La historia de la legalización del Partido Comunista de España, cuyo aniversario se conmemora hoy, y que resultó decisiva para consolidar el éxito de la transición política española desde un régimen autoritario a una democracia plena, comienza un año antes de que esa legalización se produjera. De hecho, comienza el día 7 de febrero de 1976, dos meses después de la muerte del general Franco.
Ese día Santiago Carrillo atraviesa clandestinamente la frontera franco-española. Lo hace a bordo de un Mercedes gris propiedad de su amigo el empresario Teodulfo Lagunero que, junto su esposa Rocío, lo acompañan en este peligroso viaje.
Carrillo entra en España con un pasaporte falso, disfrazado con una peluca gris, sin sus características gafas y con lentillas. En la frontera española el vehículo es detenido por la Guardia Civil, que lo registra de arriba a abajo mientras los viajeros esperan bajo una tensión extrema que los agentes no se acaben dando cuenta de que lo que transporta ese coche no es tabaco de contrabando sino al mismísimo secretario del Partido Comunista español.
Era necesario dirigir sobre el terreno, era una apuesta no exenta de riesgos"
Pasado el trance sin mayores complicaciones añadidas, los viajeros llegan a Madrid y Carrillo se instala en un chalet del madrileño barrio de El Viso que su amigo Lagunero ha comprado para estos efectos. El líder comunista se dispone a instalarse a vivir en España, naturalmente en la más absoluta clandestinidad, porque no le cabe la menor duda de que los acontecimientos tras la muerte de Franco van a producirse a gran velocidad y quiere estar presente e influir, en la medida de lo posible, en lo que suceda."Era necesario dirigir sobre el terreno, era una apuesta no exenta de riesgos pero había que jugar la partida. Todo era posible, nada era seguro" dice Carrillo en sus memorias.
Un mes después de su llegada se hace realidad la tan esperada unidad de la oposición democrática y se constituye la que se bautizó popularmente como Platajunta, que sumó las fuerzas de la Junta Democrática de España, liderada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE.
Ese es el momento en que se hace definitivamente intensa la pugna por lograr la hegemonía de la izquierda: Santiago Carrillo no alberga la menor duda de que el gran partido de la izquierda española es el PCE y quiere que este legalizado cuando llegue el momento de celebrar elecciones en España. Felipe González está, por el contrario, convencido de que el PCE va a tener, si es legalizado, un respaldo popular muy limitado y que será el Parido Socialista el que se va a ver refrendado como el partido hegemónico de la izquierda.
Pero todo eso no es de momento más que conjeturas porque ambos ignoran absolutamente cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en un país que se enfrenta al futuro lleno de incertidumbre y también de temor.
Carrillo sabe que el Rey es muy consciente de que ha de contar con el Partido Comunista, pero no necesariamente desde el primer momento de los cambios políticos que vayan a acometerse y teme que quiera mantenerlo fuera de la primera línea política, embridado y en silencio al menos durante un primer momento.
Y eso es precisamente lo que él está dispuesto a intentar evitar a toda costa. "¡La democracia no se hará sin nosotros, no se hará sin el Partido Comunista!", grita Francisco Garcia Salve, miembro del Comité Central del PCE, el 1º de mayo en una concentración en la Casa de Campo que ha sido autorizada por el entonces ministro de la Gobernación, Manuel Fraga.
El día 3 de julio de ese 1976 el Rey encarga la presidencia del gobierno a Adolfo Suárez, que toma posesión de su cargo dos días después. Santiago Carrillo va a poner enseguida a prueba la voluntad democratizadora expresada públicamente por Suárez porque ha tomado una decisión difícil y arriesgada que no podrá tener vuelta atrás: todos los miembros del Comité Central del Parido Comunista de España se presentan a cara descubierta el 28 de ese mes de julio en Roma.
Hay que aclarar que por entonces los partidos políticos están prohibidos en España
"Era necesario seguir el ritmo, no quedarse demasiado atrás en la carrera de la legalización, tratar de situarse en la línea de salida para cuando se convocase la batalla electoral", explica. Hay que aclarar que por entonces los partidos políticos están prohibidos en España y que los que existen se mueven en la ilegalidad o directamente en la clandestinidad. Pero hay diferencias: la Democracia Cristiana ya ha celebrado su Congreso e incluso el Partido Socialista, aún siendo todavía un partido ilegal, prepara el suyo con todo despliegue para finales de año. Por eso Carrillo, al mismo tiempo que reta a Adolfo Suárez a tener una mayor tolerancia con el PCE, que sigue siendo la bestia negra del franquismo todavía imperante, ofrece su colaboración para establecer la democracia en España.
