amnistía, Junts quiere evitar el espectáculo de una derrota parlamentaria de Puigdemont que afiance todavía más las expectativas del socialista Salvador Illa en una nueva convocatoria electoral. Los partidos independentistas perdieron un millón de votos en las elecciones europeas del pasado domingo, mientras el PSC se alzaba con la victoria en Cataluña con el 31% de los sufragios.

De hecho, los socialistas han ganado cinco convocatorias electorales en Cataluña desde 2021, y en cada cita con las urnas amplían su ventaja respecto al independentismo. El domingo Junts y ERC se escudaron en la baja participación y el agotamiento del electorado catalán, pero eso no pasó factura a sus rivales.

La estrategia de Junts pasa por forzar una repetición electoral leída como una segunda vuelta, en la que confían en aglutinar el voto independentista, aún a costa de ERC y la CUP. Pero esa estrategia casa mal con una investidura fallida. La derrota de Puigdemont en el Parlament abriría la puerta, además, a que Esquerra apoye al PSC, en un "acto de responsabilidad" para evitar que la Generalitat siga en funciones otros seis meses.

Turull retó este martes a Illa a ser el primero en someterse, el próximo 25 de junio, a una votación de investidura. Pero es prácticamente imposible que el socialista cuente entonces con los apoyos necesarios. Si Illa rechaza también el envite, el nuevo presidente del Parlament, Josep Rull podría acogerse al precedente de Torrent para que el reloj eche a andar.