Todos coinciden en dos puntos: el debate se mantuvo en términos muy jurídicos y la votación terminó "muy muy reñida". Así transcurrió este martes la Junta de fiscales de Sala para decidir si la cúpula de la carrera (38 fiscales) apoyaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en que la amnistía debía aplicarse sin matices o se posicionaba con los cuatro fiscales del procés que opinaban que la malversación no podía incluirse en el perdón. La votación terminó con 19 votos a favor de la amnistía total (incluyendo al fiscal general) contra 17, pero hubo cierta polémica por el voto a distancia que hubiera inclinado la balanza hacia el otro lado, según apuntan distintas fuentes presentes en la reunión.

A las nueve y media de la mañana se inició el cónclave con dos bajas desde el principio de fiscales que habían excusado su ausencia. Lo abrió primero Fidel Cadena, seguido de Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y finalmente Javier Zaragoza. Los cuatro fiscales que han llevado la acusación de los líderes independentistas desde 2017 --y que a partir de ahora se despiden de la causa-- defendieron la tesis que le habían presentado al jefe unos días atrás y que no estaban dispuestos a cambiar: la malversación no entra en la amnistía.

El debate giró esencialmente sobre eso, sobre si, como dicen los cuatro fiscales, los líderes del procés se "enriquecieron" con la desviación de fondos para organizar el 1-o; o si, como opina el jefe, al no terminar el dinero en su bolsillo no se puede entender esto como enriquecimiento patrimonial y, por tanto, hay que amnistiar. Ese era el concepto clave: el enriquecimiento.

Para algunos, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y compañía podrían haber organizado la consulta independentista "con dinero privado", y sin embargo, cogieron líquido de las arcas públicas y todos los catalanes pagaron unas urnas que, muchos, no habían pedido. Usaron un dinero para un fin no previsto en la ley y "eso, al fin y al cabo, es enriquecerse", cuentan a El Independiente hasta seis fuentes presentes en la reunión.

Otro sector no lo ve así y cree que hay que leer el término en puridad. Si el dinero no acabó en las cuentas de ninguno de los políticos independentistas, no sirvió para que ellos se hicieran más ricos y, entonces, hay que borrar ese delito conforme está escrito en la ley. Se habló en este sentido de la voluntad del legislador, pero aquí tampoco hubo consenso. "Hay que tener en cuenta lo que dice el preámbulo, pero nosotros interpretamos lo que dice la ley, no lo que pretendió decir el legislador", explican unos.

Algunos, como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, añadieron más argumentos al debate como que entre los gastos que figuran en la sentencia también hubo otros que no se destinaron directamente al referéndum, sino a otros fines, sii bien la Ley de Amnistía parece abarcar también este supuesto dentro del borrado delictivo.

El fiscal general no dejó hablar de cuestión prejudicial

Los fiscales del procés defendían, además, que la consulta independentista pudo afectar a los intereses financieros de la Unión Europea y, de ser así, tampoco entrarían en la amnistía. Ellos pretendían romper España y esto hubiera tenido afectación en el presupuesto europeo y en los intereses de los Veintisiete, decían en su escrito. Esta tesis triunfó menos.

El fiscal general no dejó que se abriera el melón de plantear una cuestión prejudicial. Centró el debate en la mera cuestión que había preguntado el Tribunal Supremo y esto inclinó la balanza de algunos hacia el no. "Si hay dudas sobre la afectación de los intereses financieros de la UE y no deja plantear la cuestión o al menos debatirla...", se lamentan algunos. "En mi opinión ese tema era muy relevante y eso ha provocado votos en contra de su postura", explican.

Había que "comprarlo todo" o no "comprar nada", es decir, la votación se dibujaba en torno a estar totalmente con los postulados de García Ortiz o contra ellos, por lo que, sin admitir matices, algunos optaron por apartarse del jefe ante las dudas que les suscitaban cuestiones como la de la Unión Europea.

La disciplina "tradicional" de votaciones se ha roto al abordar este tema que algunos consideran medular para el Estado. La lógica dice que los que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --donde estaba asociado el fiscal general-- deberían de haber votado con él, pero no ha sido así en todos los casos. Por ejemplo, en el de Mª José Segarra que fue la primera fiscal general nombrada por Pedro Sánchez. El Gobierno, precisamente, la destituyó por sus discrepancias durante el juicio del procés, ya que ella nunca quiso tocar ni una coma del escrito de los fiscales que llegaron a acusar de rebelión.

