La Delegación del Gobierno en Cataluña no requirió información al Ayuntamiento de Fonollosa sobre la cesión de espacios municipales a Oriol Junqueras, para uso particular, porque esa cesión no estaba recogida en las actas del pleno del consistorio. Así lo ha argumentado la Delegación en una respuesta escrita a la diputada del PP Llanos de Luna -anterior delegada en Cataluña- tras hacerse público que el presidente de ERC estaba utilizando dependencias del consistorio para trabajar para la Universidad de Manresa. Un trabajo que le permitía abandonar la prisión de Lledoners en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario hasta que el Tribunal Supremo suspendió la aplicación de beneficios penitenciarios a los condenados por el 1-O.

Teresa Cunillera argumenta así que no tiene sentido indagar si esa cesión de espacios municipales estaba justificada y bajo qué criterios, como le reclamaba la diputada popular. De Luna apuntaba a una posible malversación de recursos públicos por el uso de esas dependencias para un uso privado.

"La Delegación no ha emprendido acciones al respecto" frente al Ayuntamiento "ni ha solicitado informe alguno al respecto a la Abogacía del Estado", señala la respuesta de Cunillera, tras señalar que en la revisión de las actas del citado ayuntamiento "no se ha detectado ningún acuerdo" sobre "la cesión de un despacho de una instalación municipal para uso" de Junqueras.

Una cesión que confirmó el propio alcalde, Eloi Hernández, en declaraciones a los medios. Hernández, también militante de ERC, aseguró en Nació Digital que Junqueras utilizaba dependencias municipales, aunque aclaró que "trabaja desde unas dependencias adyacentes, en el centro de mayores". Oriol Junqueras "no se esconde", añadió Hernández, "come en el restaurante del pueblo sin problemas, pero no lo habíamos hecho público para que pueda trabajar discretamente y sin problemas".

Tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el tercer grado y demás beneficios penitenciarios de los que disfrutaban los condenados por el 1-O, Junqueras ha dejado de salir del centro de Lledoners para trabajar. Además, al contrario que Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull y Jordi Turull, tampoco dispone de permisos ordinarios porque no ha cumplido la mitad de la condena.

Salidas tras el confinamiento

Antes de producirse esa decisión del Supremo, cuando el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus se relajó en los centros penitenciarios, todos los condenados por el 1-O reclamaron volver a las salidas para trabajar amparados en el artículo 100.2, aprobado por la juez de vigilancia penitenciaria.

La recuperación de las salidas, sin embargo, no fue posible en el caso de Junqueras, porque en su caso el permiso penitenciario para trabajar se concedió en base a un contrato con la Universidad de Manresa, cuyas instalaciones seguían cerradas por el coronavirus. En este contexto, se anunció una ampliación de su contrato para que el ex vicepresidente catalán trabajara en el archivo del Monasterio de Poblet.

Sin embargo, la Fundación Universitaria del Bages, de la que depende la Universidad de Manresa, empezó a pedir a las instituciones de la comarca en la que se encuentra en centro penitenciario de Lledoners -donde Junqueras y el resto de los condenados por el procés se encontraban recluidos- un espacio desde el que el líder de ERC pudiera trabajar.

Y la solución la ofreció el alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, también militante de Esquerra, que ofreció un espacio municipal, a 16 km del centro penitenciario. La Fundación Universitaria solicitó el correspondiente permiso a la juez de vigilancia penitenciaria, que autorizó las salidas.

Uso particular de estancias municipales

Lo que no aclaró Hernández es bajo que criterio se realiza esa cesión de espacios públicos para un uso particular, "máxime cuando se trata de un condenado por delitos como la sedición", apunta De Luna. "Es un uso particular que el Ayuntamiento no debe permitir, no es un destino de interés general".

El requerimiento de Llanos de Luna cuenta con varios precedentes en Cataluña de uso ilícito de recursos municipales, algunos de ellos recurridos por la propia diputada cuando ocupaba la Delegación del Gobierno. Es el caso de la denuncia contra Carles Puigdemont, cuando este ocupaba la alcaldía de Girona. Puigdemont aprovechó la infraestructura municipal para fletar dos trenes para la manifestación de la Diada de 2013. Una iniciativa que fue recurrida desde la Delegación y la justicia obligó a descartar.

Un año después, la justicia volvió a estimar una denuncia de la Delegación del Gobierno contra el Ayuntamiento de Vic, que obligó al consistorio a devolver las cuotas de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Recursos que posteriormente se han aceptado también contra las cuotas pagadas por otros consistorios como Girona, Reus o Sant Cugat del Vallés.