El Tribunal Supremo ha dictado sentencia para poner fin (en principio) al conflicto que enfrenta desde hace más de una década a Aena y al aeropuerto de Madrid-Barajas con los vecinos de una urbanización afectada por el ruido de los vuelos.

El Alto Tribunal confirma que la sentencia que dictó en 2008, en la que decretaba el “cese” de los ruidos provocados por los aviones al sobrevolar la urbanización de Santo Domingo, en el municipio de Algete, llevaba todo este tiempo sin ejecutarse por parte de Aena, el gestor del aeropuerto madrileño. El tribunal reconoce la lesión sufrida por los vecinos afectados, y exige a la Administración cumplir con la sentencia siguiendo la normativa de la UE vigente sobre el ruido en aeropuertos, según se recoge en la nueva resolución a la que ha tenido acceso El Independiente.

Mientras los servicios jurídicos de Aena y de los abogados de los vecinos afectados aún estudian el alcance real de la sentencia, notificada hoy mismo por el Tribunal Supremo a las partes, el Ministerio de Fomento ha emitido una nota de prensa en la que desvela que la ejecución de la sentencia de 2008 no conllevará la reducción de vuelos de la pista 18R/36L de Barajas –la de mayor longitud del aeropuerto- ni la reorganización de las rutas.

No afecta a la operativa de la mayor pista del aeropuerto

“La sentencia mantiene la capacidad operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras el fallo del Alto Tribunal, queda garantizada la operatividad de la pista 18R/36L y con ella la operativa del aeropuerto y su posicionamiento como hub, un centro de recepción y distribución de vuelos donde importantes compañías aéreas centran su operativa y sus conexiones intercontinentales”, apunta Fomento en su comunicado.

“La sentencia mantiene la capacidad operativa actual del aeropuerto y no conlleva ninguna obligación para la Administración, ni para Aena, en cuanto a modificación de rutas, reducción de sobrevuelos u otros supuestos”, confirma el Ministerio. Pero no ofrece más precisiones sobre cómo dará cumplimiento a la sentencia acerca del cese de las causas que provocan el ruido. En cualquier caso, es la propia Administración la que debe determinar cómo cumplirla y no ningún órgano judicial. Y será el tribunal, eso sí, el que compruebe si se ha dado cumplimiento a la sentencia.

Aena se ha comprometido a cumplir con los requerimientos que establezca Fomento, que a la postre es su principal accionista a través de la participación del 51% que la sociedad pública Enaire tiene en el gestor de los aeropuertos. La normativa comunitaria establece que la Administración deberá evaluar los ruidos existentes también dentro de los domicilios, no sólo en el exterior, y que tiene que desarrollar “un proceso en que se evalúe la relación coste-eficacia organizando un proceso de consulta con las partes interesadas que no son solo los residentes locales afectados por el ruido, sino también las empresas situadas en las inmediaciones, los operadores de los aeropuertos, los proveedores de servicios”…

Hace dos semanas, el Supremo anunció haber concluido las deliberaciones sobre el caso. Entonces sólo desveló que había decidido descartar la prohibición total de los sobrevuelos sobre la urbanización y también que rechazaba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de exigir que Aena aplicara la sentencia reduciendo un 30% de los sobrevuelos de la zona afectada por el ruido. Ahora confirma en su nueva sentencia que acabar con los ruidos no supone necesariamente reducir los vuelos sobre la urbanización.

En cualquier caso, los vecinos Ciudad Santo Domingo subrayan que el Supremo ha confirmado que ni Fomento ni Aena ejecutaron la sentencia en que se establecía que sus derechos habían sido vulnerados y que había que evitar el ruido, y que ahora el tribunal obliga a adoptar medidas concretas para poner fin al ruido, según apuntan fuentes de la asociación de afectados de la urbanización a El Independiente. Ahora están a la espera de conocer de qué manera el Ministerio de Fomento decide finalmente dar cumplimiento a la antigua sentencia del Supremo.

El futuro de Barajas

La decisión llega en un momento dulce para Barajas. La auténtica joya de la corona de la red de Aena marcó el año pasado un récord de 50,4 millones de pasajeros en 2016, un 7,7% más que el año anterior. El aeropuerto capitalino acumula 36 meses de incrementos consecutivos de su tráfico de viajeros, pero la decisión del Supremo podría haber amenazado con romper la progresión.

