Un año después de la sentencia del procés siete de los nueve condenados a penas de cárcel por su participación en el proceso independentista cumplen sus penas condicionados por las restricciones del covid-19 y con el tercer grado suspendido por el Tribunal Supremo. En términos políticos, Junts y ERC mantienen su enfrentamiento soterrado con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, previstas para el 14 de febrero. Y la movilización exhibida hace un año, incluidos los violentos disturbios de Urquinaona, han dejado paso a un hartazgo sólo disimulado por las medidas de contención dictadas por la pandemia.

Meritxell Budó recibirá hoy la Asociación Catalana de Derechos Civiles, que agrupa básicamente a los familiares de los condenados por el 1-O, además de algunos de los huidos tras la declaración de independencia, como el ex conseller Toni Comin. Será la única conmemoración oficial del primer aniversario de la sentencia en un octubre repleto de efemérides, entre las que el Govern ha escogido esta semana el 80 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys.

Mañana jueves sí habrá duelo oficial en toda Cataluña, banderas a media hasta y un acto institucional en medio de la Plaza Sant Jaume, con discurso del ya ex president Quim Torra, que sigue amortizando su inhabilitación.

Sin indulto ni tercer grado

Pasados doce meses, el independentismo sigue señalando la "injusticia" de las penas de prisión de sus dirigentes, un discurso al que se han adaptado abiertamente los comunes, reclamando medidas para permitir su salida de prisión, y más veladamente el PSC. Pero los condenados por el 1-O han visto como la acción de la Fiscalía frenaba su salida en tercer grado, aprobada por Instituciones Penitenciarias de la Generalitat este mes de julio y suspendida, tras recurso del ministerio público, semanas después. También se han suspendido los permisos de trabajo al amparo del artículo 100.2, que les permitieron abandonar la prisión de Lledoners a partir de febrero. Y la vía del indulto, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba hace una semana a bombo y platillo, apenas ha iniciado su trámite.

Una situación de la que el independentismo acusa directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que señalan como responsable de la Fiscalía y recriminan su poco interés en la situación de los condenados mientras intentaba llegar a acuerdos con Cs para conseguir una mayoría alternativa a los independentistas en el Congreso. Contexto que ha servido para poner reiteradas trabas a los intentos de reunir la mesa de diálogo pactada por PSOE y ERC.

"Seguimos sin novedades" apuntaba este martes Budó sobre la próxima convocatoria de la Mesa. La dirigente de Junts dejaba claro, sin embargo, que el independentismo sigue firme en sus exigencias: "la posición del Govern no ha cambiado, cuando recibamos un orden del día que incluya el derecho al ejercicio de la autodeterminación y una ley de amnistía nosotros estaremos ahí".

Superar el 50%

Mientras, la nueva batalla electoral en ciernes ha desempolvado el argumento del plebiscito para demostrar que el independentismo es mayoritario. Y Junts ha arrinconado ya el discurso de los presos para enarbolar una nueva bandera: superar el 50% de los votos para volver a reclamar un referéndum de independencia.

Una bandera asumida también por ERC, con la que el independentismo oculta de nuevo su divergencia estratégica y el enfrentamiento político entre republicanos y neoconvergentes, conscientes de que se necesitarán para gobernar juntos tras las elecciones.

La principal preocupación del independentismo, hoy por hoy, no son los presos sino contarse. Y no contar el total de apoyos, sino quien se hace con el liderazgo del movimiento: ERC con su discurso aparentemente posibilista o la "confrontación inteligente" ordenada por Carles Puigdemont desde Waterloo. El Tribunal Supremo no dejará de ser blanco de sus ataques, pero ha dejado de ser la diana principal. El Gobierno y las elecciones han sustituido a la justicia en los intereses del independentismo, un año después de la sentencia.