El Gobierno decidió este martes retirar su propuesta de senda de estabilidad, en la que se establecen los límites de déficit público y de deuda para 2025, para evitar una nueva y trascendental derrota parlamentaria. El viernes pasado en Suiza, Carles Puigdemont le adelantó al número tres del PSOE, Santos Cerdán, que su partido votaría en contra y Junts se ha mantenido firme en esa posición.

La senda de estabilidad es la antesala de los presupuestos generales, que son la clave para medir la duración de esta legislatura. En este ejercicio ya hemos vivido con unos presupuestos prorrogados, los de 2023. Una segunda prórroga sería letal para Pedro Sánchez, aunque su ministro de Transportes, Óscar Puente, se permitió el domingo decir, en entrevista a El País, que no aprobar las cuentas no es ningún drama "porque no va a haber una gran diferencia entre los nuevos presupuestos y los de 2023".

Quizás hay cosas que Puente no sabe o no le han contado. En primer lugar, que el próximo 15 de octubre España tiene que presentar ante la Comisión Europea su Plan Plurianual, en el que el Gobierno tiene que dar sus previsiones de ingresos y gastos durante los próximos cuatro o siete años (el calendario lo elige cada país). Si los presupuestos no se aprueban, ¿con qué credibilidad va a presentar su plan Carlos Cuerpo ante el comisario de Economía comunitario? Sin mayoría parlamentaria, sus números serán papel mojado.

Pero no se trata sólo de una cuestión de credibilidad, sino de supervivencia. La Comisión aplicará a partir de 2025 las nuevas reglas fiscales, alejadas de la relajación impuesta por el Covid y la guerra de Ucrania. Es decir, que los presupuestos ya no podrán ser expansivos, como hasta ahora, sino que deben incorporar ajustes en el gasto para cumplir con los objetivos de déficit. Mal asunto para mantener contentos a la vez a Sumar y a los independentistas.

Si el Gobierno logra engatusar a Junts para que dé luz verde a las cuentas públicas, Sánchez tiene asegurada la legislatura. El año que viene Sánchez podría prorrogar los presupuestos de 2025 y así llegar al final de su mandato sin tener que volver a ponerse colorado con los independentistas.

Para el Gobierno el presupuesto es la garantía de la continuidad de la legislatura. Cederá lo imposible, pese a que Puigdemont puede dejar colgado a Sánchez en el último minuto

Por eso son muy importantes estos presupuestos, y doy por seguro que el Gobierno hará todo lo posible por meter en saco a Junts. La revisión de la Contabilidad Nacional ha dado a Sánchez un margen de 1.000 millones más de déficit adicional, que bien podría recaer en las comunidades autónomas. Aunque con Cataluña ese gesto será insuficiente. El Estado tendrá que apretarse más el cinturón para dejar mayor margen a las autonomías para gastar y endeudarse, cosa que necesita la Generalitat mucho más que otras autonomías como Madrid, por ejemplo.

Habrá más dinero para Cataluña, más espacio para gastar y endeudarse, pero también se le concederá el caramelo a Junts de la creación de dos comisiones de investigación –por cierto, ya pactadas con ERC para lograr su apoyo en la votación para nombrar a Francina Armengol como presidenta del Congreso–: la de la llamada "policía patriótica", y la de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017.

¿Eso será suficiente como para colmar al insaciable Puigdemont? Eso está por ver. El momento no es propicio para las aspiraciones del Gobierno, puesto que Junts tiene un Congreso dentro de cinco semanas en el que el ex president quiere salir a hombros.

Dos conclusiones:

1ª: El Gobierno cederá lo imposible en los próximos días para convencer a Junts de que dé luz verde a los presupuestos, que son la garantía de continuidad de la legislatura.

2ª: Puigdemont tiene en su mano demostrar que le va a poner la senda muy cuesta arriba a Sánchez y seguramente le dejará colgado, porque lo que consiga Cataluña ahora será en bien de Salvador Illa, y no del independentismo