Entre 2010 y 2020 los ministerios han perdido a 24.000 empleados públicos. Si en 2010 había 118.532 trabajadores en estos, en 2020 hay 94.410. La reducción del número de trabajadores públicos en un 25% contrasta con la del número de carteras. A partir de octubre de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluía 15 carteras, mientras que el Ejecutivo actual, liderado por Pedro Sánchez, cuenta con 22.

Los datos corresponden al Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Si se observan los recogidos por UGT y se añaden a los ministerios los organismos autónomos, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de funcionarios ascendía en 2010 a 133.776; en 2020 hay 99.177, la reducción es del 25%.

Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de UGT, explica que aunque se haya multiplicado el número de ministerios, “los empleados públicos siguen siendo los mismos, se adscriban a un departamento o a otro”. En este sentido, justifica que se haya reducido el número de empleados porque no se han cubierto las tasas de reposición. “Entre 2010 y 2015 no entró nadie, desde 2016 ha ido entrando gente, pero no se ha alcanzado el 100%” del personal que se ha ido jubilando, describe Álvarez.

No es la primera vez que los sindicatos critican el envejecimiento de las plantillas de la administración pública. De hecho, Álvarez advierte que en la próxima década se jubilará la mitad del personal. Según los datos del informe La disminución del empleo público en AGE en las últimas décadas, el 65% de los trabajadores públicos de los ministerios y los organismos autónomos son mayores de 50 años.

Déficit general

La falta de personal en las administraciones públicas no es solo un problema de los ministerios. De hecho, según el mismo informe, si se incluyen Seguridad Social, Agencia Tributaria, Docencia no universitaria, Agencias estatales y Patrimonio Nacional, hay 43.477 empleados públicos menos que hace una década. Únicamente las instituciones sanitarias, de defensa y los centros penitenciarios han sumado trabajadores en diez años.

A nivel general, España contaba con 2,6 millones de funcionarios hace una década. Ahora, los efectivos de la administración pública son 100.916 menos.

Además, aunque en 2018 y 2019 se ofertaron plazas públicas, lo cierto es que sólo se han incorporado 600 personas. Según UGT, hay unas 3.500 personas que han aprobado procesos de oposición y todavía están esperando que se les incorpore. El secretario de Administración General del Estado del sindicato subraya que la oferta de empleo de 2018 “se aprobó en julio de ese año” y la de 2019 “se publicó el 27 de febrero de 2019”, por lo que considera que ha habido “tiempo suficiente para que se hubieran desarrollado íntegramente las dos”.

“El retraso en las convocatorias o una vez superados los procesos selectivos y la demora en realizar los nombramientos ralentizan la incorporación de las nuevas empleadas y empleados públicos, cuando desde Función Pública se nos aseguró que iban a adoptar las medidas necesarias para agilizar los procesos”, advierte el documento del sindicato.

Seguridad Social

El informe pone de relieve la situación de la Seguridad Social donde se ha perdido al 20% de la plantilla en una década. Se trata de una situación que ya denunciaron otros sindicatos cuando se aprobó la creación del ingreso mínimo vital. Desde 2010, la Seguridad Social cuenta con 6.553 empleados menos.

Cabe destacar que tanto la Seguridad Social como el SEPE han contratado a interinos para paliar el déficit de personal encargado de tramitar, por una parte el ingreso mínimo vital y por otra, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Con todo, los sindicatos consideran que se debería planificar mejor la necesidad de empleados públicos y no cubrir las jubilaciones con contrataciones temporales.

UGT defiende que “ha propuesto también reiteradamente a Función Pública una planificación a largo plazo en el empleo público que permita una racionalización de los recursos”. En esta línea, el sindicato concluye que “dicha planificación debe ajustarse de manera previsora, a un coste razonable y en coordinación con los criterios de política económica, el personal disponible a las necesidades que en cada momento necesite la AGE”.