El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a pedir al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le devuelva la condición de perjudicado en el caso del robo del teléfono de su exasesora Dina Bousselham.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, Iglesias se apoya en los informes solicitados al juez a la empresa recuperadora de tarjetas a la que recurrió la pareja de Bousselham y a la Policía Científica, cuyas conclusiones se alejan de la tesis de que el líder de Podemos fuera quien la destruyera.

El escrito de Iglesias expone que el juez se basó en ese supuesto daño a la tarjeta SD del teléfono para retirarle la condición de perjudicado, pero en ambos informes "ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor".

Y recalca que el juez sigue una línea de investigación ajena a la causa, es decir, averiguar qué ocurrió en el robo del teléfono de la exasesora de Iglesias en 2015; cómo llegó su contenido al excomisario José Villarejo, único investigado en esta causa, y cómo parte de su contenido apareció en la primera versión del denominado informe PISA, cuyo objetivo era "desacreditar" al líder Podemos.

Iglesias comenzó como perjudicado en esta causa, que forma parte del caso Tándem sobre las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, pero el juez le retiró esta condición en mayo al apreciar contradicciones entre su versión y la segunda que dio Bousselham sobre el periplo de la tarjeta, que habría llegado de forma anónima a la redacción de la revista Interviú.

El líder de Podemos declaró que cuando la recibió por parte del presidente del Grupo Zeta, ésta funcionaba; mientras que Bousselham dijo que cuando Iglesias se la dio en verano de 2016 -seis meses después de haber sido recuperada-, ya estaba dañada.

Después, al retirarle la condición de perjudicado, la exasesora exculpó a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguró al juez que cuando él se la entregó funcionaba y que luego dejó de hacerlo.

En los últimos meses, el magistrado ha recibido dos informes sobre los supuestos daños de la tarjeta. Uno de una empresa recuperadora de datos que apuntó que cuando se la entregó la pareja de Dina su contenido era "irrecuperable" con los métodos habituales, pero estaba intacta y sin cortocircuitos, por lo que se le podría haber sometido a un procedimiento extraordinario valorado en 600 euros.

En el otro, la Policía Científica concluyó que el dispositivo presenta un lijado que suelen realizar los laboratorios especializados en recuperar información de ese tipo de dispositivos.