El Gobierno vasco se ha felicitado hoy de la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso que en mayo del año pasado presentó Ciudadanos contra la llamada 'Ley de víctimas de abusos policiales' del Ejecutivo vasco. Con ella se pretende reconocer y reparar a posibles víctimas de excesos policiales cometidos por funcionarios públicos entre 1978 y 1999.

El Secretario General de Convivencia y Derechos Humanos, Jonan Fernández ha asegurado que la decisión de Constitucional no sólo avala la norma sino que supone "un punto de inflexión" para avanzar en el conjunto de la sociedad vasca "en materia de memoria y convivencia". Fernández ha confiado en que se puedan dar pasos para que la sociedad en su conjunto pueda compartir la idea que subyace en la ley y que pasa por defender que "todas las víctimas de vulneración de derechos humanos tienen derecho a ser reconcidas y reparadas".

Considera que la reparación para quien ha sido víctima de este tipo de vulneraciones se debe reconocer y reparar "sin hacer distinciones ni equiparaciones, sin marginaciones ni exclusiones": "Todo asesinato, toda vulneración requiere una memoria crítica, clara y honesta", ha asegurado.

En una declaración leída, Fernández ha señalado que la decisión del Constitucional tiene efectos en el ámbito judicial y en el ético. En el primero de ellos ha señaldo que deja claro la constitucional de la comisión de valoración que debe determinar el reconocimiento de posibles víctimas y su reparación. Ha apuntado que el TC avala que el Gobierno vasco pueda realizar esta labor y que ello, tal y como se plantea en la ley 5/2019 -modificando la ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política- sin que ello suponga una invasión competencial del poder judicial.

Sin 'calificación jurídica'

En su resolución, desestimando el recurso presentado por 50 diputados de Ciudadanos en mayo de 2016, el Constitucional señala que no se puede entender que se invadan competencias judiciales ya que la pretension de la Comisión de Valoración no es investigar casos sino reconocer víctimas basándose en documentos y procedimientos ya realizados. Apunta que la citada Comisión no pretende establecer ninguna "calificación jurídica de eventuales actos de conductas punibles" sino reconocer y reparar a las posiles víctimas de excesos policiales. Para ello, recuerda el TC, no procederá a "investigar hechos" sino que se basará en "expedientes administrativos o judiciales" ya existentes.

Fernández ha destacado que el segundo ámbito en el que tiene un impacto evidente la resolución del TC es en el ético. Destaca que abre una oportunidad para "avanzar en la memoria y la convivencia" reconociendo a todas las víctimas: "Permite reconocer su injusticia, la haya causado quien la haya causado, sin excepciones ni teorías exculpatorias de ningún tipo".