El Informe Anual 2024 de Amnistía Internacional presenta un retrato desolador de la realidad global: los derechos humanos se ven pisoteados con cada vez más impunidad en un mundo que se desmorona como un castillo de arena. En 2023 el centro de investigación de ciencia política V-Dem concluyó que el número de personas que viven en democracias había retrocedido a los niveles del año 1985, antes de la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría.

Conflictos armados, vigilancia masiva, desinformación y el poder desmedido de las grandes tecnológicas son sólo algunos de los ingredientes de este cóctel tóxico que amenaza las conquistas sociales y derechos desarrollados en las últimas décadas.

Lejos de los campos de batalla, la tecnología se convierte en un arma de doble filo.

En manos equivocadas, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y los programas espía se transforman en herramientas para la vigilancia masiva, la discriminación y la desinformación. Las grandes empresas tecnológicas, con su poder desmesurado, no solo avivan los conflictos, sino que también se convierten en cómplices de la represión. Sus plataformas pueden convertirse en altavoces para el odio y la división, mientras que sus herramientas de vigilancia permiten a los gobiernos controlar cada paso de sus ciudadanos.

En este escenario desolador, la desigualdad global, la competencia entre potencias y la crisis climática sólo sirven para agravar la situación. Las personas más vulnerables, las más marginadas, son las que más sufren las consecuencias de este caos.

¿Qué podemos hacer? Amnistía Internacional lanza un SOS a la comunidad internacional: es urgente regular las nuevas tecnologías, proteger a los grupos más vulnerables y fortalecer el Estado de derecho.

Pero no todo está perdido. En medio de la oscuridad, también hay motivos para la esperanza. La movilización global sin precedentes que hemos visto en los últimos años demuestra que la gente no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Las protestas contra el conflicto Israel-Hamás, las manifestaciones por el derecho al aborto y el movimiento Fridays for Future contra el cambio climático son sólo algunos ejemplos de la fuerza que tiene la acción colectiva.

El futuro de los derechos humanos está en nuestras manos. Tenemos que unirnos para exigir rendición de cuentas, proteger a los más vulnerables y construir un mundo más justo y equitativo.

No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la COVID-19

En España, la principal preocupación de Amnistía Internacional es la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la COVID-19, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 o tras los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. La impunidad ante estos hechos no sólo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación.

A pesar de algunos avances legislativos importantes en materia de derechos humanos en la anterior legislatura, estos logros están empañados por un riesgo real de que se conviertan en papel mojado si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva.

La desigualdad en la implementación de leyes que favorecen el derecho a la vivienda o luchan contra la violencia sexual, y otras como la Ley de Memoria Democrática, en las comunidades autónomas, genera brechas en la protección de los derechos humanos. Mientras que en algunas comunidades se avanza en la aplicación de las medidas necesarias, en otras se observa una negativa a impulsarlas o incluso se aprueban leyes autonómicas que contradicen los avances logrados a nivel nacional.

España no puede permitirse mantener este clima de impunidad. Es necesario un cambio radical en la actitud de las autoridades hacia las violaciones de derechos humanos. Se deben abrir investigaciones independientes y efectivas, garantizar la rendición de cuentas de los responsables y proporcionar justicia y reparación a las víctimas.

Nuestro informe anual es una muestra más de cómo sigue siendo necesario estar en alerta, y no dar los derechos humanos por conseguidos y afianzados.

Esteban Beltrán es el director de Amnistía Internacional España