O Antonio Vercher que es fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo y ha sido la única abstención. Del otro lado también ha habido sorpresas. La misma ecuación de coherencia llevaría a pensar que los fiscales de la Asociación de Fiscales (AF) --continuo látigo del fiscal general-- votarían a favor de las ideas de Cadena, Zaragoza, Moreno y Madrigal, pero tampoco ha sido así en todos los casos.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, no ha intervenido en el debate pero su voto ha ido a parar a García Ortiz, así como el de José Ramón Noreña, conocido fiscal conservador (estuvo durante muchos años en la jefatura de Antidroga) que en la anterior Junta en la que había que decidir si la Fiscalía General pudo cometer un delito de revelación de secretos en el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso estuvo a favor de que se admitiera la querella a trámite.

El fiscal general fue dando la palabra uno a uno por orden del menor al mayor en función de quién quisiera intervenir. Hubo más de una decena de fiscales que, como Alonso, decidieron no tomar la palabra, mientras que otros como Dolores Delgado sí lo hicieron. Su presencia estuvo también cuestionada entre sus compañeros porque existe una sentencia del Tribunal Supremo que anula su nombramiento y si deja de estar en la categoría más alta de la Fiscalía no podría participar en estos debates.

Lo cierto es que la sentencia no se ha ejecutado y hasta que no se haga desde el Ministerio de Justicia y se publique en el BOE ella puede seguir acudiendo. "Ya, pero somos la Fiscalía. No puedes buscar las triquiñuelas para estar en un sitio que no te corresponde. Es un argumento pobre porque la sentencia es firme", replican algunos. Desde el Ministerio Público explican que por esta misma burocracia se ha quedado fuera la fiscal de Sala Togada que ya está nombrada, pero no ha tomado posesión.

Los votos a distancia

El asunto de las ausencias fue igualmente motivo de debate interno. Algunos fiscales se quejaron de que hubiera personas que no estuvieran presentes en la reunión y, sin embargo, se conectaran a votar. La fiscal de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez (a favor de García Ortiz), se incorporó telemáticamente porque se encontraba en Bruselas, pero no se quedó a escuchar todas las intervenciones; igual que la fiscal de Sala de la Unidad de Criminalidad Informática, Elvira Tejada (en contra del fiscal general), que pidió hablar antes porque tenía que marcharse de viaje.

Algo similar ocurrió con la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, (a favor) quien tuvo un percance médico a primera hora de la mañana y no pudo llegar a la Junta, si bien sí se conectó para emitir el sentido de su voto.

Esto molestó a algunos integrantes de la reunión que señalaron que el sentido del encuentro era escuchar las opiniones de todos y enriquecer la charla y, una vez oídas todas las tesis, votar en consecuencia. "Algunos traían el voto desde casa", dicen fuentes fiscales "y esta no es la idea". Si no podían participar, dicen, tendrían que haber excusado su ausencia como hicieron los dos compañeros que no acudieron. El fiscal, que es quien conduce la reunión, dijo que había que atender a las circunstancias de cada uno y que no podía dejar de tenerlos en cuenta. "Sin esos votos no hubiera ganado su posición", replican.

Los términos de la discusión fueron muy ricos y algunos alaban las intervenciones de compañeros como, por ejemplo, la del fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, quien, a pesar de que su mujer (la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra) se ha enfrentado directamente al fiscal general en el asunto del novio de Ayuso y de que muchos daban por hecho un voto discrepante, se inclinó por aceptar una amnistía total como defiende García Ortiz.

La teniente fiscal Ángeles Sánchez-Conde y fiscal jefe de Penal Joaquín Sánchez-Covisa (ambos posicionados con el fiscal general) se quedarán ahora a cargo del asunto y firmarán el informe que se presentará mañana en el Tribunal Supremo. Con ellos votaron también Pilar Barrero, Fernando Rodríguez Rey, Esmeralda Rasillo, Antonia Sanz Gaite, Teresa Peramato, Manuel Martín-Granizo, Luis López Sanz- Aranguez, Ana Isabel García León, Ángel Javier Muñoz y Miguel Ángel Aguilar. Además de los ya mencionados.

En la tesis más cerca de los fiscales del procés se posicionaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez, la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán y los fiscales José Miguel de la Rosa, Pilar Martín Nájera, Manuel Moix, Jesús Tirado, Francisco Jiménez Villarejo, Antonio Pulido y Elvira Tejada. Además de los ya mencionados.