El régimen marroquí sigue aplastando los derechos humanos con la condena en los tribunales de quienes ejercitan la libertad de expresión; la persecución de los activistas saharauis; y la impunidad en las sucesivas masacres de inmigrantes en la frontera con España. Así lo denuncia Amnistía Internacional en su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo, publicado este miércoles.

La organización cifra en seis las personas que fueron condenadas en 2023 “por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión”. “Los tribunales siguieron mostrando intolerancia hacia la libertad de expresión al condenar al menos a seis personas, entre ellas activistas, periodistas y un abogado, por expresar sus opiniones”, señala Amnistía en un informe que evalúa detalladamente la situación de los derechos humanos en 155 países.

Ziane, 'el preso más viejo del mundo'

Entre quienes vieron confirmadas sus sentencias, figura el abogado y ex ministro de Derechos Humanos, el octogenario Mohamed Ziane, encarcelado tras una entrevista a El Independiente en el que instaba a Mohamed VI a abdicar. El 17 de mayo el tribunal de Casación confirmó en apelación una condena a tres años de prisión impuesta a Ziane por “insultar” a funcionarios e instituciones públicas, en relación con un vídeo publicado en YouTube en el que criticaba al jefe de las fuerzas de seguridad.

Ziane unió su suerte a otros cinco súbditos perseguidos por romper su silencio y cuestionar al régimen alauí. El 20 de febrero un tribunal de apelación condenó al defensor de derechos humanos Rida Benotmane a 18 meses de prisión por cargos relacionados con publicaciones en redes sociales y vídeos de YouTube de 2021 en los que censuraba los abusos de las fuerzas de seguridad, exigía la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y culpaba al gobierno de reprimir la libertad de expresión.

Dos meses después, en mayo, un tribunal de primera instancia condenó a la activista Saida El Alami a dos años de prisión y al pago de una multa por “ofender al rey”, un cargo que ella negaba. El 20 de julio el Tribunal de Casación rechazó los recursos de los periodistas Omar Radi y Soulaiman Raissouni, confirmando así sus penas de seis y cinco años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial previo criticado por la comunidad internacional por la falta de garantías.

El 27 de noviembre el Tribunal de Apelación de Casablanca impuso a Said Boukiouda a tres años de prisión y el pago de una multa por unos mensajes que había publicado en Facebook en diciembre de 2020 criticando la normalización de las relaciones de Rabat con Israel, contestadas desde entonces en la calle y cuyo rechazo popular ha crecido desde el inicio de la operación militar israelí en la Franja de Gaza el pasado octubre.

Represión en el Sáhara Occidental

Amnistía también cuenta entre los abusos la represión esporádica de la disidencia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El aparato policial impidió el derecho de reunión pacífica en la ex colonia española. “Entre el 4 de mayo y el 20 de junio la policía vigiló en El Aaiún, ciudad del norte del Sáhara Occidental, el domicilio de la activista saharaui Mahfouda Lefkir a raíz de que ésta hubiera viajado a Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, para solidarizarse con activistas de esta ciudad”, apunta la organización. “Agentes encargados de hacer cumplir la ley la siguieron cada vez que salía de su casa, abordaron y golpearon delante de la vivienda a activistas que iban a visitarla, e insultaron a su familia y a ella”, relata Amnistía.

El 14 de mayo las autoridades expulsaron sin garantías procesales de El Aaiún a Agadir —ciudad costera del sur del país— al ciudadano italiano Roberto Cantoni, investigador que estudiaba el uso de energías renovables en Marruecos y el Sáhara Occidental. El 4 de septiembre, primer día de la primera visita al territorio de Staffan De Mistura, enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, los agentes marroquíes dispersaron por la fuerza una protesta pacífica en El Aaiún. “Agredieron física y verbalmente al menos a 23 manifestantes saharauis, entre quienes figuraban dos mujeres —Salha Boutenkiza y Mahfouda Lefkir— y Bouchri Ben Taleb. Arrastraron por el suelo a las personas que se manifestaban y las golpearon y amenazaron”.

Apenas tres días después, otros agentes marroquíes detuvieron arbitrariamente en Dajla al menos a 4 activistas saharauis —entre ellos Hassan Zerouali y Rachid Sghayer— y los retuvieron en la comisaría de policía de Oum Bir durante 7 horas, lo que les impidió reunirse con Staffan De Mistura. El 21 de octubre el aparato policial impidió que la organización saharaui de derechos humanos CODESA (Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos) celebrara su primer congreso nacional en El Aaiún. Las fuerzas del orden emplearon violencia física contra los participantes. Las autoridades mantuvieron, además, el cierre físico de la sede de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí en El Aaiún, impuesto en 2022.

Amnistía también documentó durante el año pasado denuncias de tortura o malos tratos contra opositores a la monarquía.  El 18 de abril en El Aaiún agentes detuvieron durante 90 minutos a Abd El Tawab El Terkzi a raíz de que éste hubiera aparecido en un vídeo de un turista español diciendo que se sentía orgulloso de ser saharaui y estaba a favor de la autodeterminación de su pueblo. Los agentes lo sometieron a tortura y otros malos tratos, consistentes en esposarlo, abofetearlo, escupirle y amenazar con violarlo y matarlo con ácido. A fecha de mayo de 2023, se había negado el derecho a leer y escribir en prisión al menos a 5 personas, a saber: Rida Benotmane, escritor y miembro de la Asociación Marroquí por la Defensa de los Derechos Humanos; Mohamed Ziane, de 80 años, abogado de derechos humanos y personalidad académica, y los periodistas Taoufik Bouachrine, Omar Radi y Soulaiman Raissouni.

En febrero, asimismo, Marruecos devolvió a su país sin el debido proceso al ciudadano saudí Hassan Al Rabea, que corría peligro de sufrir allí tortura y otras violaciones de derechos humanos. Agentes de seguridad marroquíes lo habían detenido el 14 de enero en el aeropuerto de Marrakech a petición de Arabia Saudí, que lo acusaba de delitos de terrorismo.

Legislación contra la igualdad de género

La organización también crítica que la legislación nacional sigue reforzando la desigualdad de género -incluidos el derecho de las mujeres a la herencia y a la custodia de hijos e hijas- y penalizando la conducta sexual consentida entre adultos del mismo sexo y el aborto.

El artículo 489 del Código Penal castiga la conducta sexual entre adultos del mismo sexo, o actos “contra natura”, con penas de entre seis meses y tres años de prisión y multas. En abril el digital marroquí Le Desk comunicó que un colegio francés de Kenitra, ciudad del noroeste de Marruecos, había despedido a una profesora después de que un grupo de padres hubiera presentado una denuncia en febrero por “apología de la homosexualidad” debido a que la docente animaba al alumnado a aceptar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Rabat sigue despreciando cualquier ejercicio de escrutinio público y rendición de cuentas por la muerte de al menos 37 migrantes y la desaparición de 76 más que habían intentado cruzar la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma española de Melilla el 24 de junio de 2022.