El Gobierno iniciará la próxima semana el proceso para indultar a los políticos condenados por el 1-O. El anuncio realizado este miércoles por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido leído rápidamente en clave política como un nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez por afianzar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado. Pero la noticia, inesperada para los propios interesados, no ha satisfecho ni a ERC ni a JxCat, que respondieron ayer con señalada frialdad al Gobierno. Mientras, el PP denunciaba el intercambio de votos por indultos y Cs se alejaba un poco más de la mayoría parlamentaria que necesita Sánchez para aprobar sus cuentas.

Los grandes beneficiados del terremoto político provocado por Campo son, de momento, Podemos y su marca catalana, los comunes. Jaume Asens, portavoz del partido de Ada Colau en el Congreso, se apresuró a felicitarse por la medida, asociándola con la reforma del delito de sedición. No es para menos. Los morados encaran ahora la larga precampaña catalana pudiendo decir que la suya es la única vía de diálogo que ha mostrado avances.

Frente al bloqueo en la Mesa de Diálogo pactada por PSOE y Esquerra, el Gobierno da vía libre al indulto que permitirá en seis meses, si sale adelante, que los líderes independentistas encarcelados recuperen la libertad, una condición que siempre han señalado como imprescindible para solucionar la crisis catalana. Y lo hace después de haber reabierto la carpeta de la reforma del Código Penal, cerrada durante los meses de pandemia en que Cs se convirtió en socio preferente del Gobierno para aprobar los estados de alarma.

Por qué el indulto no le vale al independentismo

Los partidos independentistas, por contra, no pueden darse por satisfechos con la medida anunciada por Campo, aunque los afectados estén muy de acuerdo con el indulto -excepción hecha de Jordi Cuixart, quien se ha declarado públicamente en contra de aceptar la medida de gracia del Gobierno-. En el discurso de la "represión" tanto ERC como JxCat incluyen a todo aquel que se ha visto inmerso en un proceso judicial derivado del proceso independentista, un monto de gente nada despreciable que se sentiría traicionada si los republicanos aceptaran ahora la promesa del indulto como moneda de cambio para aprobar los presupuestos.

No sólo se trata de Quim Torra o el ex conseller Miquel Buch -imputado por organizar una escolta de mossos a Carles Puigdemont en Bélgica-. Sino también de los 30 procesados por el Juzgado 13 de Barcelona, que instruye la causa original sobre el referéndum independentista. O los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) investigados a raíz de la Operación Judas y las decenas de independentistas que en los últimos días han desfilado ante diversos juzgados de instrucción por su participación en los disturbios de octubre de 2019, tras hacerse pública la sentencia del procés.

En un contexto de guerra abierta entre JxCat y ERC por la primacía en el independentismo, ni unos ni otros aceptarán públicamente nada que no sea la ansiada ley de amnistía que daría cobertura a todos esos colectivos. Una medida que sí daría cobertura además a Carles Puigdemont y los otros fugados de ambos partidos.

El Ministerio de Justicia informó de que los indultos que se tramitarán son los de todos los políticos condenados en la sentencia del 'procés' (12) por sedición, malversación y desobediencia porque fueron los solicitados por el abogado catalán Francesc Jufresa el pasado enero. Justicia quiso destacar que cada uno de los expedientes se estudiará de manera individualizada. 

Indulto generalizado

Rechazaba de esta manera el Gobierno que se trate de la tramitación de un indulto general para todos los independentistas, aunque en la práctica sí lo sería. El Ministerio de Justicia estará obligado a recabar la opinión del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, quien a su vez solicitará a la Fiscalía y a las cárceles donde los políticos cumplen condena que indiquen si ven conveniente la concesión de la medida de gracia teniendo en cuenta, entre otros motivos, el arrepentimiento. 

Las valoraciones del Tribunal Supremo no son vinculantes, según la Ley de los Indultos que deja la decisión en manos del Gobierno, quien deberá informar al Consejo de Estado antes de publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Pero, sin duda, una concesión del indulto con la Justicia en contra sería un motivo de desgaste para el Gobierno de Pedro Sánchez, quien por cierto rechazó esta medida de gracia en el pasado. 

El presidente socialista se echaría en contra con la concesión (que tendría lugar en aproximadamente seis meses si es que se tramita finalmente) a toda la oposición constitucionalista del Congreso, incluidos los parlamentarios de Ciudadanos a los que, igual que a Esquerra Republicana, ha intentado sumar a la mayoría necesaria para sacar adelante los presupuestos generales.

Puerta abierta a Estrasburgo

La concesión del indulto a los condenados por el Tribunal Supremo tampoco servirá para evitar que la justicia europea acabe viendo este proceso. El hecho de beneficiarse de un indulto del Gobierno no impide a los condenados mantener abierto el proceso para recurrir ante la justicia europea, señalan desde el Bufete Molins, responsable de la defensa de los ex consellers Josep Rull y Jordi Turull y el ex presidente de la ANC Jordi Sánchez.

Tanto los condenados de JxCat como los de Esquerra han dejado clara su intención de llevar la sentencia del Tribunal Supremo hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la esperanza de Estrasburgo enmiende la decisión del Supremo, como hizo recientemente con la condena a Arnaldo Otegi.

Tampoco incidirá en la batalla de Carles Puigdemont en los tribunales europeos, asegura el abogado y ahora diputado en el Congreso Jaume Alonso-Cuevillas. Puigdemont ha hecho de la justicia europea su mejor aliada de su batalla contra el Estado, gracias a las reservas de Bélgica y Alemania sobre el delito de sedición y al reconocimiento de su condición de eurodiputado. Una batalla que le ha servido para alimentar el discurso del bajo nivel de la democracia española.