"¿A qué se compromete la oposición? [cuando él habla de la oposición, en realidad está hablando del PCE]. "La oposición se compromete a mucho", dice en su discurso en Roma. "A garantizar que la transición se hará en la paz civil, sin revanchas ni venganzas; a asegurar el respeto a los derechos del hombre, el respeto a la Iglesia católica, así como a otras iglesias que existan en el país; a garantizar que la Fuerzas Armadas serán respetadas y fortalecidas para que ejerzan eficazmente sus fines propios [...] La oposición tiene mucho que ofrecer al país. Está tratando de levantar a España, de servir a España, y habla, justificadamente, en nombre de España".
Y entonces sucede algo que no es más que un síntoma pero un síntoma muy significativo: después de presentarse a cara descubierta en Roma, todos los miembros del PCE que viven en España regresan sin problemas y sin que la Policía les moleste en ningún momento.
Ese verano de 1976 va a ser decisivo en la vida política de Santiago Carrillo y en la de su partido: el abogado y periodista José Mario Armero se pone en contacto con el gran amigo del líder comunista, Teodulfo Lagunero, porque tiene un mensaje que trasladar en nombre del presidente Suárez: el Gobierno desea pulsar la posición de Carrillo ante el proceso de reforma política que Suárez se propone llevar a cabo y quiere pedirle que tenga paciencia.
El contacto por vía interpuesta Gobierno-secretario general del PCE se va a mantener ininterrumpidamente
La entrevista Carrillo-Armero tiene lugar en París -el líder comunista no puede decir que vive en España- y Carrillo le dice al enviado del gobierno que desea colaborar en el proceso democratizador pero quiere también que su partido sea legalizado. Es decir, no acepta la idea de esperar uno o dos años porque es consciente de que eso podría suponer la muerte del PCE. A partir de ese momento, el contacto por vía interpuesta Gobierno-secretario general del PCE se va a mantener ininterrumpidamente hasta más allá del día de la legalización del partido.
Mientras tanto, Santiago Carrillo pone en marcha su estrategia de presión al gobierno para hacerle comprender que no puede dejar al partido comunista fuera del campo político porque correría el riesgo de fracasar en su expresado intento de democratizar España. El sindicato ilegal Comisiones Obreras, directamente ligado al Partido Comunista, convoca una huelga general para el día 12 de noviembre de ese año 1976. Este es un nuevo aviso de Carrillo al Gobierno: con esta presión de masas quiere hacer patente que los comunistas y su sindicato son un fuerza muy importante que no puede ser ignorada si no se quieren tener serios problemas políticos.
La huelga se convoca para cuatro días antes de que la Cortes franquistas voten el proyecto de la Ley de Reforma Política que abre la llave para desmantelar el régimen de Franco. Por eso el desafío es formidable y el Gobierno se desvela para impedir que la huelga triunfe. Finalmente la huelga no fracasa del todo pero desde luego dista mucho de ser un éxito y el gobierno consigue enfrentarse a esa decisiva votación en la Cortes habiendo evitado una imagen de debilidad que podría haberle empujado al fracaso.
Dos contrincantes: Carrillo y Suárez
Pero Carrillo queda satisfecho porque considera que el objetivo de convencer al Gobierno de que tiene que entenderse con la oposición comunista se va logrando poco a poco. Muchas más piezas tendrá que mover en el tablero de una partida que no tiene ya más que dos contrincantes: él y el presidente del gobierno, Adolfo Suárez.
El 21 de noviembre Santiago Carrillo da otra vuelta de tuerca en su partida contra el presidente del Gobierno y da la orden de que se proceda en todo el país a un reparto público de carnets del PCE. Es un acto de propagada y también un intento de tantear la reacción de la Policía, es decir, del Gobierno. Pero inmediatamente después de esto, el líder comunista convoca al Comité Ejecutivo de su partido a una reunión que es, naturalmente, clandestina.
