El Gobierno ha decidido este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional los apartados de los presupuestos de la Generalitat previstos para la celebración del referéndum de independiencia. El Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas presupuestarias destinadas a "procesos electorales y consultas populares" y "procesos de participación ciudadana", de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017, de 28 de marzo 2017, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017. Los presupuestos catalanes se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y de hecho entraban en vigor hoy.

La disposición adicional recurrida por el Gobierno es la que recoge los textos propuestos por la CUP y CSQP para dar cobertura económica a la celebración de un referéndum de independencia, unilateral para los antiscapitalistas, pactado con el Gobierno según los comunes. En concreto, el texto impugnado estipula que el gobierno catalán "habilitará las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña".

Advertencia de los letrados del Parlament

Un texto que ya fue cuestionado, durante la votación final de los presupuestos catalanes, por el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, y el secretario general de la Cámara, Xavier Muro. Ambos exigieron la lectura ente el Pleno de un escrito en el que advertían de que tanto la adicional 31 propuesta por el Govern como la enmienda de la CUP podían vulnerar la advertencia del Tribunal Constitucional que anuló la resolución del Parlament del 6 de octubre de 2016 para convocar un  referéndum independentista. "La votación y eventual aprobación de la disposición adicional o la enmienda mencionada comportaría ignorar la advertencia del auto respecto al deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica que contravenga la declaración de nulidad, con las responsabilidades que se derivarían en caso de no atender este deber", advertían los letrados.

La votación y eventual aprobación de la disposición adicional o la enmienda mencionada comportaría ignorar la advertencia del auto del TC, señalaron los juristas del Parlament

Una advertencia que fue desoída por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien en una tensa sesión se negó a suspender la votación para que la Mesa y la Junta de Portavoces pudieran analizar la advertencia de los letrados, como reclamaron en reiteradas ocasiones todos los grupos de la oposición. El rodillo de JxS y la CUP se impuso a las quejas de C's, PSC, CSQP y PP, lo que ha derivado esta semana en un escrito conjunto de estos grupos para exigir un mínimo de neutralidad a la presidenta del Parlament.

El presupuesto catalán incluye además dos partidas destinadas a "procesos electorales" y a "procesos participativos", dotadas respectivamente con 5 millones de euros y 800.000 euros, que dependen de la conselleria que dirige Raúl Romeva. Ambas partidas, incluídas en las cuentas catalanas bajo el epígrafe "relaciones institucionales y participación ciudadana", serán recurridas también por el Gobierno.

Recursos desde el Congreso

Al margen del recurso del Gobierno, el grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentará también el próximo martes un recurso contra la inclusión de partidas para el referéndum en las cuentas catalanas. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha confirmado esta medida, pactada con el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, y ha dejado claro que el PSC "está radicalmente en contra de cualquier iniciativa fuera de la ley y no participará en ninguna iniciativa que no tenga amparo legal. Por eso recurriremos al TC la disposición adicional número 40 de los presupuestos". También el grupo de C's estudia esta medida, que no se puede llevar a cabo desde el Parlament.