El martes 31 de marzo, cuando el país llevaba ya dos semanas en estado de alarma, 4.010 policías nacionales y 3.412 guardias civiles no pudieron presentarse en sus puestos. Esos 7.422 agentes permanecían de baja aquel día al estar contagiados por coronavirus o tener sospechas de que podían sufrir la enfermedad, que se ha cobrado ya la vida de 15 funcionarios de ambos Cuerpos.

Casi dos meses después, los datos recopilados por El Independiente reflejan que la curva de infectados y aislados en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ha conseguido también aplanar, al reducirse a 1.672 el número de policías y guardias civiles que este viernes permanecían fuera de servicio por la covid-19. La reducción es del 78 %. Sin duda, la realización de los test ha sido fundamental en la disminución del número de agentes en cuarentena: éstos se reincorporan inmediatamente al servicio en el momento en que la prueba arroja un resultado negativo.

Los datos ponen de manifiesto la exposición a la que han estado sometidos desde el inicio los integrantes de los cuerpos policiales, un eslabón fundamental en el control de las restricciones de movimientos de personas y vehículos establecidas en el decreto que reguló el estado de alarma. Es por ello por lo que los representantes han exigido desde el primer momento que se les considerara un colectivo de alto riesgo, a fin de tener acceso rápidamente a los test y evitar contagios indeseados.

Según los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, muchos de los contagios en las primeras semanas han podido deberse a la falta de material de protección con la que trabajaron las plantillas. Es la queja unánime de todas las organizaciones y que rebate el ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska mantiene que los agentes han dispuesto en todo momento de los medios "necesarios y precisos" para desempeñar sus funciones.

Los casos de agentes en aislamiento caen con el inicio de la realización de los test, lo que permite la vuelta al servicio a los que dan negativo

En el caso de la Guardia Civil, el pico de infectados se alcanzó a finales de abril, cuando la cifra llegó a rozar los 2.000. En cuanto al número de aislamientos, el 2 de abril se superó la cifra de 3.000, casi el 4 % de los efectivos que integran este Cuerpo. En la Policía Nacional, a la cota de contagiados se llegó el 19 de abril: 824. A principios de ese mes se contabilizó el mayor número de agentes aislados con más de 3.300, descendiendo a partir de ese momento.

En el Instituto Armado, la incidencia del virus ha tenido una incidencia mucho mayor, lo que llevó al ministro Grande-Marlaska a ordenar una investigación para determinar por qué se habían registrado más casos en este Cuerpo. También se han registrado más fallecimientos en la Guardia Civil (9) que en la Policía (6).

"Falta de material y de medidas organizativas"

"A la vista de los datos, es evidente que algo se ha hecho peor en la Guardia Civil que en el resto de cuerpos policiales", lamenta el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández. En su opinión, a la "falta de material" de protección se suma que no se hayan tomado otras medidas de carácter organizativo, como "haber nombrado servicios con personal estanco y retenes para que toda la fuerza no estuviera disponible al mismo tiempo". Ello -insiste- ha provocado un "mayor número de contagios" en el Cuerpo respecto a la Policía Nacional, tendencia que se mantiene durante la desescalada.

También la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) se apresura a llamar la atención sobre la carencia de medios con la que se han enfrentado a esta crisis sanitaria. Días antes de ponerse en cuarentena, el agente Francisco Javier Collado Rivas -destinado en la unidad penitenciaria de Herrera de la Mancha (Ciudad Real)- alertó a esta asociación profesional de la falta de guantes, desinfectantes y mascarillas. Días después se convirtió en uno de los primeros fallecidos del Cuerpo, que acumula ya nueve decesos por coronavirus. "Salvo problemas puntuales, hoy ya disponemos de todo", admite Juan Amado, portavoz de la AEGC.

El número de infectados en la Guardia Civil ha sido sensiblemente superior al de policías en toda la crisis: "Algo se ha hecho peor"

"El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha estado desaparecido a nivel de Comandancias", se queja el vicepresidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), Ángel Ramírez. A su juicio, esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto "la efectividad del despliegue" territorial del Cuerpo y destaca el papel de los oficiales de compañía y los comandantes de puestos en las primeras semanas para organizar servicios y evitar contagios, así como para hacer acopio de material de protección con las donaciones de otras administraciones y entidades sociales: "La propia dirección general se vio claramente desbordada".

Desde la Unión de Guardias Civiles consideran que la gestión que se ha realizado desde la cúpula del Cuerpo ha sido "desastrosa". A la carencia de equipos de protección y de test masivos suman la "ambigüedad" de las órdenes dadas a la ahora de aplicar las normas de confinamiento y la "falta de protocolos" por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. "Es verdad que es una situación a la que nadie en el mundo estaba preparado, pero debemos tomar conciencia de que puede ocurrir en el futuro y tenemos que estar mejor preparados. También que la cadena de mando sea más clara en la transmisión de órdenes", expone Javier Nodar, secretario estatal de Relaciones Institucionales de UniónGC.

¿Fallecidos en acto de servicio?

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) muestran su preocupación en este momento por la "detección de los contagios", por lo que piden que se sigan haciendo test de manera masiva. Ello permite detectar de manera temprana posibles casos de contagios y posibilitar que el agente vuelva al servicio si la prueba es negativa. Como el resto, también esta organización exige que todos los fallecimientos por covid-19 sean considerados en "acto de servicio".

