La carrera la correrán todos al mismo tiempo. El lastre económico que deja la pandemia es pesado, pero lo será mucho más para unos que para otros. Las 17 comunidades autónomas librarán la batalla de la reconstrucción económica en condiciones muy desiguales y desde puntos de partida dispares. La que parte de un peor saneamiento financiero es la Comunidad Valenciana. Lo hace a un abismo de comunidades como Madrid, Euskadi o Canarias. La deuda pública limitará sobremanera su solvencia y con ella sus posibilidades para seguir engordando los niveles de endeudamiento.
Así, el Gobierno valenciano debe encauzar la recuperación con más del triple de deuda que el Ejecutivo de Urkullu o Díaz Ayuso. Los últimos datos del Banco de España son reveladores. La deuda pública de la Comunidad Valenciana alcanza el 46% del PIB, frente al 14,6% de Canarias, el 14,9% del País Vasco o el 15,8% del PIB que representan la deuda que a finales del segundo trimestre de este año acumulaba la Comunidad de Madrid.
Los límites de deuda se han flexibilizado y la disposición de las autoridades españolas y europeas a no ser exigentes con las limitaciones de deuda se han extendido. Sin embargo, engordar aún más los saldos negativos de las arcas públicas amenaza con agravar aún más la ya difícil situación en la que se encuentran algunas de las administraciones autonómicas de nuestro país.
1.290.000 millones
El ranking de endeudamiento de las comunidades autónomas revela que existen tres bloques diferenciados de solvencia económica. A las regiones con menor lastre de deuda ya citadas se suma Navarra, con un 18% de deuda respecto a su PIB. Un segundo bloque de Comunidades Autónomas lo integran las que soportan un mayor porcentaje de deuda pública, superior al 30% de su PIB.
Además de Valencia, en este bloque figuran Castilla La Mancha, con un 38,7%, Cataluña, con un 35,9%, y Murcia con una deuda equivalente al 29,4% de su PIB. El resto de regiones oscilan con unos niveles de endeudamiento público entre el 29,4% de las Islas Baleares y el 19,6% de Galicia.
En términos globales, en España la deuda del conjunto de Administraciones suma ya 1.290.000 millones de euros, lo que representa el 98,9% del PIB. Representa un crecimiento del 5,4% respecto a las cifras anteriores al inicio de la pandemia, a finales del primer trimestre de este año. En el caso del conjunto de Comunidades Autónomas el incremento en ese periodo ha sido del 2,5%.
En términos absolutos Cataluña es la que soporta una mayor deuda para hacer frente a la crisis. A finales del segundo trimestre de este año acumulaba 80.015 millones de euros. La Comunidad Valenciana rozaba los 50.000 millones de euros. El tercer lugar lo ocupa Madrid, con 35.643 millones. Andalucía soporta una cantidad similar, 35.483 millones. A partir de ahí, cinco comunidades autónomas -Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, País vasco y Murcia- aparecen con niveles de deuda pública de entre los 10.000 y los 15.000 millones. En la siguiente franja se sitúan el resto de Gobiernos autonómicos, con La Rioja con 1.690 millones cerrando la lista.
El 'caso vasco'
El caso vasco es uno de los más llamativos. Además de regirse por un régimen diferenciado al común, el régimen foral, el País Vasco afronta la recuperación de la crisis con uno de los niveles de endeudamiento públicos más bajos. A ello suma el acuerdo logrado esta semana en el seno de la Comisión Mixta del Concierto en el que ambas administraciones acordaron que por primera vez las tres diputaciones forales tendrán su propio objetivo de déficit, que será del 0,9% del PIB para este año y del 0,8% para el próximo. A esta capacidad de deuda se sumará la que se autoriza al Gobierno de Iñigo Urkullu que representará el 2,6% del PIB vasco en 2020 y del 2,2% el próximo.
Estos porcentajes permitirán en los dos próximos años, los que el propio lehendakari ha reconocido que serán los más complicados y los fundamentales para la recuperación, de una capacidad total de déficit del Ejecutivo autonómico y el foral de algo más de 4.500 millones de euros. Una cantidad con la que se confía en poder compensar la caída de la recaudación que se prevé por parte de las hacienda forales y que sólo para este año se estima que podría rondar el 17 o 18% respecto al año pasado. Urkullu ya ha anunciado un plan de algo más de 13.000 millones de euros para los próximos cuatro años en políticas de impulso a las empresas y a la creación de empleo.
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