Un empresario recurrió a los servicios privados del comisario José Manuel Villarejo para "coaccionar" a su hermana y su cuñado después de que se apropiaran presuntamente de 12 millones de euros en lingotes de oro mientras aquél se encontraba en prisión en Italia. El trabajo incluyó el acceso irregular a información bancaria y consultas en bases de datos policiales de carácter restringido, según los investigadores.

Se trata del denominado 'proyecto Ámbar', un encargo que el policía hoy en prisión preventiva recibió en 2013 -tres años antes de jubilarse- y que el juez que instruye el caso Tándem investiga en una pieza separada (la número 14) desde el 11 de septiembre de 2019. El cliente fue Luis Ángel García Cancio, propietario de un conocido restaurante madrileño especializado en cocina vasca en uno de cuyos reservados -según declaró Villarejo en sede judicial el pasado mes de julio y reveló El País- el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) instaló "equipos de grabación" para recoger conversaciones de políticos y otras personalidades.

El rastro de este trabajo se encontró en una carpeta que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía intervino en el domicilio del abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo e imputado en numerosas piezas de esta macrocausa que instruye el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En el interior de una subcarpeta titulada 'old', los agentes hallaron un informe de avance fechado el 10 de junio de 2013 y en el que se describía en qué consistía este proyecto.

"Se pretende conocer en profundidad acciones irregulares y/o ilegales cometidas por LOS y/o sus más directos allegados, especialmente familiares y colaboradores, que han llevado a la total desaparición del patrimonio de K [García Cancio]. Acciones que, sin duda, han tenido como fin especial ocultar y utilizar en su exclusivo beneficio el patrimonio que debería haber conservado y protegido. 'LOS' no ha dado explicaciones de su proceder, ni del destino que ha dado al capital que K puso en sus manos, negándose a justificar en manera alguna si éste ha sido destinado a la compra de activos, inversiones o cualquier otro fin", se lee en el citado informe. El presupuesto económico presentado por Villarejo por la realización de este trabajo oscilaba entre recibir entre 300.000 euros en provisión de fondos más una prima adicional equivalente al 30 % del dinero que se recuperara u 80.000 euros más un bonus del 50 %.

La persona aludida como 'LOS' es J.J.L.S., el marido de una hermana del empresario que había recurrido a los servicios de Villarejo. El trabajo encomendado a éste tenía por objeto indagar sobre las "maniobras fraudulentas" tanto de 'LOS' como de su esposa y de sus dos hijos, según se detalla en el citado informe de actuación.

Villarejo habría accedido a bases de datos policiales para saber en qué hoteles se alojó su objetivo

Los investigadores policiales tienen en su poder un documento en el que se exponen las "líneas de actuación" que la empresa de Villarejo seguiría para la prestación de este servicio, como solicitar información sobre las cuentas bancarias del matrimonio, ir a la localidad alicantina en la que residía para conocer las medidas de seguridad que tenían instaladas y las rutinas que seguían, así como reunirse con el contacto -un tal 'Eduardo'- al que 'LOS' habría recurrido supuestamente para "la venta de una cantidad importante de lingotes de oro".

El acceso a las bases de datos policiales también les habría permitido conocer que, entre el 5 de julio de 2010 y el 7 de febrero de 2011, J.J.L.S. había realizado seis pernoctaciones en hoteles de Majadahonda (Madrid), Córdoba, Peñíscola (Castellón), Alcobendas (Madrid) y Rubena (Burgos). También que no tenía antecedentes y que la única entrada en el territorio nacional había tenido lugar el 31 de junio de 2008, cuando regresó a España procedente de Nicaragua a través de México.

Mes y medio antes de que el juez García-Castellón abriera esta pieza separada, la ex pareja de García Cancio -L.P.E.V.- presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra el empresario, Villarejo, Redondo y el comisario Carlos Salamanca como perjudicada por las acciones llevadas a cabo por los investigados. La mujer les atribuye a éstos cohecho, revelación de secretos, extorsión, omisión del deber de perseguir delitos, amenazas, coacciones y organización criminal.

García Cancio y Carlos Salamanca bromean en una góndola durante un viaje a Venecia en septiembre de 2011.

"El Sr. García Cancio, a lo largo de nuestra relación sentimental y de forma continuada, me ha sometido a continuas coacciones, amenazas y engaños valiéndose de su situación de poder por su amistad íntima con diversos comisarios y policías a los que utilizaba a su antojo en perjuicio mío. El objetivo y finalidad última de esas continuas presiones y chantajes no era otro que lucrarse ilícitamente a costa de mi patrimonio", expone L.P.E.V. en su denuncia, incorporada a las actuaciones que dirige el juez García-Castellón.

En éste y en otros escritos ampliatorios, la mujer detalla la amistad que su antigua pareja mantenía con Villarejo y el comisario Salamanca desde antes de iniciar ellos la relación sentimental, aportando fotografías a los investigadores en las que se ve al policía hoy preso en una cena de Nochevieja en casa de García Cancio y a éste con el otro mando policial durante un viaje a Venecia en 2011 y en una celebración en su chalé de La Moraleja. Según el testimonio de L.P.E.V., Salamanca y su esposa disfrutaron de "viajes y vacaciones" sufragados por el empresario, entre ellos "innumerables desplazamientos cuando el Atlético de Madrid jugaba fuera de España".

