Pablo González, hermano del ex presidente madrileño Ignacio González y también encarcelado en el marco de la Operación Lezo, se reunió el pasado 8 de marzo con el número dos del ministerio del Interior, José Antonio Nieto, tras conocer que ambos estaban siendo investigados.

Este encuentro con el secretario de Estado de Seguridad se produjo, según informa este sábado el diario El País, después de que Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa, se reuniese con su hermano Ignacio para hablar de una investigación abierta que les afectaba. Según ha trascendido en los últimos días, el ex presidente de la Comunidad de Madrid tuvo conocimiento de esta circunstancia a través del presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, quien le habría alertado de que una "magistrada amiga de la casa" había llamado para alertar de que la Guardia Civil estaba pinchando sus conversaciones.

Fuentes próximas a José Antonio Nieto han confirmado al citado diario que la reunión se produjo, aunque han matizado que ésta "no duró más de 15 minutos" y que en ella "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación". Estas fuentes precisan que el objeto del encuentro fue la coordinación de diversas medidas de seguridad en los nuevos centros construidos por Mercasa, encargada de la gestión de los mercados centrales en España.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Eloy Velasco, deja constancia de esta situación en el auto con el que este viernes enviaba a prisión provisional tanto a Ignacio González como a otras cuatro personas, entre ellas su hermano Pablo. En este escrito, Velasco detalla la reunión entre los dos hermanos en la que "hablaron de una posible investigación policial a su hermano Ignacio" y sobre "quién ocupaba actualmente el cargo de Secretario de Estado de Seguridad". El magistrado también recoge a continuación que "al día siguiente" se produce una reunión con "un secretario de Estado", sin especificar quién.

Sobornos del Canal en América

El auto del juez, además, da más detalles sobre las operaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica, especialmente referidos a la figura de Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de la filial americana de la compañía, Inassa, y consejero delegado de la editora de La Razón.

Según el escrito, Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

Así, por ejemplo, el consorcio formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras habría pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes Eduholding Corp. Una práctica, añade el magistrado, que llevaron a cabo en otros contratos en el país centroamericano.

En República Dominicana, la sociedad AAA Dominicana, participada mayoritariamente por Inassa, "habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales por valor, por ejemplo, de 440.000 ó 393.500 dólares, siempre relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados" por la citada empresa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha obtenido también indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al exconsejero del Canal Extensia José Javier Soler Gallego, lo que podría estar relacionado con contratos de obra pública adjudicada en Haití.

Y en Colombia, la Fiscalía Anticorrupción de ese país llevó a cabo una operación por los presuntos pagos de comisiones ilegales a cargos públicos para la adjudicación de contratos para la sociedad Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado SAESP (ASAA), perteneciente al grupo Inassa.