El Ministerio del Interior ha renegociado la compra del lote de 50.000 test que compró a una clínica ginecológica madrileña para el diagnóstico del coronavirus después de que hayan transcurrido casi dos meses desde que firmó el contrato y siga sin disponer de la mercancía. La tardanza ha llevado al departamento que dirige Grande-Marlaska a plantearse la rescisión del acuerdo, posibilidad que ha quedado aparcada a la espera de que el proveedor cumpla el nuevo calendario de entregas.

Como desveló El Independiente, la Secretaría de Estado de Seguridad firmó el pasado 27 de marzo un contrato con el Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo SL para que le sirviera un lote de 30.000 pruebas a un precio unitario de 12 euros, lo que arroja una cifra de 360.000 euros. El encargo se amplió tres días después en 20.000 unidades más, lo que elevó el montante de la operación a 600.000 euros.

Fuentes de Interior han informado a este diario de que el contratista se ha comprometido a entregar "este fin de semana" las primeras 20.000 pruebas a razón de 10 euros la unidad, lo que supondría un ahorro de 40.000 euros sobre el precio inicialmente pactado que destinarán a la adquisición de más test. El resto del pedido lo suministraría "la próxima semana" al importe acordado: 12 euros.

Al retraso motivado por la situación en que se encuentra el sector del transporte aéreo a nivel internacional se ha sumado el hecho de que el test ofrecido por el Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo no contaba con el marcado CE, un distintivo que acredita que el artículo cumple con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad establecidos en la legislación vigente y que los productos sanitarios tienen que exhibir para que se puedan comercializar en España.

Cuando se cerró la compra, Interior conocía que ambas homologaciones se encontraban "en trámite", según se detalla en el antecedente administrativo tercero de los dos contratos que el secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez) firmó con el representante de la empresa adjudicataria (Ignacio Palomo Álvarez). El contratista habría garantizado ahora que los test "ya están certificados".

Interior dice que el proveedor se ha comprometido a entregar las 20.000 primeras pruebas "este fin de semana" y el resto en los próxinos días

El encargo inicial al Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo se rubricó justo un día después de que el ministro Salvador Illa acudiera al Congreso de los Diputados y tuviera que dar explicaciones en la Comisión de Sanidad por la compra de un lote de 659.000 test de diagnóstico que su departamento hubo de devolver al comprobarse que no ofrecían la sensibilidad mínima exigida por la UE. En esa adjudicación intermedió la empresa española Inter Pharma, correspondiendo la producción a la compañía china Shenzhen Bioeasy Technology.

Las fuentes de Interior dijeron que no será necesario anular los contratos firmados y redactar otro nuevo al no superarse el gasto inicialmente comprometido, al tiempo que aseguraron que este lote ya no les urge porque se han hecho con otras existencias: "Será para reservas estratégicas". Este periódico ha intentado conocer la versión del Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo, pero ha rehuido las reiteradas llamadas telefónicas realizadas.

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El pasado 8 de mayo, el PP registró en el Congreso una solicitud para que comparezca el número dos de Interior a fin de que dé explicaciones por los contratos de emergencia que ha firmado para la compra de material de prevención y diagnóstico de la covid-19 por un importe que supera ya los cuatro millones de euros, entre los que se encuentra la adjudicación de los test a la citada empresa madrileña.

"¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio del Interior adquiere test de covid-19 para sus funcionarios sin homologación de la Unión Europea? ¿Va a realizar la prueba a los funcionarios sin dicha homologación?", son algunas de las preguntas que ha planteado el PP en una de las iniciativas parlamentarias que ha registrado.

Para hacer frente a los gastos derivados de la compra de material y cubrir la demanda de medios de protección, la Secretaría de Estado de Seguridad ha ampliado a 5.040.000 euros el presupuesto con cargo a la resolución de emergencia que había dictado el pasado 31 de marzo, fijada inicialmente en tres millones.

Con ese importe, el Ministerio del Interior calcula que podrá costear la adquisición de 4.674.000 millones de mascarillas, 366.000 test, guantes de nitrilo, gafas protectoras, mamparas, geles hidroalcohólicos, batas desechables y buzos para los policías nacionales, guardias civiles y funciones de Instituciones Penitenciarias.