El Gobierno pretende que la futura Ley del Cambio Climático, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir al Congreso para su aprobación, sirva para garantizar que las inversiones de los grandes grupos empresariales y las inversiones y préstamos de las entidades financieras tengan objetivos sostenibles y sirvan para combatir la emergencia climática.

El Ejecutivo pretende fomentar que las “inversiones sean sostenibles” y toma medidas para vigilar que “vayan en la dirección correcta y evitar que el dinero vaya a la basura”, ha subrayado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La futura ley marca como objetivo llegar a 2050 con una economía neutra en emisiones de carbono y con un sistema eléctrico 100% renovable.

“En España es necesario llevar a cabo un proceso de aprendizaje que conduzca a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española y sus empresas y favorecer de esta forma la aplicación progresiva y cada vez más sofisticada de criterios de responsabilidad en materia de clima por parte de todos los actores”, se recoge en el proyecto de Ley de Cambio Climático aprobado este martes. “Es necesario fomentar el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (…) que permita reorientar los flujos de capital con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo”.

Para conseguirlo, la ley recoge la obligación de información para el sector financiero, el asegurador y las grandes empresas. “Se introduce la obligación de presentar, en materia de obligaciones de información no financiera, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad”, apunta el texto.

En este sentido, el Gobierno establece la obligación de que los bancos y aseguradoras deberán elaborar  cada año a partir de 2023 un informe evaluando el impacto financiero en su negocio de los riesgos del cambio climático. Y en el caso concreto de las entidades bancarias, deberán también publicar objetivos específicos de su cartera de préstamos e inversiones para que estén alineados con los objetivos ambientales del Acuerdo de París.

Con este mismo objetivo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente cada dos años un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y con propuestas para combatirlo para remitirlas al Congreso de los Diputados.

La obligación de información se extenderá también a todos los grupos empresariales y empresas individuales de gran tamaño, que deberán incluir en su informe de gestión que se recoge en sus cuentas anuales una evaluación del impacto financiero sobre la compañía de los riesgos ligados al cambio y deberán explicar las medidas adoptadas para combatirlo.