El Gobierno tiene ante sí una frenética y difícil jornada de negociación con los partidos para tratar de salvar la que se entiende como quinta y última prórroga del estado de alarma que se votará el miércoles en el Congreso de los Diputados, una vez el Consejo de Ministros anuncie este martes la fecha exacta sobre la cuál formalizarán la solicitud de confianza a la Cámara para extender la situación de excepcionalidad y que el propio presidente del Gobierno fijaba en "alrededor de un mes", hasta el final de la desescalada.

Desde que comenzase la crisis, Sánchez ha visto como sus apoyos en el Congreso a las sucesivas prórrogas han ido menguando. De hecho, en la última votación, el presidente del Gobierno no respiró hasta que consiguió amarrar el 'sí' de los 10 diputados de Ciudadanos, cuando apenas restaban unas horas para que comenzase el pleno. Aunque en Moncloa el fracaso no es una opción, y de puertas para afuera se confía en que la prórroga salga adelante porque "es de sentido común y de necesidad", como evidenciaba José Luis Ábalos en la jornada de ayer, la aritmética podría imponerse esta vez y sumir a Sánchez en una derrota que supondría, de facto, una estocada fatal para el Gobierno de coalición.

Sánchez sólo necesita mayoría simple -más síes que noes- para salvar la prórroga. Pero en esta ocasión los apoyos al jefe del Ejecutivo penden de un hilo. En concreto, el equipo de Sánchez sigue negociando a esta hora con PNV, ERC, Bildu, JxCat, Ciudadanos y partidos minoritarios como Coalición Canaria, que aún no han dado su visto bueno. En este instante, el Gobierno (155 escaños) sólo tendría asegurados 160 votos, siempre y cuando Más País, PRC y Teruel Existe no cambien su dinámica de voto este miércoles. En el bloque del 'no' se situarían claramente PP, Vox, Foro Asturias y, si nada cambia, la CUP, que sumarían un total de 143 escaños.

La vía de negociación con Casado está completamente descartada. El PP voló todos los puentes con Sánchez después de abstenerse en la última votación "por responsabilidad", si bien Génova se ve ya como alternativa y eso incluye estar de frente y no al lado de Pedro Sánchez, por lo que su 'no' a la prórroga del estado de alarma será rotundo. Se unen así a Vox, que lleva votando en contra desde la segunda solicitud de prórroga, al igual que la CUP.

Depende Sánchez por tanto de lograr convencer a los 178 diputados que dieron su respaldo al Gobierno el pasado 6 de mayo, si bien puede comenzar restando a Ciudadanos de esa baraja: la formación que preside Inés Arrimadas ratificó el lunes que no secundará una prórroga de 30 días como plantea el Ejecutivo.

Sin visos de que Sánchez acceda a reducir la prórroga a los tiempos que exigen los naranjas -de dos semanas, como todas las anteriores- Ciudadanos podría sumarse esta vez a la mano de la abstención y transitar incluso al 'no' si en estas 24 horas se produce otra variante: que el Gobierno vincule la reactivación de la mesa de diálogo con la Generalitat a cambio de los votos de ERC, una línea roja inquebrantable para los de Arrimadas, porque supondría dar "privilegios a determinados territorios y rompiendo la unidad de todos los españoles", que "nada tiene que ver con salvar vidas".

Una vez conocida la posición de Ciudadanos, el Ejecutivo ha optado de nuevo por encomendar su futuro a los deseos nacionalistas. ERC y JxCat, que se posicionaron en el 'no' en la última votación, negocian ahora una abstención que dé oxígeno a los planes del Gobierno y ponga de relieve, de nuevo, la mayoría de la investidura en detrimento de los pactos con el centro político.

Pero el apoyo del independentismo nunca sale gratis. Sánchez deberá ceder a reivindicaciones como retomar "lo más pronto posible" la mesa de negociación sobre el conflicto político catalán, aparcada por el impacto del coronavirus, y que el Govern catalán tenga "la última palabra" sobre el desconfinamiento de Cataluña si se mantiene el estado de alarma. En un planteamiento parecido a los de sus socios republicanos, JxCat estudia moverse a la abstención siempre y cuanto se reconozca a Quim Torra como "autoridad competente" para la desescalada en la región.

ERC y JxCat negocian con el Ejecutivo el giro a la abstención, aunque por el momento siguen en el 'no'

Por el momento, ninguna de las dos formaciones ha salido del 'no', si bien la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, prometía en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso un modelo de excepcionalidad "radicalmente distinto" en el que prime la "cogobernanza" y el carácter "asimétrico" entre las autonomías, es decir, pudiéndose levantar el estado de alarma en función de los avances de cada territorio. Se trata de un formato con el que el Gobierno tratará de arrastrar también al PNV, para que los nacionalistas vascos no se muevan en este caso del 'sí'.

Por su parte, EH Bildu tampoco ha desvelado aún el sentido del voto de sus cinco diputados que en la última ocasión se situaron en la abstención. La portavoz de la formación en el Congreso, Mertxe Aizpurua, deslizaba de forma velada algunas de las peticiones al Gobierno, como la excarcelación y acercamiento de presos etarras a las cárceles de País Vasco, unas intenciones que ya han sido denunciadas por el PP.

¿Y si decae el estado de alarma?

La intención expuesta por el Ejecutivo es sacar adelante esta vez una prórroga del estado de alarma atípica. Si bien tenía varias opciones encima de la mesa respecto a su duración, el Ejecutivo se ha decantado finalmente por solicitar una prórroga de algo más de un mes, hasta el 27 de junio, según ha avanzado la Cadena Ser.

De este modo y según el calendario previsto, buena parte de España habría alcanzado ya la 'nueva normalidad', mientras que Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León acabarían de entrar en la Fase 3 de la desescalada.

En caso de no salir adelante, el mando único del Gobierno quedaría inmediatamente en suspenso y la toma de decisiones volvería a depender de las comunidades autónomas, que fijarían los siguientes pasos en la desescalada sin la necesidad de pasar por una orden ministerial.

El Ejecutivo podría mantener el control sanitario y limitar los movimientos de la población mediante la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, sobre la que el Gobierno prepara una reforma legal que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento y que no estará lista antes del mes de julio, un mecanismo al que podría añadir otros instrumentos legales como la Ley de Seguridad Nacional para restringir la libertad de movimiento una vez decayese el estado de alarma.