A poco más de una semana para el arranque del curso 2020-2021, el Gobierno ha dado a conocer su plan consensuado con las comunidades autónomas (salvo la abstención del País Vasco): mascarillas desde los seis años, lavado de manos mínimo cinco veces al día o la figura obligada del coordinador COVID son algunas de las principales directrices que, sin embargo, han dejado muchas dudas entre los principales actores del sector. El plan Celaá no convence.
Los padres: "El plan nos deja casi la misma incertidumbre que teníamos"
La Confederación Estatal de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) echa de menos que el Gobierno haya dejado en manos de las comunidades autónomas la elección de las ratios de alumnos por clase. "Esperábamos que el Ministerio marcase al menos un número máximo de estudiantes por clase. Igual que Sanidad está delimitando el número de personas que pueden reunirse al aire libre, lo hiciese con los niños que van a compartir un espacio cerrado", reivindica Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA.
Cardenal valora positivamente las medidas sanitarias (relativas al lavado de manos o la ventilación) pero muestra dudas sobre su puesta en marcha. "Nos cuesta creer que se puedan llevar a la práctica. El lavado de manos cinco veces al día para 25 alumnos supondría al profesor dos horas. O la ventilación en invierno 15 minutos varias veces al día, lo vemos muy complicado", añade.
CEAPA también echa en falta la figura del profesional de enfermería en el centro, "una medida que llevamos tiempo reclamando y para la que ahora se daba la oportunidad ideal, pero parece que no se dará", apunta y añade que el plan "no concreta medidas y deja una incertidumbre similar a la que ya había".
También destaca la "incertidumbre" Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA): "Tras conocer el plan seguimos sin saber si los centros van a ser espacios seguros para nuestros hijos. No sabemos qué inversión se ha hecho, si los centros están preparados ni cómo se va a vigilar el cumplimiento de las medidas".
Desde CONCAPA reclaman la creación de un "observatorio de vigilancia e implantación de medidas COVID". "Creemos que deberían formar parte representantes de las consejerías de Sanidad y Educación y de la comunidad educativa, centros, sindicatos y familias, que sería la que podría garantizar y dar tranquilidad a las familias de que las medidas impuestas son viables y se implantan".
Ambas asociaciones de padres rechazan también la implantación de los documentos de consentimiento que se han propuesto tengan que firmar los padres: "Nos chirría tener que firmar un documento de este tipo, estamos viendo incluso qué posibilidades tenemos de hacer algo porque nos parece mal que se quiera responsabilizar a las familias o no se pueda reclamar a nadie si un niño se contagia", afirma Cardenal.
Los sindicatos de docentes: "Decepción"
Para CSIF y Comisiones Obreras, dos de los principales sindicatos de profesorado, califican el plan de "decepcionante".
"No se ha dispuesto una bajada generalizada de ratios, no se ha determinado que los fondos COVID se destinen a la contratación de más personal, tampoco que personal sanitario asista a los centros educativos ni con qué índice de contagios deben cerrar los centros educativos. Todo ello obviando al profesorado y responsabilizándolo de lo que pueda ocurrir", denuncia Mario Gutiérrez, presidente del área educativa de CSIF.
En la misma línea se manifiesta Francisco García, Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, que cree que el plan "aborda un paquete de medidas imprescindibles en el ámbito sanitario y posiblemente ajustadas pero se genera una enorme frustración en el profesorado y en la comunidad educativa porque no se tratan otras cuestiones básicas para garantizar una vuelta a la presencialidad segura".
En concreto, ven "absolutamente imprescindible" que se hubiera establecido "una ratio máxima de 15 alumnos en el segundo ciclo de educación infantil y de 20 en el resto del sistema educativo". Además, consideran que las "recomendaciones son laxas, sin carácter vinculante y dejan cláusulas de descuelgue".
Las reservas de los sanitarios: falta de profesionales en los centros y edad para las mascarillas
Desde el Consejo General de Enfermería, su presidente, Florentino López Raya, valora las medidas de higiene, distancia o mascarillas impuestas pero califica de "grave error" el que ni desde el Ejecutivo Central ni las Autonomías se apueste por la presencia de un profesional sanitario en los colegios. "La ministra Celaá lo ha calificado de 'idea estupenda' pero es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Los profesores ya tienen suficiente con su labor docente, no pueden estar encargados de que se cumplan las medidas de higiene, distancia ni vigilancia epidemiológica", afirma y cree que sin una enfermera en el colegio "el seguimiento de los posibles casos y la clasificación de los contactos probablemente no se haga con la diligencia necesaria para que el virus no se propague". "Las enfermeras de Atención Primaria ya están saturadas realizando ese control de casos entre la población no escolar a la que atienden", añade.
Los médicos a través de la Organización Médica Colegial, el máximo órgano de representación, ya presentaron este lunes un documento en el que muestran diferencias respecto a las medidas propuestas por Sanidad. Los médicos rebajan de seis a cuatro años la edad en la que los niños deberían empezar a llevar mascarilla o rechazan la medición diaria de temperatura, otro de los requisitos del plan acordado por el Gobierno central y las comunidades autónomas.
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