La falta de medios de protección en las primeras semanas es una queja compartida por todos los sindicatos con representación en el Consejo de Policía. También coinciden en la necesidad de que se hagan pruebas de forma masiva para minimizar el número de contagios y que, de esta forma, no se vea mermada la capacidad operativa del Cuerpo en un momento en el que su aportación es fundamental para controlar el cumplimiento del plan de desescalada por parte de la ciudadanía.

Víctor M. Vigil, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), identifica un punto de inflexión en esta crisis en torno al 20 de abril. Hasta esa fecha creció de forma ininterrumpida el número de agentes en cuarentena. "No había test y la sospecha de cualquier síntoma se daba como positivo y se procedía al aislamiento del compañero. Sólo cuando instamos a la Dirección General a realizar pruebas las cosas cambiaron", apunta.

Vigil llama la atención sobre el hecho de que, hasta la tercera semana de abril, "había algunos políticos con más acceso a pruebas" que los policías pese a que éstos "trabajan cerca del ciudadano todos los días", al tiempo que aboga por que la dirección general disponga de sus propios test para no depender de las compañías médicas. "Si hay rebrotes en el futuro tendríamos que tener un stock. Es la única solución para aislar rápidamente los contagios y evitar que se propaguen entre compañeros, como ocurrió en marzo y principios de abril", añade.

Policías se quejan de que haya habido políticos "con más acceso a pruebas" que ellos, que "trabajan cerca del ciudadano todos los días"

En esta idea incide Pablo Pérez, portavoz de Justicia Policial (Jupol). El agente exige que se haga la prueba y se ponga en cuarentena a todos los funcionarios que hayan tenido un "contacto directo" con un caso confirmado por covid-19 para no propagar la posible infección.

Pérez pone como ejemplo el caso de los policías de la comisaría de Maspalomas, adonde fue trasladado un inmigrante que llegó en patera a la isla el pasado domingo y que ha dado positivo. "Se ha puesto en riesgo a los compañeros por no haber un protocolo claro ni un sitio establecido para que estas personas hagan la cuarentena", critica.

Medios de protección, protocolos, realización de test, cadencias en la prestación del servicio y desinfección de edificios y vehículos son algunas de las peticiones que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también viene reclamando a la dirección desde que se inició la crisis sanitaria y vieron el riesgo al que se exponían los funcionarios. "Nuestra actividad se ha extendido a la consecución de un turno de trabajo para los servicios operativos permanentes que alargase la cadencia y dificultase los contagios, haciendo los grupos de trabajo más estancos. Es el turno 6x6 (seis días trabajados y 6 de descanso)", destaca Mónica Gracia, secretaria general del SUP.

En opinión de esta organización, es necesario prolongar esa cadencia en la prestación del servicio para tratar de reducir la transmisión. "La nueva normalidad en la Policía Nacional no puede existir hasta que el virus tenga un tratamiento en forma de vacuna y, por ello, el riesgo que afrontamos en las intervenciones en la calle y/o con ciudadanos es muy alto", agrega Gracia.

Gestión "nefasta"

"Nefasta". Así resume la Unión Federal de Policía (UFP) la gestión que ha hecho la dirección general, ocupada por Francisco Pardo Piqueras tras colocar Pedro Sánchez a Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. "Ha faltado material, se ha tardado en empezar a hacer los test, no sabemos la fiabilidad de estas pruebas...", enumera José María Benito, portavoz de este sindicato.

Benito lamenta que no sólo no se le hiciera caso al jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales tras recomendar a finales de enero que los policías que prestan servicio en los puestos fronterizos de los aeropuertos utilizaran mascarillas en el contacto con pasajeros procedentes de vuelos de China sino que se le destituyera, al tiempo que no encuentra razones para comprender por qué Sanidad no ha catalogado a policías y guardias civiles como colectivos de riesgo.

Por su parte, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) se queja de la "falta de transparencia" en cuanto a los datos sobre la evolución de la pandemia entre los funcionarios del Cuerpo desde el inicio de la crisis, los medios de protección que se han suministrado entre las plantillas y las cantidades y las medidas preventivas a adoptar.

Interior dice que ha ido "más allá" de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para proteger a sus funcionarios y preservar un "servicio esencial"

"Es lamentable que la prevención de riesgos laborales no sea una cuestión prioritaria para la Dirección General de la Policía. Seguimos sin la implantación total del desarrollo territorial, sin crear las unidades básicas sanitarias, así como sin la implantación, desarrollo y dotación económica necesaria para una correcta viabilidad y eficacia de los planes de emergencia y autoprotección", critica Adolfo Medina, portavoz del SPP.

Frente a las críticas de los sindicatos y asociaciones profesionales, desde el Ministerio del Interior aseguran que ha sido "severos" desde el inicio en la adopción de medidas para proteger a sus funcionarios y que han ido incluso "más allá" de lo que recomendaban las autoridades sanitarias en un intento de preservar un "servicio esencial" y que no se viera mermada la respuesta operativa en un momento de máxima necesidad.

"Se ha aislado a cualquier agente que hubiera estado en contacto con un casos sospechoso, lo que ha hecho que aumentara el número de personas en cuarentena. Esa cifra ha ido bajando conforme se han ido haciendo test, al reincorporarse al servicio si el resultado era negativo, y por la propia evolución de la pandemia", señalan las fuentes.