Y allí, en una casa de campo de Guadalajara les dice a sus compañeros, ante el estupor absoluto de los presentes, que el PCE podría votar "Sí" en el próximo referéndum sobre la Ley de Reforma Política si el gobierno anunciara la víspera su compromiso de legalizar todos los partidos políticos. Con semejante afirmación, Santiago Carrillo derrumba de un manotazo los planteamientos mantenidos hasta ese momento: los que otorgaban a la acción de las masas el papel de derribar al régimen, la exigencia de ruptura política, el proyecto de formación de un gobierno provisional que convocara a Cortes Constituyentes y toda la base de la acción llevada a cabo hasta ese día por el PCE.
Ahora lo único importante es la legalización
Nada de la anterior estrategia importa ahora. Ahora lo único que importa es la legalización. "Hay que tomar el tren de la reforma porque no hay otro y hay que darse prisa además para no perderlo", les dice Carrillo a sus compañeros. Los dirigentes del PCE comprenden ese día hasta qué punto las cosas han cambiado y que ya nunca volverán a ser como habían sido hasta entonces.
Pero Carrillo mantiene su estrategia de presión creciente al presidente del Gobierno: el 10 de diciembre el secretario general del ilegal Partido Comunista de España celebra una clandestina pero multitudinaria rueda de prensa en el centro de Madrid. Y allí, ante más de 50 periodistas nacionales y extranjeros dice: "Llevo un año viviendo en España".
El impacto político que produce la noticia de su presencia en nuestro país es enorme. Carrillo lo sabe y lo ha hecho precisamente por eso. Ahora el Gobierno ha sido puesto en ridículo y el prestigio de la policía ha quedado en entredicho. Al Gobierno no le queda más opción que intentar por todos los medios detener al líder comunista.
Qué hacer con Carrillo
Y, efectivamente, el 22 de diciembre la Policía logra detener a Santiago Carrillo. Y ahí es donde se produce la conocida escena en la que, una vez que comprueba que quienes le rodean son efectivamente policías y no miembros de algún grupo de ultraderecha, el líder comunista se quita la peluca y se la entrega al comisario Pastor, de la Brigada de Información Regional, diciéndole: "tome usted, ya no la necesito".
Ahí empiezan los problemas para el Gobierno. La imagen de Carrillo en la comisaría a la que ha sido trasladado para garantizar al límite su seguridad, sale en los telediarios de la tarde y produce una auténtica conmoción en el país. Ahora bien, al equipo de Gobierno se le plantea entonces un dilema de muy difícil solución: qué hacer con Santiago Carrillo.
Adolfo Suárez propone expulsarlo del país, meterle en un avión y mandarlo a París. Pero el vicepresidente Osorio advierte que eso sería ilegal: a ningún español se le puede desterrar si no es por una sentencia judicial y, además, Franco ya declaró prescritos todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Por lo tanto, Carrillo no puede ser juzgado por ellos. El presidente Suárez manda entonces que se pregunte al interesado qué prefiere que se haga con él. Y él, que tiene perfectamente estudiada su situación, contesta sin dudarlo: que le envíen a Carabanchel y luego ante un tribunal.
Sabe que, Código Penal en mano, todo lo más va a pasar un par de meses en la cárcel y después saldrá en libertad. Ocho días después de esto, Santiago Carrillo abandona la enfermería de la prisión donde ha estado alojado. Es 30 de diciembre de 1976, la clandestinidad de Santiago Carrillo pasa a la Historia.
Pero en ese período han sucedido en España algunos acontecimientos que están a punto de echar abajo el proceso democratizador apenas iniciado. Y van a suceder muchos más. Sólo por enumerarlos:
-El GRAPO ha secuestrado al presidente del Consejo del Reino, Antonio Oriol, uno de los personajes más influyentes del franquismo, a quien los terroristas amenazan con asesinar.
-Le han detenido a él y eso ha supuesto una movilización masiva en España y en Europa de militantes del PCE exigiendo su puesta en libertad.
-Ahora que es libre, él corre un peligro evidente porque los sectores ultras, que consideran que su presencia en España es una ofensa a la memoria de los muertos en la Cruzada del 18 de julio, podrían intentar acabar con su vida.
-El 23 de enero un estudiante es asesinado en plena calle por un miembro de la organización ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey.
