La pequeña localidad de Buenavista, al Norte de Tenerife (Canarias), llevaba años funcionando como una suerte de república bananera. Y no porque entre las pequeñas casitas del litoral se extiendan kilómetros de plantaciones de plátanos, sino porque la impresión que se llevaban algunos extranjeros a los que se les imponían multas no era precisamente la de un lugar de ley. Dos policías locales han entrado en prisión acusados de engañar a turistas durante años con el pago de infracciones que en lugar de terminar en el erario público, engordaban sus bolsillos. La conmoción en la zona durará, al menos, hasta este fin de semana porque se ha tenido que anular una carrera benéfica cuya seguridad dependía de este cuerpo policial, si bien la juez advierte de que el avance de la investigación puede revelar que la trama de corrupción es aún mayor.

La Guardia Civil informó el domingo de que había detenido a los funcionarios locales acusados delitos de malversación de caudales, prevaricación, contra la salud pública y falsedad documental. No es poca cosa, se juegan hasta ocho años de cárcel. La operación se ha bautizado con el nombre de Mártir y las primeras diligencias se iniciaron hace cuatro meses. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Santa Cruz --en colaboración con el Grupo de Investigación y Accidentes de Tráfico (GIAT)-- desarrollaron las indagaciones "de forma reservada y discreta" y terminaron por centrar el tiro en estos dos policías, que han reconocido los hechos.

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Icod de los Vinos los envió el fin de semana a prisión provisional comunicada y sin fianza. En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, la togada argumenta que hay riesgo de fuga porque ambos manejan mucho dinero y porque se enfrentan a más de un lustro de cárcel, además de que existe riesgo de destrucción de pruebas, puesto que no saben hasta dónde llegaban los tentáculos de la organización.

"Pese al arraigo que pudiera tener en la isla el investigado, se le presume una alta capacidad económica, fruto del presunto delito cometido, ya que la actividad delictiva se remontaría a más de cinco años atrás pudiendo haber recabado el investigado gran cantidad de dinero, del que solo se habría incautado el efectivo que tenía en su domicilio", refleja.

Cuando los agentes realizaron la entrada y registro en su domicilio y en la taquilla del trabajo encontraron dinero en efectivo y numerosos boletines de denuncias que se remontan a 2017, firmadas por los policías. "No estamos ante un hecho aislado y puntual, sino ante un modus operandi, una conducta reiterada que se viene manteniendo durante varios años", esgrime la juez.

La investigación se encuentra en una fase muy prematura. Todavía "no puede saberse el alcance de la participación de otras personas en los hechos", dice. La denuncia inicial se ha apuntalado con las declaraciones de algunos empleados municipales que han corroborador el proceder fraudulento.

La Guardia Civil estuvo realizando vigilancias todo el verano (17 y 28 de mayo; 4, 12 y 25 de julio y 14 de agosto) y todas las veces pudieron comprobar cómo los policías "antes de apoderarse ilícitamente de los importes derivados de las sanciones impuestas, comprobaron que los ciudadanos referidos eran extranjeros no residentes en territorio nacional, procediendo a imponer multas que cobraban en efectivo y que luego no eran tramitadas por los cauces oficiales".

Los sospechosos no actuaban con españoles que podían conocer la legislación y dar la voz de alarma muchos antes. Su diana estaba colocada en los turistas que pasan por esa zona de la isla y a los que hacían pagar mordidas que se quedaban en sus casas. Por eso, la juez quiere realizar una investigación patrimonial completa para saber si alguno de los dos tiene dinero escondido en bancos fuera de España. "Puede presumirse fácilmente que fruto de todos estos años en los que se ha venido desarrollando la presunta actividad delictiva, el beneficio económico obtenido sería mucho mayor del que hasta ahora se ha acreditado", expone.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción solicitó la entrada en prisión de ambos por haberse servido de su condición de agentes de la autoridad para facilitar la comisión de hechos delictivos. La juez no excluye ninguna posibilidad y avanza que aún quedan numerosas diligencias por practicar, abundante documentación por analizar y que no descarta "nuevos implicados y líneas de investigación".