Cuando declaró el pasado mes de julio, Villarejo reconoció tanto la amistad de García Cancio con Carlos Salamanca como el hecho de que él le hubiera proporcionado "asesoramiento jurídico" al empresario navarro, al que había conocido en 1973 cuando el policía estaba destinado en el País Vasco en el inicio de su carrera profesional. "Pero jamás le voy a revelar los detalles concretos de la relación abogado-cliente. Lo que sí le puedo decir es que este señor quedó muy satisfecho, además de que estaba bastante tranquilo desde que recibió la visita de miembros del CNI para instalar equipos de grabación en los reservados de su restaurante, cosa que han venido haciendo desde hace unos años y no sé si después de estar yo en prisión han continuado", dijo Villarejo.

"Persecución" de un vehículo

La denunciante asegura que el 17 de noviembre de 2015 fue objeto de una "persecución" cuando viajaba con su hija en su coche por parte de otro vehículo -un Mercedes Clase C- que le siguió desde su domicilio y que intentó echarles de la carretera. Las pesquisas de Asuntos Internos han permitido conocer que dicho utilitario está a nombre de un vigilante de seguridad.

La Policía también ha constatado que el grupo empresarial de Villarejo analizó el tráfico de llamadas que realizó y recibió esta mujer entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre de 2015. Ella no tiene dudas de que su ex pareja contrató los servicios del policía para "amedrentarla" y obligarla a reconocer una deuda de casi 1,8 millones de euros que "nunca existió".

Cuando el 10 de octubre de 2019 declaró como testigo, la mujer se ratificó en todos los extremos de su denuncia y explicó la estrecha relación que mantenía su pareja con el marido de la hermana. "Era su mano derecha, la persona que le llevaba a todo, que lo llevaba a Suiza, el que pagaba todo... Era el que manejaba y guardaba sus pertenencias", relató. García Cancio había tenido problemas con la Justicia de Alemania, Suiza e Italia.

El empresario ha asegurado al juez del 'caso Villarejo' que su ex pareja actúa por 'despecho' al denunciarle

Según explicó, cuando García Cancio volvió a España tras su ingreso en prisión en Italia se dirigió a su cuñado para que le devolviera el dinero. "Según Luis, le tenía escondidos 12 millones de euros en lingotes de oro (...). Resulta que el otro se lo había gastado, había metido dinero en su empresa... Yo oía a Luis hablar con Villarejo todos los días. ¿Qué le vamos a hacer? Cógele las cuentas... Y me mostraba que su hermana se había gastado 100.000 euros en un mes y medio en El Corte Inglés", relató la testigo, personada en las actuaciones como acusación particular. Según expuso, la presión ejercida permitió al empresario quitarles a su hermana y cuñado "la casa, los coches y las motos de los hijos", renunciando a otras acciones más drásticas que supuestamente le había propuesto el policía.

Semanas después de aquella comparecencia, García Cancio envió un escrito al juez del caso Villarejo en el que se ponía a "disposición plena" del instructor tras tener conocimiento de la denuncia que había presentado su ex pareja. Según indicaba, la mujer estaba actuando "de forma despechada y con clara animadversión" hacia él, lo que le habría llevado a presentar "denuncias falsas" con él en diversas instancias judiciales -entre ellas un juzgado de violencia sobre la mujer- sin que hubiera prosperado ninguna.

"La prueba más evidente de la animadversión que tiene Dª L.P. contra mí es que ha presentado ese escrito dos años después de haberse iniciado las presentes actuaciones, esperando a una fase muy posterior únicamente para hacer más daño", mantenía.

En un oficio fechado el pasado 14 de mayo, la Unidad de Asuntos Internos ha cifrado en al menos 57.266,16 euros el montante de las transferencias bancarias que Luis García Cancio ordenó a favor de Stuart & Mckenzie -una de las sociedades controladas por el comisario- entre el 7 de diciembre de 2015 y el 27 de abril de 2017. La última fue seis meses y una semana antes de que Villarejo fuera detenido, manteniéndose desde entonces en prisión preventiva.

Villarejo: "Daba cuenta de todo"

En la citada declaración de julio, el fiscal le preguntó al policía ya jubilado si había presentado una hoja de factura por importe de 300.000 euros por los servicios ofrecidos a García Cancio. "Imagino que sí, pero no lo sé. Si ustedes lo han visto en la documentación que me aprehendieron, imagino que constarán esas facturaciones", contestó.

El representante del Ministerio Público también trató de conocer por boca del investigado si dio cuenta a sus superiores en la Policía del servicio que le había encargado este empresario, dado que entonces aún se encontraba en activo en el Cuerpo. "Claro. Siempre que hacía una contratación daba cuenta de todo. 'Mira, me han contratado, voy a hacer unos trabajos...'. En líneas generales. Pero no entraba nunca en los detalles salvo que me lo pidieran expresamente. Fíjese hasta qué punto conocían esa relación que en más de una ocasión, por ejemplo, el señor secretario de Estado [de Seguridad], don Francisco Martínez, comió en ese restaurante, en ese reservado (...)", contestó.