El marido de Susana Díaz, José María Moriche, cobró su nómina de dos ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a UGT-A en las que el juez considera que se desviaron fondos para financiar la actividad propia del sindicato en lugar de destinarse en su totalidad al fin para el que fueron otorgadas: costear acciones de formación para el empleo.
En un auto notificado este martes a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha acordado que las diligencias previas abiertas en 2014 continúen por el procedimiento abreviado y coloca a un paso del banquillo de los acusados al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y a otras 14 personas más por fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil. Las acusaciones tienen ahora 20 días para pedir la apertura de juicio oral, el archivo de las actuaciones o la práctica de nuevas diligencias.
El instructor delimita el perímetro de la investigación a 14 ayudas concedidas por la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía por un montante de 87,12 millones de euros, de los que se cargaron al menos 47,75 millones a gastos que no eran subvencionables como alquileres simulados.
De los 14 expedientes objetos de la causa, dos constituyen el paraguas que permitió durante años al esposo de la ex presidenta de la Junta de Andalucía y actual secretaria general del PSOE-A cobrar las nóminas como auxiliar administrativo del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT en Andalucía. Moriche se desvinculó antes de que Susana Díaz alcanzara la Presidencia del Ejecutivo autonómico en septiembre de 2013 en sustitución de José Antonio Griñán.
En concreto, se trata de los expedientes de ayudas numerados como 98/2009/M/2111 y 98/2009/J/2017, concedidas en diciembre de 2009 y cuyos importes sumaron 11.008.656,75 euros. Según el informe pericial aportado al juzgado, la organización sindical justificó gastos por 7.894.626,065 euros -510.163,10 euros en el primer caso y 7.584.462,95 euros en el segundo- que no tenían cabida.
Susana Díaz dijo en el Parlamento que su marido cobraba "entre 700 y 1.200 euros" al mes y que se había casado con un "tieso" para minimizar la denuncia del PP
La constatación de que nóminas de José María Moriche se imputaron a estos dos expedientes de ayudas para la formación tuvo lugar con motivo de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz en 2014 para depurar responsabilidades políticas por el escándalo de las subvenciones a la Formación Profesional para el Empleo. La documentación aportada a los diputados permitió conocer que el marido de Susana Díaz cobró de al menos 46 cursos, con temáticas tan distintas como azafata de congresos, inglés, operador de cámara, sistemas microinformáticos y diseño en 3D.
En un intento de desacreditar la denuncia del PP al vincular a su marido con el escándalo de la formación, la entonces jefa del Gobierno andaluz declaró cuando compareció en la Cámara autonómica el 31 de mayo de 2016 que el sueldo de su esposo osciló "entre los 700 y los 1.200 euros" y, a preguntas de la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero, lanzó un titular: "Me he casado con un tieso, sí".
El sindicato justificó ese gasto con el concepto de "preparación/tutoría/ evaluación" y se incluyó el nombre de Moriche en el listado de docentes de las acciones formativas a pesar de que era auxiliar administrativo.
El 71,71 % de los gastos, no subvencionables
En la resolución, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla detalla que el 71,71 % de la cuantía que suman los dos citados expedientes eran gastos no subvencionables, como el hecho de que UGT imputara gastos de docencia cuando ésta se llevó a cabo por parte de personal de IFES, partidas de publicidad o el alquiler de locales cedidos a Soralpe (de la que UGT-A era socio único).
El instructor relata en el auto cómo, durante el quinquenio 2009-2013, responsables de UGT-A se concertaron con diversos proveedores "a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias». Ello habría permitido a la organización sindical desviar parte de los fondos públicos recibidos de la Junta de Andalucía "a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido".
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