-El 24 de enero, el GRAPO secuestra también al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa. El golpe esta vez es para el Ejército. Mientras, Antonio de Oriol sigue secuestrado por la organización terrorista. Ambos están amenazados de muerte.
-Ese mismo lunes 24 de enero son asesinados cinco miembros de un bufete de abogados laboralistas pertenecientes al Partido Comunista.
Es evidente entonces para todos que tantos sucesos terribles en tan poco tiempo no pueden deberse más que a una clara voluntad de impedir el camino hacia la democracia.
Tres de los cinco asesinados en el bufete de la calle de Atocha eran abogados. Sus compañeros quieren montar la capilla ardiente en la sede del Colegio de Abogados y quieren que el entierro sea a hombros. El Gobierno no quiere autorizar nada de eso porque tiene auténtico terror a que vuelva a producirse otra matanza y el país acabe hundiéndose en un conflicto de dimensiones irrecuperables.
El PCE hace la mayor demostración de organización, disciplina y de contención política
Pero finalmente el Gobierno cede y acepta instalar la capilla ardiente y que los féretros sean llevados a hombros desde el Palacio de Justicia hasta la plaza de Colón, unos 300 metros. Y ese día el Partido Comunista de España hace la mayor demostración de organización, de disciplina y de contención política de cuantas se han visto en el proceso de transición: miles de personas, la mayoría miembros del PCE, flanquean el paso de lo féretros puño en alto y en medio de un silencio sepulcral.
Santiago Carrillo, rodeado por altos dirigentes de su partido y del sindicato Comisiones Obreras, camina unos minutos detrás de los féretros. Más de uno de los miembros del Gobierno afirmaría después que, en esos momentos dramáticos, el Partido Comunista se había ganado su legalización.
Pero el drama no ha terminado aún. El 29 de enero el GRAPO asesina a dos miembros de la Policía Armada y a un miembro de la Guardia Civil. El PCE, por orden de Carrillo, manda publicar en la prensa una esquela que dice así: "En memoria de los miembros de la Fuerzas de Orden Público asesinados por los enemigos de la democracia y de la convivencia de los españoles". Firma la esquela el Comité Central del Partido Comunista de España.
La partida que Carrillo está jugando contra, o más bien con, Adolfo Suárez, está llegando a su fin. El presidente del Gobierno ha tomado íntimamente la decisión de legalizar el PCE. Pero necesita estar seguro del paso que va a dar y quiere medir la confianza que puede merecer el hombre con el que lleva tanto tiempo jugando una partida que puede saldarse con un éxito definitivo o puede, por el contrario, terminar con un fracaso que destroce políticamente todo lo andado e incluso acabe con la propia Corona. Es mucho lo que está en juego.
El primer cara a cara
El 27 de febrero, domingo, Adolfo Suarez y Santiago Carrillo se encuentran cara a cara por primera vez en sus vidas. Es una entrevista celebrada con el máximo secreto. Sólo el Rey, que apoya la decisión de su presidente, y algún ministro, saben lo que está teniendo lugar esa tarde. Ambos hombres se juegan mucho en esa apuesta, pero el presidente del Gobierno se juega mucho más porque va a poner todo el proceso de transición política, su supervivencia personal y la de la institución monárquica, en una apuesta a una sola carta.
El encuentro tiene lugar en un chalet vacío de Pozuelo de Alarcón, cercano a Madrid. Carrillo y Suárez pasan allí siete horas hablando de política. Carrillo presiona para conseguir la legalización de su partido antes de las elecciones generales que están convocadas para el mes de junio. Adolfo Suárez no se compromete. La conversación acaba a altas horas de la noche sin que ambos hombres hayan llegado a ningún acuerdo preciso pero ambos salen de aquel encuentro con la clara sensación de que puede confiar el uno en el otro y de que ningún de ellos va a intentar tender al otro una trampa que resultaría mortal para los dos.
Armero le dice de parte de Suárez que la legalización ya es un hecho
El 9 de abril es Sábado Santo. Santiago Carrillo ha salido de España y está en Cannes en casa de su amigo Teodulfo Lagunero. Está nervioso. Espera con ansiedad una llamada de Madrid. La llamada llega a la una de la tarde: José Mario Armero le dice de parte de Adolfo Suárez que la legalización es ya un hecho y que la noticia se dará a conocer en torno a las cinco, pero que el presidente le pide que en la declaración que él haga pública "se cubra un poco la situación".
