Durante años en las distintas convocatorias electorales nadie ha controlado qué pasa con nuestro voto tras depositarlo en la urna. Las mesas electorales con los apoderados de los partidos hacen bien su trabajo, elaboran las actas de cada mesa y a partir de ahí quien acumula los datos es la empresa Indra y el Ministerio del Interior. Docenas de denuncias a la Junta Electoral Central han demostrado que los resultados de muchas de esas actas no corresponden con los que se hacen públicos como oficiales con posterioridad. A estos múltiples errores se les quita importancia, dicen ser “errores puntuales sin afectación en el resultado final” y no se investiga por qué suceden. Casualmente, en muchas de las citas electorales se producen caídas del sistema informático del Ministerio del Interior o del centro de recogida de datos de la Generalitat de Cataluña, sin que se ofrezca una explicación pública de las causas. A diferencia de Alemania, Francia y otros países europeos, en España en estas elecciones europeas nos escondieron los resultados generales durante 3 horas, y casualmente en esos comicios Puigdemont recibe miles de votos en toda España que ningún ciudadano depositó en las urnas y quitaron a otros partidos, sin que se ofrezca de nuevo ninguna explicación por ello. No fue un error humano, las actas de las mesas lo demuestran.

Indra recibió una aportación extra de 11 millones de euros de dinero público destinado solo para estas elecciones. Hace justo un año el grupo Prisa duplicó su inversión en Indra y se convirtió en el segundo socio mayoritario tras el Estado. Indra no es una empresa prestigiosa en el ámbito internacional ni tampoco en nuestro país, donde fue condenada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por encarecer precios de servicios informáticos junto a otras empresas y sancionada a pagar 13,5 millones de euros; la Audiencia Nacional lo calificó como “cartel de las apps”. Ha recibido numerosas críticas y auditorías contrarias en Angola, Colombia, Venezuela o Londres, y sin embargo sigue siendo la empresa participada del Estado elegida para manejar los datos electorales en nuestro país.

Con el posible fraude electoral pasa como con las vacunas en pandemia, el simple hecho de cuestionarlas te convierte en un apestado negacionista

Jamás como en estas pasadas elecciones europeas hubo tanto control del proceso electoral, nuevos partidos fotografiaron actas y convirtieron la jornada en la más transparente en años. A la vez se demostró que en numerosas ocasiones no se cumple la ley electoral por desconocimiento. Las mesas electorales cierran por triplicado sus sobres con los resultados, pero Indra solo los coteja si existe una reclamación puntual en alguna de las mesas; si no, se considera voto oficial la estimación que hace Indra. Dicen hacerlo así para agilizar el recuento, pero sin duda facilita el presunto fraude.

Estos días conocí a María, durante 26 años fue la esposa de un director general de Indra, la entrevisté y confirmó que una semana antes de las elecciones generales de abril de 2019 su entonces marido reunió a la cúpula de la empresa para hacer públicos los datos de un algoritmo que ofrecía para las generales el siguiente resultado: 24 diputados para Vox, 66 al PP y 123 al PSOE. Una semana después se celebran las elecciones y el resultado electoral de estos tres partidos fue exactamente el que presentaron en esa reunión de Indra. Cuando María le pregunta asustada si habían cometido algún tipo de fraude electoral, la respuesta de su esposo, según su testimonio, fue “calla y no digas nada”. María está dispuesta a ratificar ante un juez estas declaraciones.

Con el posible fraude electoral pasa como con las vacunas en pandemia, el simple hecho de cuestionarlas te convierte en un apestado negacionista. Hay suficientes indicios para que se investiguen todas las irregularidades demostradas y que un juez independiente despeje nuestras dudas al respecto. El gobierno que preside Pedro Sánchez ha dado suficientes muestras de cometer flagrantes ilegalidades por interés puramente electoralista, desde eliminar la sedición, amnistiar a los socios de gobierno o rebajar la malversación de caudales públicos. Sabemos que la Fiscalía no abrirá jamás una investigación mientras siga dirigida por el brazo ejecutor de Sánchez, García Ortiz. ¿Tendremos que esperar a que Manos Limpias o Hazte Oír lo hagan? Lo normal sería que partidos de la oposición cogieran las riendas de este caso y lleguen hasta el final, pero por ahora se mantienen en un bochornoso silencio que, de seguir así, les hará cómplices. Al tiempo.