El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Éste es el motivo que explica la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad, donde se personaron para requerir documentación por orden del instructor.

Durante los años 2004-2005, siendo Manuel Lamela consejero de Sanidad y Consumo, el Ejecutivo madrileño aprobó los estudios de viabilidad para la construcción y explotación de seis hospitales públicos con los que pretendía terminar la descentralización de la asistencia sanitaria en la Comunidad y dotar de servicios de atención especializada a poblaciones con perspectivas de crecimiento alejadas de los complejos existentes hasta entonces. Bajo la fórmula de concesión de obra pública a operadores privados, el proyecto inicial buscaba levantar instalaciones hospitalarias en Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe, para lo que se aprobó un gasto plurianual de 2.283 millones de euros en 2005. La UCO investiga ahora el destino del 1% de esa cantidad total, es decir, 22,8 millones de euros.

Según ha podido confirmar El Independiente, los investigadores de la trama corrupta Púnica buscan ahora conocer el destino que se dio a la partida de publicidad (vídeos, documentación técnica y gráfica divulgativa, buzoneo...), una de las obligaciones que asumía la sociedad concesionaria a fin de que los ciudadanos que formaban parte de la población asistida conocieran el inicio de los servicios y cómo podían acceder a los mismos. Las fuentes consultadas dijeron que este capítulo importaba el 1% de la inversión de cada hospital y que su gestión correspondía en teoría a la empresa, si bien en la práctica se encargaba la Administración autonómica.

Agentes de la UCO se personaron este martes en la Consejería de Sanidad para retirar documentos

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada sobre esta ramificación en el marco de la investigación del caso Púnica se fundamenta en la sospecha de que parte de ese dinero podría haberse desviado a fines completamente ajenos a los descritos. Es lo que tendrán que determinar los agentes de la UCO cuando analicen la documentación requerida a la Consejería de Sanidad de Madrid con la autorización del juez Velasco.

La puesta en funcionamiento de los seis hospitales se produjo en el mes de febrero de 2008, si bien la Administración -excepto en el caso del Hospital Infanta Sofía, sito en la localidad de San Sebastián de los Reyes- inició el pago de las retribuciones en septiembre del año anterior con cargo al programa presupuestario 750 gestionado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La entrada en servicio de estos complejos sanitarios permitió a la Comunidad de Madrid incrementar su oferta en 1.259 camas y contar con medio centenar de quirófanos más, creando unos 4.780 empleos.

En contrapartida por la construcción y explotación de los hospitales, las empresas concesionarias percibían de la Comunidad de Madrid una retribución compuesta por una cantidad fija y otra variable, distribuida ésta en función de los servicios prestados en cada centro sanitario y actualizada cada año en función del comportamiento de la inflación. El contrato que unía a empresa privada y Administración tenía una duración de 30 años, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Se investiga, en concreto, el destino del dinero relativo a la partida de publicidad del 1%

Según detalla en el informe de fiscalización aprobado por acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 24 de septiembre de 2012, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó el 23 de junio de 2005 un gasto plurianual total por importe de 2.283.301.257 euros constantes.

Hospitales sometidos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. EL INDEPENDIENTE

A la espera de que avancen las pesquisas de la UCO, la investigación correspondiente a la trama Púnica pone la lupa a uno de los principales proyectos de Esperanza Aguirre, que en su etapa al frente de la Comunidad tuvo tres consejeros de Sanidad: Manuel Lamela (2003-2007), Juan José Güemes (2007-2010) y Javier Fernández-Lasquetty (2010-2014). La presidenta dejó el Ejecutivo autonómico en septiembre de 2012; en la actualidad, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

El nombre de Aguirre ya figuraba en el sumario de este caso de corrupción que Eloy Velasco instruye desde junio de 2014 tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que procesalmente se ha desgajado en más de una decena de piezas separadas con el fin de agilizar su instrucción y el futuro enjuiciamiento de los hechos.

Como desveló Voz Pópuli el pasado 23 de enero, la UCO puso de manifiesto en un informe aportado al juzgado cómo la trama utilizó dos facturas con conceptos "manifiestamente falsos" para que gastos correspondientes a un mitin de Esperanza Aguirre en el año 2007 se hicieran pasar como gastos de las fiestas patronales de Valdemoro. De este municipio fue alcalde Francisco Granados, uno de los principales imputados en el caso Púnica y al que Esperanza Aguirre incorporó como consejero de Transportes e Infraestructuras cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003 en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno de Aguirre aprobó un gasto de 2.283 millones en 2005 para financiar seis hospitales

No es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil se personan en departamentos del Gobierno madrileño a retirar documentación en el marco de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño. Así, el 22 de enero de 2015 el juez Velasco ordenó a la UCO que acudiera a la Consejería de la Presidencia para que le entregaran todos los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en la causa.

Los investigadores, asimismo, acudieron el pasado 27 de septiembre a la sede de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a retirar expedientes de contratación hasta 2013. Ese mismo día también retiraron documentación de la Cámara de Cuentas de Madrid y del Registro y el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.