La propia dirección de Aena, las compañías aéreas –con Iberia y Air Europa a la cabeza, porque tienen en Barajas su gran centro de interconexión de vuelos-, e incluso la patronal CEOE llevaban meses alertando de las graves consecuencias del cierre parcial o total de la pista 18R/36L del aeropuerto madrileño.

El hachazo a la capacidad de operar vuelos del aeropuerto habría puesto en jaque las operaciones del aeropuerto al completo y de las aerolíneas, habría complicado que se ejecutaran los planes de expansión de las compañías en la capital y podría poner en peligro la competitividad de Madrid en relación a otros grandes aeropuertos europeos.

La pista afectada es la más larga del aeropuerto y es la que utilizan por tanto los mayores aviones, los que se destinan a los vuelos de largo recorrido. Y aproximadamente una cuarta parte de todos los vuelos de Barajas tienen origen y destino en Latinoamérica, lo que convierte a Madrid en la gran puerta de Europa con este mercado.

Según las estimaciones que manejaba Aena, el recorte acumulado en el tráfico de pasajeros de Barajas podría alcanzar los 70 millones de viajeros hasta 2030, el impacto en el empleo podría suponer la eliminación de 14.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid y de cerca de otros 42.000 en toda España; y la medida tendrá un impacto directo en la actividad de 300 empresas que utilizan el aeropuerto para su negocio y  de las 80 aerolíneas que operan en él.

La patronal CEOE ya advirtió hace meses de que la limitación de la capacidad de los aeropuertos supone un riesgo para la economía, el empleo, la movilidad y para el turismo de Madrid y del resto de España. Según la asociación de empresas, Barajas se erige en la figurada principal empresa de la Comunidad de Madrid, siendo origen de una aportación de unos 18.000 millones al PIB de la región, un 10% del total.

Una batalla de más de una década

La historia del conflicto legal viene de largo. De muy largo. En 2004, vecinos de la urbanización de Ciudad Santo Domingo, en el municipio de Algete, presentaron una denuncia por el exceso de ruido de los aviones que sobrevuelan sus casas, situadas a unos 18 kilómetros del aeropuerto de Barajas.

Tras un primer paso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en que el caso no prosperó, en 2008 el Tribunal Supremo dio la razón a los vecinos y solicitó el “cese” de las causas del ruido, que son los vuelos que vienen desde el norte para aterrizar en la pista 18R/36L, la mayor del aeropuerto madrileño.

En 2011 y 2013 el Supremo reconvino sendas decisiones del TSJM y  dictaminó que la sentencia no se había ejecutado. El actual presidente de Aena, José Manuel Vargas, y su antecesor, José Ignacio Lema, han llegado a declarar como investigados por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente precisamente por no tomar medidas para cumplir con la sentencia y acabar con el ruido.

En una vuelta de tuerca, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a pronunciarse en 2014 clarificó cómo debía Aena ejecutar la sentencia. Entonces el TSJM estableció que el gestor de los aeropuertos debía recortar un 30% los vuelos que sobrevuelan la urbanización (sólo lo hacen cuando las operaciones se realizan con configuración sur, la menos habitual en Madrid). Un 30% en relación a los vuelos que lo hacían en 2004, entonces eran 20.730 aproximaciones. Pero unos meses después el propio TSJM accedió a suspender el cumplimiento de ese recorte de vuelos, y así es como se ha mantenido hasta ahora.

Después de varios recursos y contrarrecursos presentados por Aena y los vecinos, el gestor de los aeropuertos españoles, y por el propio Ministerio de Fomento, seguían sin tomar medidas para el recorte de los vuelos por ruido. La aplicación del auto del alto tribunal madrileño se encontraba hasta ahora suspendida.

La primera denuncia la firmaron hace trece años más de 300 vecinos. Sólo cinco han llegado a la recta final del proceso, aunque son cerca de 1.300 los afectados. La batalla ha sido larga, muy larga. El Supremo emite ahora su dictamen final, que, en principio, debería poner fin de manera definitiva al eterno conflicto entre Aena y la urbanización.