Lo que Suárez quiere es que Carrillo le critique en su comunicado para intentar cubrirse, aunque sea mínimamente, la espalda. Por eso la declaración del líder comunista en esa ocasión histórica destila un punto de impertinencia: "Yo no creo que el presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e legalizaciones", dice entre otras cosas la declaración de Santiago Carrillo.
Miles de militantes del PCE celebran ese día con gozo incontenible la legalización de su partido, pero también con una muy notable discreción. Es una orden de su secretario general que ha atendido de ese modo la petición de un Suárez que sabe que en las próximas horas, en los próximos días, el éxito del proceso de transición política que él ha pilotado, y el Rey ha impulsado, pende de un hilo.
Y, efectivamente, la reacción del estamento militar ante la legalización del PCE es aún más dura de lo que el presidente había previsto. Para empezar, el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, presenta su dimisión de manera irrevocable y ninguno de sus compañeros de armas acepta ocupar su puesto. Y para continuar, los altos mandos del Ejército de Tierra que componen el Consejo Superior del Ejército celebran una reunión en la que se llega a poner sobre la mesa la posibilidad de sacar las tropas a la calle para impedir la decisión del gobierno. Finalmente las cosas se sosiegan un tanto y todo queda en una muy dura nota que el consejo envía al ministro del Ejército. Pero, al margen de las formalidades, el hecho es que la legalización del Partido Comunista ha producido en el seno de las Fuerzas Armadas españolas un efecto explosivo.
En vista de la gravísima situación creada, Adolfo Suarez pide a Santiago Carrillo que su partido acepte públicamente y sin ningún género de dudas tres puntos imprescindibles: la unidad de la patria, la bandera bicolor y la Monarquía, precisamente los tres valores que los militares consideran ultrajados y claramente amenazados por la decisión del gobierno de legalizar el PCE.
Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde la guerra"
Y Carrillo responde a Suárez como Suárez espera de él: el 14 de abril el Comité Central del PCE se reúne en España por primera vez desde la guerra civil. En la segunda jornada de esta reunión del Comité Central su secretario general se levanta y dice: " Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o si se entra en una involución gravísima que afectaría no solo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición sino también a las reformistas e institucionales. Creo que no dramatizo, digo en este minuto lo que hay".
Tras la formidable sorpresa y un mínimo conato de objeción por la premura con la que se pide al Comité Central que adopte decisiones de semejante trascendencia, se procede a la votación, que se hace a mano alzada. Ningún voto en contra y 11 abstenciones. La resolución es aprobada.
"En lo sucesivo, en los actos del partido, al lado de la bandera de éste figurará la bandera con los colores oficiales del Estado... Consideramos la Monarquía como un régimen constitucional y democrático... Estamos convencidos de ser a la vez enérgicos y clarividentes defensores de la unidad de lo que es nuestra patria común" . Mientras Carrillo hace estas declaraciones a una prensa estupefacta, en un bar situado enfrente del local donde se está celebrando la reunión del PCE, José Mario Armero, enviado del presidente Suárez, espera ansioso a que Jaime Ballesteros, su contacto con el Partido Comunista y mensajero de su secretario general, le comunique si su partido ha aceptado lo que Suárez ha pedido.
La situación en esos momentos es realmente gravísima para el presidente y no sólo para él sino también para el Rey y para el país en general. Cuando Jaime Ballesteros sale del local con el texto de la resolución recién aprobada en la mano, Armero marcha inmediatamente a La Moncloa a confirmarle la noticia a Adolfo Suárez. El mayor riesgo ha sido conjurado.
A partir de aquel momento la tensión va bajando de tono y los españoles se encaminan ya a participar en las primeras elecciones libres de lo últimos 40 años, unas elecciones que no hubieran sido validadas por las democracias occidentales si se hubieran celebrado dejando fuera de la legalidad al Partido Comunista. La arriesgada apuesta del presidente Adolfo Suárez y la respuesta condigna de Santiago Carrillo hicieron posible el éxito final del proceso de transición política de España a la democracia y así les ha sido unánimemente reconocido.
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