La batalla del Ayuntamiento de Barcelona por frenar el turismo se ha convertido en la prioridad más reconocible del gobierno de Ada Colau. Comprobadas las dificultades de cumplir sus promesas en materia de vivienda -el número de desahucios se mantiene, mientras los precios del alquiler se disparan-, Colau ha centrado sus esfuerzos en la batalla contra el primer sector económico de la ciudad, que paradójicamente es considerado también el segundo problema por los barceloneses, sólo precedido por el paro y las condiciones laborales.

El debate sobre la masificación del turismo ha llevado a esa paradoja, convertir a un sector que emplea a 75.000 asalariados y 85.000 autónomos en la bestia negra de las asociaciones vecinales que llevaron en volandas a Ada Colau a la alcaldía. Con más de 8 millones de turistas en 2015, el sector representaba el 14% del PIB de la ciudad en 2014, últimos datos disponibles sobre el impacto económico de esta actividad. Sin embargo, se trata de empleos de baja calidad, con un sueldo medio que no llega a los 16.000 euros anuales, lo que ha llevado a los comunes a comparar a los empleados en este sector con "los nuevos esclavos del siglo XXI".

Se ha convertido a un sector que emplea a 160.000 personas en la bestia negra de las asociaciones vecinales

La respuesta a esa tensión entre un sector en crecimiento y las molestias que genera se ha plasmado en dos decisiones políticas directas: la moratoria turística decretada por Colau apenas quince días después de asumir el bastón de mando de la ciudad, y el PEUAT (Plan de Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico) aprobado por BComú, sus socios del PSC, ERC y la CUP este enero.

La traducción directa de ambas decisiones ha sido la paralización de 45 proyectos hoteleros que ya tenían licencia cuando se decretó la moratoria, de los que 23 están en construcción. Entre los 22 que se quedaron por el camino, proyectos tan emblemáticos como el de la cadena Four Seasons en la antigua sede del Deutsche Bank o el de la cadena Haytt en la Torre Agbar.

Más allá de proyectos emblemáticos, la batalla contra el turismo tiene dos consecuencias económicas: por un lado, el coste directo para las arcas del ayuntamiento que supondrán las demandas de las empresas que han tenido que renunciar a proyectos hoteleros; por el otro, los costes de la no apertura de nuevos establecimientos en todo el tejido económico que se nutre del turismo de Barcelona.

Manifestación contra el hotel de Atarazanas, el pasado diciembre en Barcelona.

Manifestación contra el hotel de Atarazanas, el pasado diciembre en Barcelona.

Reserva económica para pagar demandas

En el primer caso, fuentes municipales sostienen que el Ayuntamiento está haciendo una reserva económica para hacer frente a las demandas que diversos hoteleros con derechos adquiridos puedan interponer a raíz de la moratoria de alojamientos turísticos, aunque el Consistorio no ha confirmado este extremo.

Un ejemplo paradigmático de esta situación es el hotel Praktik de las Atarazanas, cuyos promotores han agotado su paciencia. Después de meses de peticiones y de tejer acuerdos con diversas asociaciones vecinales para ganarse su apoyo al proyecto, se ha impuesto la oposición de un grupo de vecinos con los que antes de acceder a la alcaldía se manifestaban Ada Colau y Gala Pin. El resultado es "una dilación injustificada en la tramitación del permiso", según los promotores, que han anunciado una denuncia al Ayuntamiento por lucro cesante calculado a razón de 450.000 euros mensuales.

Si el recurso tiene éxito y el ejemplo cunde entre parte de las 45 empresas promotoras de proyectos ralentizados durante los dos últimos años por el gobierno de Colau, “los costes pueden ser millonarios” señala el regidor del PP Javier Mulleras.

El Gremio de Hoteleros de Barcelona rechaza hacer una valoración cuantitativa de esos costes, pero sí es muy claro con los costes cualitativos de una política turista. "Nos preocupa la pérdida de seguridad jurídica y de libertad empresarial" que suponen tanto la moratoria que ha bloqueado la creación de nuevas plazas como el PEUAT aprobado el pasado 27 de enero.

Nos preocupa la pérdida de seguridad jurídica y de libertad empresarial” advierten los hoteleros

El PEUAT es la principal herramienta del gobierno local para frenar el crecimiento del turismo en Barcelona. Aprobado in extremis cuando se acaban todos los plazos de la moratoria impuesta por Colau, el nuevo plan regulador prohíbe la concesión de licencias para apartamentos turísticos y divide la ciudad en cuatro coronas, de las que sólo una admite la creación de nuevas plazas hoteleras.

El PEUAT

En la primera, que cubre todo el centro de la Ciudad Condal, no sólo se prohíbe la construcción de nuevas plazas sino que se busca el decrecimiento, de modo que tampoco se pueden reponer las que se eliminan. En la segunda corona no se pueden crear nuevas plazas pero sí reponer las eliminadas. En definitiva, sólo se contempla la creación de nuevas plazas hoteleras en algunas zonas de la tercera corona y en tres zonas pendientes de desarrollo urbanístico, como el entorno de la futura estación de La Sagrera.

La teniente de alcalde Janet Sanz defendió el plan para la regulación del turismo convencida de que "hace falta acabar con la barra libre que actúa sin control en la ciudad", pero fuentes del Gremio de Hoteleros lamentan que la gestión del Ayuntamiento ha tendido a "crear un clima criminalizador del turismo" y defienden que son los alojamientos turísticos ilegales "los que generan problemas de convivencia y provocan la subida de los alquileres, expulsando a los vecinos de algunos barrios, porque se trata de un negocio encubierto".

A modo de ejemplo, señalan uno de los barrios más conflictivos en este sentido, la Barceloneta: sólo existe un hotel con 40 plazas. En este barrio el Ayuntamiento tiene contabilizadas 72 licencias de pisos turísticos, pero la oferta de pisos en plataformas online como Airbnb supera los 500.

El Ayuntamiento, por su parte, se defiende señalando los efectos indeseados de la masificación del turismo en la Ciudad Condal y recuerda que ningún grupo en el Consistorio niega ya la necesidad de regular el crecimiento de este sector. El principal es sin duda los problemas de convivencia y el aumento de los precios de la vivienda, lo que genera problemas de gentrificación en algunos barrios, además de problemas de movilidad en puntos críticos como la Sagrada Familia o el Gótico.

Los daños colaterales

Por supuesto, responde Mulleras, "hay que regular los flujos turísticos y la movilidad" pero recuerda que en el entorno de la Sagrada Familia no hay hoteles, sino un templo que se ha convertido en punto mundial de atracción turística. "Puedes expulsar a los hoteles a las poblaciones vecinas, señala, pero al final los turistas seguirán visitando determinados puntos y has perdido actividad económica".

Una actividad económica que sufre los "daños colaterales" de esa batalla contra el turismo. De este sector dependen también una parte de los ingresos en ámbitos como el transporte público y muy especialmente el taxi, la restauración o el comercio. A modo de ejemplo, la patronal del pequeño comercio Barcelona Oberta presentó recientemente un estudio según el cual el 18% de las ventas del comercio minorista corresponden al turismo.