No es una cuenta bancaria al uso. No está abierta en una oficina comercial, sino directamente en el Banco de España, y el titular formalmente es el Tesoro Público. El Gobierno la puso en marcha muy a finales de marzo para centralizar las donaciones en metálico de empresas y de particulares para hacer frente a los gastos extraordinarios ocasionados por la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19.

La recaudación por donaciones al Estado con motivo de la crisis sanitaria del Covid ascendía exactamente el pasado 28 de junio, tres meses después desde la apertura de la cuenta bancaria centralizada, a 17.214.914,36 euros, según los datos obtenidos por El Independiente del Ministerio de Hacienda tras una petición a través del Portal de Transparencia. La Oficina Nacional de Contabilidad, en cambio, ha optado por no desvelar el número de donantes que han hecho esas aportaciones y ni en qué proporción proceden de particulares o de empresas.

Las donaciones de dinero se están ingresado en una cuenta del Banco de España (ES17 9000 0001 2002 5001 2346) y los abonos sirven  para generar crédito que puede utilizar el Ministerio de Sanidad como parte de la aplicación presupuestaria denominada “Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con el Covid-19 en España”. Y lo puede hacer sin necesidad de una aceptación expresa de las donaciones como vía para agilizar el proceso.

Compañías españolas, de grandes del Ibex a pequeñas empresas locales o start-ups minúsculas, se han volcado donando material sanitario y de otro tipo, produciéndolo directamente reformando sus equipos y su actividad para ello, y también han hecho donaciones dinerarias a administraciones, a ONG volcadas en paliar el impacto económico de la crisis en la sociedad y a diferentes organizaciones sanitarias y científicas en busca de tratamientos o de vacunas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), por ejemplo, ha recibido donaciones privadas, tanto de particulares como de compañías por más de 12 millones de euros para desarrollar sus programas contra el Covid-19.

El Gobierno ha recibido en este tiempo, singularmente de las grandes corporaciones españolas, miles de equipos de protección frente al virus para el personal sanitario y para otros empleados públicos. Sólo gigantes empresariales como Inditex, Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola, Endesa o ACS se movilizaron de manera coordinada para aportar en material sanitario y actuaciones de ayuda directa a hospitales u otras instalaciones críticas en torno a 150 millones de euros. Una acción que servía para agilizar las compras y el transporte del material sin tener que atender a los trámites burocráticos obligatorios para las Administraciones.

Millones de mascarillas, de pantallas, guantes, batas desechables… que posteriormente el Ministerio de Sanidad distribuía entre las administraciones regionales y locales. La aportación directa en metálico mediante donaciones para la Administración central, en cambio, ha sido relativamente modesta, con esos 17,21 millones frente a las aportaciones dinerarias millonarias realizadas a diferentes organizaciones por cientos de empresas.

Según el real decreto que reculaba las donaciones, en el caso de que las aportaciones consistieran directamente en bienes inmuebles, éstos serían aceptados por la Ministra de Hacienda, tal y como se recoge en la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas, pudiendo destinarse los inmuebles directamente a la lucha contra el COVID-19 o enajenarse y aplicar el producto obtenido a esta finalidad.

La Oficina Nacional de Contabilidad, sin embargo, no ha atendido el requerimiento de información de este diario al respecto de estas donaciones en inmuebles y se remite al Ministerio de Sanidad para aportarla y dar detalles sobre el número de donativos en inmuebles y el destino de los mismos, pese a que las competencias recaen en el Ministerio de Hacienda.