La Guardia Civil ha practicado este martes siete registros, algunos en despachos de abogados profesionales, y en el lugar de trabajo del viceconsejero de medioambiente, Miguel Ángel Ruiz,  por su etapa al frente de la fundación Arpegio, empresa pública cuya sede también está siendo registrada. El viceconsejero acaba de dimitir de su cargo y como vicesecretario territorial del PP en la Comunidad de Madrid, después de ser imputado. También han resultado imputados cuatro miembros de la mesa de contratación.

El magistrado, han informado fuentes de la Audiencia Nacional y de la investigación, ha ordenado también el registro de algún despacho de abogados y ha citado a doce personas que comparecerán como investigadas (imputadas) a partir de julio. Estas diligencias se enmarcan en la última pieza secreta abierta en el caso Púnica, relativa a Nuevo Arpegio.

El juez ha citado a declarar a Ruiz el próximo 12 de julio con el propósito de esclarecer la participación de los miembros de su consejo de administración (Eduardo Larraz Riesgo, Francisco Granados y otros), en los "tratos de corrupción continuados con distintos constructores y promotores de suelo de la Comunidad de Madrid".

Las actuaciones podrían constituir delitos de cohecho, malversación, fraude contra la administración pública, actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, violación de secretos, prevaricación, falsificación de documento privado y oficial, organización criminal y asociación ilícita.

Comisiones a cambio de contratos

En concreto, los agentes buscan información sobre los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que los empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos.

El juez ya pidió a la Comunidad de Madrid que le entregara los convenios suscritos con Arpegio para que gestionara los fondos públicos del plan Prisma, ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por estos contratos al amparo de Francisco Granados. Reclamó en concreto los convenios firmados con Arpegio entre 2006 y 2011 en los que se otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas con Prisma.

Se trata, entre otros, de convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia relativos a ese plan de financiación de obras con dinero público, y también de acuerdos en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación de varios de esas obras.

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha pedido recientemente al juez que declaren varias personas relacionadas con Arpegio, como el consejero madrileño de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada; el ex gerente de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial Eduardo Larraz Riesgo y Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma.

A González Taboada -nombrado por Cristina Cifuentes- ha pedido citarle para que explique el funcionamiento del Plan Prisma, y si conocía de la existencia de pagos de comisiones a Granados referidas a dicho Plan.

La justificación de 16,5 millones

Ruiz, consejero delegado de Arpegio en 2008-2010, justificó en octubre pasado un gasto de 16,5 millones de euros en la promoción de un plan de inversiones. El ya ex viceconsejero declaró entonces ante la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid por unos gastos de 22,5 millones, de los cuales 6 millones se destinaron a allanar y compactar un descampado en Arganda del Rey para usarlo como aparcamiento y otros 16,5 millones de una factura de promoción del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).

Precisamente su paso como consejero delegado de la empresa pública Arpegio, que gestionaba los fondos del Plan Prisma, entre 2008 y 2010, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, no figura en el perfil de Miguel Ángel Ruiz López en la web de la Comunidad de Madrid. La ficha biográfica sí recoge sus inicios en 1990 en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid hasta su paso por el consistorio de Boadilla del Monte, como concejal de Urbanismo, donde estuvo hasta ser elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid en junio de 2015.

En cuanto a su actividad en Arpegio, Ruiz explicó el pasado mes de octubre ante la comisión de investigación del Parlamento madrileño una inversión de seis 6 de euros en allanar un descampado en Arganda para usarlo como aparcamiento y una factura de 16,5 millones de promoción del Plan Prisma 2006-2008. Según su declaración, el aparcamiento "sirvió de base para adelantar las obras de edificación" del proyecto urbanístico de Arganda del Rey, donde la Comunidad invertió 55 millones en comprar la parcela, de más de tres millones de metros cuadrados y en acondicionarla para albergar tres conciertos de Rock in Río.

En dicha explanada estaba previsto construir una infraestructura logística con un coste de 120 millones, unas obras que no se acometieron.

Ruiz también asumió los conceptos de una factura de 16,5 millones de euros producto del Plan Prisma 2006-2008 que Arpegió envió a la Comunidad en enero de 2010 y que la Intervención General de la región de Madrid no ha admitido.

En esa factura, de promoción del Plan Prisma, figuran gastos de más de tres millones de euros en "primeras piedras" o un gasto en farmacia de 96.000 euros, según detalló entonces el grupo Socialista en la Asamblea.

En su declaración, Ruiz defendió entonces que las operaciones urbanísticas y de suelo de Arpegio eran "rentables" y que "todos los procedimientos se hicieron de forma transparente". Ruiz aseguró que no conocía a David Marjaliza, imputado en el caso Púnica y ex socio de Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al que Arpegio vendió dos parcelas en Arroyomolinos a través de la empresa Aranán, participada por Marjaliza, de una parcela adjudicada en 2006.

El hoy dimitido también sostuvo que no "distinguía quién era de Dusa y la gente que pertenecía a Arpegio". Dusa, la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos, fue subcontratada por Arpegio para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma.

Dimisión aceptada

El gobierno de Cifuentes ha emitido una nota en la que aclara que este auto no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre.

Aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid.

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.