El sistema no es perfecto, pero funciona. Prueba de ello es que el Tribunal Supremo condenó hace unos días a Alvise Pérez por publicar unas fotografías de la periodista Ana Pastor que carecían de interés informativo. El eurodiputado ha demostrado algunas veces muy pocos escrúpulos en sus redes sociales, donde ha señalado, con documentos de este tipo, a diferentes personas y personalidades. Ahora, el Alto Tribunal le ha obligado a indemnizar con 7.000 euros por vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen.

Habrá quien piense que esta condena ilustra sobre la existencia de pseudo-medios y, por tanto, sobre la necesidad de endurecer la legislación para acotar su radio de acción. Pero también podría señalarse una evidencia, y es que estos agitadores no actúan con total impunidad, como ha dado a entender Pedro Sánchez en varias de sus últimas intervenciones públicas. Quien la hace, si es demandado, la paga. Los tribunales tramitan múltiples denuncias a los medios de comunicación cada año y los mecanismos legales cada vez son más efectivos, dado que la jurisprudencia es más precisa y extensa.

No abunda en esto el presidente del Gobierno porque no le conviene. Porque lo que se busca en Moncloa en estos días infaustos es atenazar a la prensa crítica, que pareciera que no está sometida a las obligaciones que emanan del Estado de derecho. Contaba el presidente del Gobierno hace unas semanas, en La Vanguardia, que su intención es la de ‘mejorar’ la regulación del derecho al honor y del que contempla el derecho a la rectificación de los artículos periodísticos.

La veracidad de la información

Fuentes gubernamentales apuntaban esta semana que también pretenden ‘pulir’ la vía civil para endurecer el criterio por el cual a una noticia se le considera ‘veraz’. Actualmente -apuntan estos informantes, con cargo en el Consejo de Ministros-, se considera en muchos casos que el error periodístico no es sinónimo de mentira si forma parte de una noticia que ha sido contrastada antes de su difusión. Con esta modificación, podrían llegar a imponerse sanciones a partir de un dato o una consideración erróneas en una pieza periodística.

Esta idea no es definitiva, pero se debate en las tripas del Ejecutivo, como reconoce uno de sus ministros, que incide en que, en principio, no es una prioridad reformar el código penal, pero sí pulir determinados aspectos legales que -considera- aprovechan los mentirosos y los difamadores.

Las asociaciones periodísticas guardan un silencio al respecto al que pronto podremos asignar el adjetivo de ‘cómplice’, pero cada vez es más evidente que el paquete de medidas de “regeneración del sector de los medios de comunicación” y los avisos que han precedido a su formalización van a fomentar la autocensura en la prensa.

Este comportamiento es lógico: cuanto más se atemoricen los editores y los periodistas sobre las consecuencias de su actividad, menos verdades saldrán a la luz. ¿Y se reducirá la difamación y el número de mentiras? No tengo ninguna duda: no. Los Alvises encontrarán otros métodos para mantener su peculiar activismo. En cambio, los buenos periodistas se enfrentarán a más dificultades.

Los agitadores rara vez son una mala noticia para los gobernantes, dado que suelen utilizarlos para imponer medidas impopulares. No sucede lo mismo con los medios de comunicación más valientes. Esos incomodan de verdad. Para ellos va esa ley.

Los agitadores rara vez son una mala noticia para los gobernantes, dado que suelen utilizarlos para imponer medidas impopulares. No sucede lo mismo con los medios de comunicación más valientes.

Criterios ESG

Resulta sorprendente el tono con el que habla el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, cada vez que se refiere a este tema. Este ejecutivo es partidario -y abandera el lobby- de modificar la regulación actual para poner coto a los "sucedáneos de periodismo" que dañan las democracias occidentales mediante la desinformación.

Su teoría -como expuso en la Junta General de Accionistas de Prisa, esta semana- es que las inversiones publicitarias -o accionariales- en estos pseudo-medios deberían tener un impacto en los criterios ESG de las empresas, que son los que marcan su responsabilidad social corporativa. Se entiende que pretende que anunciarse en los malos perjudique y hacerlo en los buenos, o sea, Prisa, beneficie.

Existe actualmente una corriente que defiende la necesidad de incrementar el peso de las políticas ESG en ámbitos como el de las licitaciones públicas, como se puede apreciar en los apartados que compañías como BBVA, Acciona o Iberdrola dedican en sus webs a este asunto.

¿Qué implica todo esto entonces? Que parece claro que aquí se ha formulado una amenaza por la cual se ha dicho a los anunciantes: "Cuidado con invertir en un medio que (según nosotros) intoxica a la opinión pública, no sea que eso tenga un impacto en vuestros ingresos". Evidentemente, esto promoverá también la autocensura entre los inversores en medios de comunicación.

El dinero de la publicidad

Deben pensar en Prisa que el común de los mortales es estúpido y que nadie es capaz de deducir que, detrás de estos discursos, hay fines comerciales. Porque su objetivo no es la defensa de la verdad (al menos, únicamente), sino conseguir más clientes para los medios de su grupo... a costa de la competencia, a la que critica cada vez de una forma más frecuente, a sabiendas de que rema a favor de obra, ante la inseguridad del presidente para con la prensa.

Hay algo más pueril que los ataques de un Gobierno a la prensa hostil, y es la defensa que recibe ese poder por parte de las empresas afines que se intentan lucrar con ello. El propio Juan Luis Cebrián lo denunciaba esta semana en un artículo en The Objective. Sobra decir que quienes abanderan esta maniobra autoritaria deberían quedar retratados de ahora en adelante. Porque sus argumentos son maniqueos e interesados.

Mala prensa y prensa enferma

Sin duda, hay mala prensa y periodistas que se equivocan. No existe tampoco el reportero que no yerre o que no sea intoxicado alguna vez. Incluso operan en este sector grandes canallas que publican información interesada porque le conviene a una empresa o a un gobierno... qué se yo... socialista. Algunos son ruidosos y otros se ocultan bajo sombras y tinieblas.

Diría que es un fenómeno típico de muchos sectores, pero eso no suele llevar a que se establezcan restricciones a la actividad de los unos y de los otros. Porque se considera que los tribunales son una herramienta efectiva cuando se incumplen las normas. Como Alvise Pérez con su penosa actitud con Ana Pastor, entre otros.

Aquí no se quiere aplicar la misma lógica. ¿Por qué? Por lo de siempre: porque la libertad de prensa siempre ha sido incómoda para los gobernantes y para los directivos de medios que aspiran a conseguir más clientes a costa de los que consideran sus enemigos (que en realidad no son los verdaderos, dado que la publicidad emigra estos días hacia Google y Meta).

Deberían renunciar todos ellos a estas maniobras hostiles, pero no lo harán. Por fortuna, en agosto de 2025 se aplicará en España el buen Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación -que intentó vapulear la infame derecha populista europea, incluido algún eurodiputado trasnochado y faltón de Vox-. Ahí se obligará a los medios a que sean más transparentes. También a los Gobiernos a que declaren todas las subvenciones que inyectan en cada una de las empresas del sector.