El lehendakari Iñigo Urkullu lleva días reclamando más información. Este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el Ingreso Mínimo Vital pero a esta hora el Ejecutivo vasco asegura desconocer cuál será el “ajuste financiero” que se contempla para trasladar esa medida a Comunidades como la vasca, en la que ya existe una ayuda similar, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Este año el presupuesto vasco contempla un desembolso sólo por este concepto, -sumado a la prestación por vivienda-, de 472,5 millones de euros.

Ahora, el Gobierno vasco quiere conocer cómo se le va a “compensar” a Euskadi, de acuerdo a la aplicación del Concierto Económico, por el posible solapamiento que suponga la implantación de esa medida, de competencia autonómica, y que por importe se queda por debajo de la que actualmente representa la RGI. La base del encaje será que el IMV y la RGI puedan ser complementarias, con lo que el País Vasco quedaría al margen de la financiación de cerca de 3.000 millones en los que se estima el coste de la medida que el viernes aprobará el Consejo de Ministros.

Conocer cómo se van ajustar estos elementos de financiación en un ámbito competencial propio es ahora la mayor inquietud sin respuesta en el Ejecutivo vasco que ve cómo evitar que la factura de gastos se le eleve en tiempos de crisis como el actual.

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez es que desde el mes de junio se ponga en marcha un procedimiento de ayudas para las situaciones de mayor necesidad. Se estima que 850.000 familias podrían acogerse al Ingreso Mínimo Vital, a razón de una ayuda de 230 euros por cada miembro de la unidad familiar.

De 693 a 1.074 euros

Los importes que el Ingreso Mínimo Vital contempla están por debajo de los que tienen derecho los cerca de 52.000 perceptores vascos. La ‘horquilla’ de la RGI vasca oscila entre los 693 y los 1.074 euros mensuales, frente a los 462 a 1.015 euros que como máximo prevé la ayuda estatal para paliar situaciones de extrema necesidad. La cuantía en Euskadi varía en función de la situación laboral y el número de personas a cargo del perceptor. Además, siempre se condiciona a la búsqueda activa de empleo.

El Ejecutivo vasco ha solicitado a lo largo de las últimas reuniones de presidente autonómicos que cuanto antes se clarifique esta cuestión que tendrá efectos en las arcas del Cupo vasco. Por el momento lo que ha trascendido es la voluntad del Ejecutivo central de crear un organismo de coordinación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas para llevar adelante la coordinación de esta ayuda. La medida, que inicialmente se contempló como coyuntural y ahora se plantea con vocación de continuidad, también prevé que pueda ser compatible con algunas ayudas autonómicas pero sólo de manera parcial. Actualmente comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias o Canarias cuentan con ayudas para situaciones de necesidad.

En el caso de la RGI, la ayuda está condicionada a la búsqueda de empleo y es renovable por periodos de dos años. La medida se implantó hace más de tres décadas en Euskadi. El origen data de 1989 cuando se aprobó el Plan Integral de lucha contra la pobreza’ en el País Vasco en un periodo en el que la crisis industrial y económico provocó situaciones de gran necesidad. Con los años, la ayuda se fue mejorando hasta convertirse en la RGI actual que plantea ayudas diferenciadas para colectivos en edad laboral y personas jubiladas.

"No devolvemos transferencias"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguró ayer que por ahora ha habido contactos pero continúa sin esclarecerse la “concepción” de la ayuda y la “coordinación” a la que va a obligar: “Hay cuestiones técnicas sobre su compatibilidad con otras ayudas que deben ser aclaradas”. Recordó que la ayuda que se a aprobará pasado mañana es "de nuevo cuño" y que al englobarse dentro de las competencias propias del País Vasco cabrían sólo dos opciones.

La primera de ellas pasaría por la devolución al estado de la competencia, "y Euskadi nunca devuelve competencias" o por el ajuste financiero de la cuantía de la medida.

El propio Urkullu aseguró en uno de los encuentros con Sánchez que lo que se debe aprobar es una base común para todas las comunidades autónomas y a partir de ahí permitir que cada una de ellas pueda complementar esa ayuda, que en el caso del País Vasco se haría a través de ingreso mínimo vital.