Dos comunidades autónomas ya han anunciado la congelación salarial para sus empleados públicos. Tanto Baleares como Extremadura, ambas gobernadas por el PSOE, han tomado la decisión de retrasar los aumentos de sueldo para los funcionarios, a causa de los gastos extraordinarios que han tenido por la pandemia.

Una decisión que todavía no está tomada a nivel estatal y que ha generado división de opiniones entre los ministros de Pedro Sánchez. Mientras la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, no descartan esta opción, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defiende que esta opción no está sobre la mesa.

La congelación salarial de los funcionarios permitiría al Gobierno y también a las comunidades autónomas reducir los gastos públicos en un momento en que se han reducido los ingresos y se han realizado gastos extraordinarios derivados de la crisis del coronavirus. En concreto, Moncloa estima una caída de los ingresos del 5,3% para este ejercicio, tal como se desprende del Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. Un descenso que podría ser todavía mayor, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de entre 30.000 y 40.000 millones menos, con respecto a 2019.

En esta explicación se apoyó la consejería balear de Administraciones Públicas que anunció que no aplicaría durante este año la subida del 2% acordada entre Gobierno central y sindicatos. La consejera Isabel Castro apuntó que este recorte iría destinado a reforzar las plantillas sanitarias y de docentes. Sobre cuándo se aplicaría la subida salarial, Castro indicó que sería “en el momento en que el PIB sea el de 2019”, es decir, cuando se recupere la economía. “En el momento en el que todos los ciudadanos de Baleares se recuperen también se recuperarán los funcionarios”, recalcó.

La Junta de Extremadura, por su parte, indicó que tampoco podía asumir la subida del 2%. La razón también era los gastos extraordinarios a causa de la pandemia. La región estima una caída en la recaudación superior a los 260 millones de euros, sin contar con el descenso en los ingresos tributarios.

Subida pendiente

Esta subida que no se va a producir en Extremadura, ni en Baleares, también está pendiente en la Comunitat Valenciana, cuyo presidente también es de signo socialista. En el caso de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta Mònica Oltra, apuntó que se aplicaría con carácter retroactivo y que no era la primera vez que este tipo de medidas quedaban aparcadas.

El sindicato de funcionarios CSIF ha insistido en varias ocasiones en que se convoque de forma urgente la Mesa General de Negociación, entre otras cosas para abordar la subida salarial de los empleados públicos. La organización sindical ha pedido en su escrito que el Consell lo incluya en la nómina de septiembre con efectos retroactivos ya que considera “inadmisible” que en la reunión informativa de junio la consellera de Administración Pública relegara a noviembre esta cuestión.

Desde CSIF señalan que “no tienen noticias” de otras comunidades autónomas que vayan a congelar la retribución de los funcionarios.

Mantener el poder adquisitivo

Desde el Gobierno insisten en que los funcionarios no van a perder poder adquisitivo, teniendo en cuenta que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerrará el año en una tasa negativa. Por ese motivo, Calviño insistió hace unos días en que el Ejecutivo valoraba distintas opciones pese a negar “recortes”.